Uno de los ejercicios periodísticos mas eficaces consiste en ponerse en la mente del marciano llamado Alex, al que busca ahora la sonda Curiosity en su planeta, y hacer que curiosee las extrañas costumbres terráqueas, como la de dejarse explotar por los políticos.
Alex le preguntaría a los españoles, por ejemplo, por qué mantienen un desastre que los empobrece: los ilógicos 17 parlamentos autonómicos.
España es una nación pequeña. Con 505.370 kilómetros cuadrados, es menor que Texas, en EE.UU., que tiene 696.241.
Ocupa el puesto 52 en superficie de los 251 países del mundo, por detrás de Tailandia y e inmediatamente delante de Turkmenistán, y tiene 47 millones de habitantes, 28 veces menos que la China continental.
Cada uno de sus 17 territorios autónomos, creados antes de la adhesión a la UE, tiene un parlamento, con un total de 1.256 políticos que producen leyes para sus miniterritorios.
El marciano Alex sabe que la UE elabora desde Bruselas leyes para los ciudadanos de sus 27 Estados, más prolijas para los 17 de la unión monetaria.
Los Estados están maniatados y poco pueden hacer fuera de ir homologando las legislaciones mercantil, penal, civil, laboral o de régimen local de los socios.
Esta Europa supranacional no necesita a los 1.268 parlamentarios autonómicos, que sólo impiden su desarrollo económico, incluso social.
Porque, dice Alex, hacen como el diablo de su planeta, que como se aburre mata moscas con el rabo.
Sí: cobran por menear el rabo redactando leyes locales contradictorias con las de Bruselas y del Gobierno central, que hacen inútiles los ascensores, autobuses, u horarios comerciales de una Comunidad a otra.
Sobran casi todos los diputados, sus rabonas y sus Parlamentos, que hacen de España un país no competitivo e indeseable para los inversores.
Lo dice Bruselas desde hace algunos años, pero ni Rajoy ni el exgobernante PSOE se atreven a aplicar el sentido común.
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SALAS