Por supuesto que hay un estigma social a la hora de sacar a la luz el maltrato a un hombre en el ámbito doméstico. Y que aún vivimos en una sociedad donde se presupone que el rol de varón implica fortaleza y autosuficiencia. A ello se une un problema añadido: la falta de credibilidad y la vergüenza a la hora de denunciar determinadas situaciones. Todo ello, sin cuestionar el drama de que el maltrato femenino es abrumadoramente superior al masculino.
Todo apunta a que Felipe Hernández, el comerciante que murió hace días en Molina de Segura tras la supuesta agresión de sus hijos, era un hombre maltratado. Su pareja ha contado que sufrió abuso físico y psicológico por parte de la que fue su mujer desde casi el primer día en que empezaron a convivir. Y que sus cuatro hijos se criaron en ese ambiente, interiorizando lo que vivían como algo normal. Dicen los especialistas en psicología que, en los casos de personas controladoras, hacerse la víctima es una forma de control, algo que a menudo incluye convertir al niño en un chivo expiatorio.
Según el Instituto Nacional de Estadística, un 10 % de los hombres en nuestro país reconoce haber experimentado algún tipo de maltrato por su pareja o sus hijos. Sin embargo, apenas el 20 % de estos lo denuncia y un 15 % obtiene una sentencia favorable. Los expertos recomiendan buscar apoyo especializado y que se documente el maltrato con fecha, hora, descripción y, si hubiera lugar, parte médico de lesiones.
Al parecer, a Felipe Hernández no solo lo pudieron maltratar física y psicológicamente. Quizá también económicamente. Este es otro factor a tener en cuenta. Perdió, al separarse, prácticamente todos sus bienes porque los había puesto a nombre de su esposa y sus cuatro hijos. Un piso, un terreno e incluso el establecimiento textil, fundado por su padre en 1948, que regentaba en la calle Mayor de Molina de Segura y en el que pensaba jubilarse en 2026. Aunque nunca llegó a formalizar el divorcio, su mujer e hijos figuran como titulares. Sin embargo, unas plazas de garaje en un edificio cercano, que habría heredado de su madre, no entraron en el lote. Felipe las alquilaba y gestionaba ese dinero. Eso es lo que, presuntamente, le reclamaban. Y lo que pudo desencadenar la discusión que acabó en una supuesta agresión que desembocó en su muerte.
La vigente Ley de Violencia de Género, elaborada para combatir el maltrato hacia las mujeres por parte de los hombres, presenta profundas lagunas en caso inverso. Felipe Hernández presentó hasta una decena de denuncias contra sus hijos por acoso y agresiones, pero ninguna prosperó. Incluso pidió que se aplicaran medidas de alejamiento respecto a estos. Desde el Tribunal Superior de Justicia reconocen que hubo una denuncia ante la Policía, cuando dos de sus hijos le sustrajeron un teléfono móvil en junio pasado, pero que “el procedimiento por delito patrimonial se encontraba en tramitación”.
Hay quien, conociéndolo, asegura que a Felipe Hernández lo echaron de su casa en 2012 y que lo despojaron de casi todo. Y que buscó amparo en la vivienda de su madre, como tantos otros hombres en circunstancias similares. Hace ocho años conoció a Toñi, la que sería su pareja sentimental hasta el 19 de julio, día en el que falleció. Ambos se conocieron cuando ella contactó con él para alquilarle una de las plazas de garaje que, posiblemente, generaron la trágica disputa con los hijos. Toñi dice que no descansará hasta que se haga justicia con el hombre con el que pensaba formalizar su relación. Para ello cuenta con el asesoramiento del letrado aguileño Eduardo Muñoz Simó, uno de los más avezados penalistas. A buen seguro que no les resultará fácil. Ella ha pedido una orden de alejamiento de los hijos de Felipe, a los que teme, pero la jueza aún no se ha pronunciado. Ya dijo alguien que nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía.