EL déficit tarifario y el coste de la energía eléctrica

Los problemas existentes en España a causa del elevado coste de la energía eléctrica propiciados por el ya famoso déficit tarifario llevan camino de convertir a una parte importante de españoles en ciudadanos de segunda al no poder hacer frente a los pagos, cada vez más elevados, del recibo de la luz. La energía eléctrica no ha parado de subir desde que el gobierno de Aznar comenzó con la privatización del sector y se creó el conocido déficit de tarifa, que pretendía compensar a las compañías eléctricas por la diferencia existente entre el coste de producción de la electricidad y su precio de venta pues, según nos dicen, producirla cuesta más de lo que se saca vendiéndola, aunque yo no conozco ninguna empresa que se dedique a un negocio en el que su producción sea más cara que sus beneficios, en fin.

Haciendo un gran esfuerzo, vamos a creer que esto es así. El déficit de tarifa no ha dejado de crecer año tras año, especialmente desde 2005. Para entender cómo se llega hasta los 26.000 millones (o más de 30.000 millones, según algunas fuentes) que dicen que debemos hoy los consumidores españoles a las eléctricas hay que remontarse primero a 1997, en los años del gobierno de José María Aznar. Es entonces cuando se acuerda la Ley 54/1997, que establece las bases del sistema eléctrico actual. Rodrigo Rato, entonces ministro de Economía, dio luz verde a una medida coyuntural que finalmente se ha convertido en  estructural. Rato estableció entonces una regla según la cual la tarifa eléctrica nunca puede subir más que el IPC. Electoralista o no, muchos expertos lo califican de la “regla trampa” que ha desencadenado el ingente déficit de tarifa actual. ¿Qué sucede si los costes eléctricos superan el IPC? Esa es la clave. La deuda de la energía eléctrica empezó a acumularse, especialmente a partir de 2005, con el PSOE en el poder. Fue entonces cuando el barril de petróleo pasó de 30 a 90 dólares. La luz subía un 2%, como el IPC, pero el coste de generación de la electricidad había subido un 300%, ahí empezó todo. Ningún Gobierno ha logrado solventar el problema con éxito por el momento.

Así pues podemos deducir que no es verdad que producir la energía cuesta más que venderla, sino que fue el tope puesto por el gobierno el que ha generado una deuda que lastra desde hace años los precios de la luz y que el gobierno pretende pagar subiendo y añadiendo cada vez más impuestos a nuestro recibo. Si a esto sumamos que el precio de la luz se fija en subastas trimestrales (que el ministro Soria quiere convertir en mensuales) en las que los productores de energía eléctrica y los que pujan por el precio son los mismos, pues tenemos una estafa de las gordas.

Para entenderlo, si yo tengo una empresa hidroeléctrica y la energía producida se la vendo a otra empresa que se encarga de distribuirla a los hogares y resulta que también es de mi propiedad, en la subasta me estoy comprando la electricidad a mí mismo, con lo que pondría fijar el precio que me diera la gana, lo cual supone una violación de las leyes de libre mercado y competencia.

Como siempre, los grandes perjudicados de todo esto son los consumidores. Alrededor del 60 % de lo que pagamos en el recibo de la luz son impuestos (20,1 %) y los denominados peajes de acceso. El ministro Soria anunció que elevará estos peajes sobre un 2 % a comienzos de 2014, por lo que la luz será aún más cara. Anteriormente había dicho que los iba a congelar, pero claro, confiar en la palabra de estos atracadores es ya ciencia ficción. En dichos peajes están las primas para el fomento de las energías renovables (21,8%), el transporte (3,7 %) y distribución (12,8 %) de la energía, además de un pack que suma un 3,7 % de la parte regulada en la que está el peaje especial para las grandes empresas, la moratoria nuclear, los costes extraordinarios para las islas, Ceuta y Melilla y, por último, el déficit de tarifa. El otro 35-40 % es el precio de la energía eléctrica, el denominado tramo liberalizado, y se decide mediante la ya mencionada subasta trimestral, que también incrementará el precio del recibo, aunque no ese 11 % resultante de la última, anulada por la comisión de competencia.

Sea como sea, la luz sube y los consumidores a tragar. Debido a las enormes dificultades de los ciudadanos a los que la crisis ha golpeado con más dureza, se propuso hace poco por parte de algunos partidos de la oposición, una medida para que no se cortara el suministro de luz a las familias que no pudieran pagar en los meses de invierno, como existe e otros países de Europa, pero este gobierno de talibanes lo ha rechazado sin pestañear, no vaya a ser que luego las eléctricas no los contraten como consejeros.

Como el déficit tarifario va a seguir subiendo, ya que el IPC se dispara año tras año, los impuestos y peajes también subirán. Y como el precio de la luz se incrementará en cada subasta, ya que lo fija los mismos que la compran, la única solución al problema sería declarar la luz eléctrica de consumo en los hogares como un bien necesario para vivir dignamente y, si hiciera falta para garantizarlo, nacionalizar la energía eléctrica. Pero, claro, a ver qué gobierno es el que se atreve.

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