Las versiones de que la Comisión Nacional de Valores podría intervenir el grupo Clarín y el proyecto de ley que habilita la expropiación de Papel Prensa animaron a Macri a dictar un decreto de necesidad y urgencia que deroga la Ley de Medios en el ámbito de la Ciudad –la residencia de la mayoría de los capitales del negocio audiovisual. La vigencia del decreto debería ser confirmada por la Legislatura antes de que venza el mes corrido. La medida se apoya en el artículo de la Constitución que niega al Congreso el ejercicio de la jurisdicción federal sobre la prensa. El decreto blinda a los grupos capitalistas de los medios contra cualquier acción posible del gobierno nacional. Los excluye del ámbito de la ley audiovisual y de las decisiones regulatorias de las autoridades del Mercado de Valores, e incluso de atenerse a la ley de competencia. El gobierno porteño llama a sus colegas de las provincias a hacer lo mismo, lo que alargaría el ámbito geográfico de un nuevo choque de poderes del Estado. Recordemos que todos los que hoy se acuerdan de la autonomía de la Ciudad sobre asuntos de prensa, la negaron cuando los legisladores del Partido Obrero la reclamaron para establecer un salario mínimo superior al que establece la legislación nacional.
Los todoterreno del oficialismo se apuraron en tachar al decreto de mamarracho, pero lo cierto es que suma a los tres poderes de la Ciudad a la disputa por los medios de comunicación. Calienta el conflicto entre los K y las ‘corpos’ adversarias y con ello apura la intervención de la Corte.
El decreto macrista, a todos los fines prácticos, reglamenta el ejercicio de la libertad de prensa; es una nueva Ley de Medios. El núcleo del decreto se encuentra en el artículo 6, que bajo un lenguaje liberal acomete un designio fascista, porque autoriza la censura judicial a la prensa y rechaza los recursos cautelares o de amparo contra esta censura. En la enumeración de prohibiciones a la expresión de la prensa figura el “odio ideológico”, algo suficiente para censurar cualquier texto marxista, y “la propaganda discriminatoria contra cualquier grupo de personas” – por ejemplo la burguesía, los estafadores capitalistas y así de seguido. La interpretación de los contenidos de la propaganda es siempre arbitraria, en especial si la desarrolla el poder político.
El artículo 11, con una redacción sibilina, prohíbe en forma absoluta el derecho de huelga y el piquete de huelga cuando dice que “No podrá ser suspendida, interrumpida, demorada ni dificultada la actividad profesional de los periodistas, productores y editores (…) ni los medios de comunicación”.
El enredo fascistizante de este decreto que pretende proteger la libertad de prensa, se añade al callejón sin salida en que va ingresando la crisis política.
Jorge Altamira, candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda.