La Gaceta Jurídica / Alan E. Vargas Lima00:00 / 16 de abril de 2013
Llegó el Día del Niño y Niña en Bolivia y, con él, la necesidad de repensar la situación de los(las) niños(as) del país, con las facetas, avances y retrocesos que ello implica, además de las situaciones críticas que muchos de ellos(ellas) enfrentan desde su corta edad y que quedan pendientes por atender lo que es de vital importancia para una protección efectiva de este sector de nuestra población, que no por su minoridad deja de ser importante y no por su larga vitalidad puede ser sólo calificado como “el futuro” de Bolivia, cuando es su presente el que reclama atención inmediata y urgente, sin más demora.
El panorama se torna más lacerante cuando, a pesar del tiempo transcurrido, continuamos viendo en las calles niños y niñas que (por razones inexplicables del destino que los ha situado en la orfandad) injustamente deben afrontar la vida haciendo una y mil peripecias para sobrevivir, esperando recibir una limosna en razón de la situación de extrema pobreza, marginación y exclusión social a que se encuentran casi condenados por falta de recursos suficientes que les permitan acceder a una alimentación sana (y diaria), vivienda digna (y accesible), educación mínima y familia completa.
En este sentido, se calcula que unos 4.000 niños, niñas y adolescentes en Bolivia viven en las calles de La Paz, El Alto, Santa Cruz, Cochabamba, Tarija y Sucre. Además, éstos son vulnerables al deterioro de su desarrollo físico y psicosocial y al consumo de drogas y alcohol ligado a la prostitución y comportamiento violento.
Otra es la difícil situación de aquellos niños trabajadores “por decisión”, que deambulan a diario en las calles, en los mercados y ferias populares sólo para tener un ingreso económico que les ayude a subsistir, sea como lustra calzados, vendedores de golosinas y cigarrillos, limpiadores de vidrios, voceadores, ayudantes de limpieza en los cementerios o animadores en las calles.
Asimismo, es importante considerar que, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el mundo existen aproximadamente 246 millones de niños, niñas y adolescentes trabajadores entre 5 y 17 años, de los cuales el 16 por ciento se encuentra en América Latina y el Caribe. Al respecto, es importante apuntar que, a nivel internacional, la OIT ha aprobado el Convenio Nº 138 sobre Edad Mínima de admisión al Empleo (1973) y el Convenio Nº 182 sobre Peores Formas de Trabajo Infantil (1999), además del texto de la Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y su seguimiento (1999).
En Bolivia, los datos con respecto a la cantidad de Niños y Adolescentes Trabajadores (NATs) aún son imprecisos y, lo que es más preocupante, no existen políticas públicas para garantizar y proteger la actividad laboral que realizan. Según el Código del Niño, Niña y Adolescente, se reconoce el trabajo de los adolescentes de 14 años de edad, que es la edad límite para iniciar cualquier actividad laboral; sin embargo, la realidad nos muestra que hay niños y niñas que comienzan a trabajar a los siete años de edad y, en casos, desde los cinco años sin ninguna intervención de las autoridades para revertir su situación, pese a que la misma ley considera que un niño, niña o adolescente es víctima de maltrato cuando “se lo emplee en trabajos prohibidos o contrarios a su dignidad o que pongan en peligro su vida o salud”.
A propósito de la situación de los niños(as) trabajadores(as) en Bolivia, la actual Constitución Política del Estado tiene la virtud de haber insertado una lista inmensa de derechos para muchos de los sectores sociales que conforman el país, incluidos los niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, el artículo 58 establece que las niñas, niños y adolescentes “son titulares de los derechos reconocidos en la Constitución, con los límites establecidos en ésta, y de los derechos específicos inherentes a su proceso de desarrollo; a su identidad étnica, sociocultural, de género y generacional; y a la satisfacción de sus necesidades, intereses y aspiraciones”, lo cual debe dejar de considerarse un simple postulado y convertirse en parte de nuestra realidad cotidiana, para lo cual se requiere el concurso de todos(as) nosotros(as).
Por otro lado, debe dejarse en claro que si bien la Constitución boliviana establece que son fines y funciones esenciales del Estado “garantizar el acceso de las personas a la educación, a la salud y al trabajo”, ello en ninguna forma significa reconocer la “actividad laboral” de los menores (al menos no expresamente), porque la tendencia actual de los países latinoamericanos es aplicar las recomendaciones de los organismos internacionales de protección de los(las) niños(as), en el sentido de eliminar definitivamente toda forma de trabajo infantil que suponga –implícita o explícitamente– explotación laboral, considerando la situación de subordinación y vulnerabilidad en que se encuentran los menores de edad frente a las personas inescrupulosas que los utilizan para fines ilícitos. Es por eso que el artículo 61 constitucional establece en forma indubitable la prohibición de toda forma de “trabajo forzado y la explotación infantil”.
Asimismo, y reemplazando de alguna forma esas formas tan degradantes de “utilización” de los niños (que van en detrimento de su dignidad humana), la Constitución boliviana prevé expresamente que todas las actividades que realicen las niñas, niños y adolescentes en el marco familiar y social “estarán orientadas a su formación integral como ciudadanas y ciudadanos, y tendrán una función formativa”, atendiendo a su formación integral como personas, y no como “objetos rentables”. A este efecto, se ha dejado establecido que los derechos, garantías y mecanismos institucionales de protección de los menores deben ser objeto de regulación especial, lo que, lamentablemente, aún falta desarrollar.
Sin embargo, y aunque duela admitirlo, en Bolivia el trabajo infantil es nomás una realidad que, hasta el presente, tristemente ha sido muy difícil de afrontar por parte del Estado y sus instituciones, pese a que por mandato constitucional “es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente…”
En definitiva, ante la problemática permanente de la falta de atención a las necesidades de la minoridad, se requiere de una intervención directa y efectiva por parte del Estado Plurinacional y sus instituciones de protección al menor, para contrarrestar las graves consecuencias que acarrea la situación crítica en que se debaten muchos niños y niñas que viven en las calles de Bolivia, y que cada día deben luchar por sobrevivir.
El autor es Abogado, responsable del blog jurídico Tren Fugitivo Boliviano.
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Niños trabajadores “por decisión”
Por Fabiola Chambi - Los Tiempos - 12/04/2013
COCHABAMBA |
"Está bien trabajar, no tengo miedo, vergüenza, nada de eso", es la respuesta de Juan Carlos, un niño de 12 años que ayuda con su carretilla en la feria de la avenida América de la ciudad, para tener un ingreso económico. Su historia es una de muchas que reflejan realidades difíciles de entender; pero concreta respecto a las necesidades que los llevan a hacerlo dejando atrás un pensamiento, casi siempre generalizado, de compasión.
Como lustra calzados, vendedores de golosinas y cigarrillos, limpiadores de vidrios, voceadores, ayudantes en supermercados, recicladores, limpieza en los cementerios o simplemente animadores en las calles; hay niños y niñas que buscan recursos por necesidad y no por obligación "directa" de sus familiares, porque nace de ellos ayudar.
"Mi papá es albañil y mi mamá está en el hospital, no puede caminar, necesitamos harta plata, se me ha ocurrido trabajar para ayudar a mi mamá porque no alcanzaba el dinero en mi familia", cuenta Juan Carlos.
En Bolivia, según explica el abogado constitucionalista, Alan Vargas, la Constitución, en ninguna forma reconoce la "actividad laboral" de los menores (al menos no expresamente), porque la tendencia actual es aplicar las recomendaciones internacionales de eliminar toda forma de trabajo infantil que suponga explotación laboral (por la especial situación de vulnerabilidad de los menores) y es por eso, que ingresa directamente a establecer que "Se prohíbe el trabajo forzado y la explotación infantil"; sin embargo, en el país, "el trabajo infantil es nomás una realidad muy difícil de afrontar por parte del Estado", explica.
En Cochabamba, hay dos movimientos que representan a este sector: la Unión de Niños y Niñas Trabajadores de Bolivia (Unatsbo) y la Organización de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores de Cochabamba (Onatsco). El primero, con aproximadamente 700 integrantes, y el otro, con 1200 miembros sólo en Cercado, aunque también se encuentran en los municipios de Cliza y Sacaba.
Cristóbal Gonzales, coordinador general de la ONG, Ave se refiere a este tema y a los obstáculos con los que se atraviesa. "Nuestro Gobierno ha olvidado la realidad de estos niños, si bien están pendientes en el discurso no trasciende porque no existen políticas públicas que los atiendan o los protejan, nuestra legislación todavía no incorpora lo que la nueva constitución está definiendo", asegura.
Sin embargo, también están las niñas, niños y adolescentes trabajadores (NATs) que no pertenecen a una asociación y que bajo la justificación de "necesidad", trabajan sin protección y enfrentados a muchos riesgos, dispersos en diferentes espacios, invisibles para algunos, visibles para otros; un contexto que se extiende más allá de lo escrito en las leyes.
Uno de estos casos es el de Luis (nombre ficticio), un niño de 9 años que todas la noches desde las 18.00 a las 21.00 se viste como robot con cajas de cartón que él mismo adapta, y despliega su carisma en medio de los automóviles que pasan por las avenidas Melchor Pérez y D'Orbigny.
"Mis amigos no saben que trabajo y se pueden burlar, pero yo trabajo para mí porque quiero ganarme mi dinero, para mis útiles, para las cosas que necesito", relata tímidamente ante la desconfianza que implica hablar con un extraño.
El año 2011, La Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) elaboró la investigación "Niñas/niños y adolescentes trabajadores de la calle en Cochabamba", en base a una encuesta a 400 NATs en la ciudad. De acuerdo a este estudio, al 79,3 por ciento le gusta trabajar y al 20,7 por ciento no le gusta; el 5,3 por ciento está buscando un nuevo trabajo.
Hoy, se celebra en todo el país el Día del Niño, ocasión que se aprovechó para que la Ministra de Justicia, Cecilia Ayllón, presente el anteproyecto de ley que apruebe un nuevo Código Niña, Niño, Adolescente, que -según señalan- fue trabajado desde 2008, ante la dispersión de la actual norma a fin de garantizar los derechos de los menores estableciendo además la responsabilidad penal de la juventud.
Será remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su tratamiento correspondiente.
Ver a un niño trabajar en la calle puede generar muchas reacciones, pocas conocen el fondo de cada situación. Si bien es cierto que la explotación y el abuso infantil son noticias de todos los días, también es cierto que hay menores que asumen realidades difíciles y deciden actuar en ellas. Que deban o no trabajar los niños, siempre estará en debate; pero nunca debe ser negociable el reconocimiento y respeto de sus derechos.
Contexto
Según la Organización Internacional del Trabajo OIT, en el mundo existen 246 millones de niños, niñas y adolescentes trabajadores entre 5 y 17 años, de los cuáles el 16 por ciento se encuentran en América Latina y el Caribe. En Bolivia, los datos con respecto a la cantidad de NATs que trabajan son imprecisos.
Según Mirna Romero Aranda, responsable del tema de Niñez y Adolescencia dentro del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, esta información es un vacío y demuestra una debilidad de las autoridades. Por lo tanto, más impreciso aún es el contar con cifras confiables respecto a la cantidad de NATs en el departamento de Cochabamba.
El comercio es la actividad que mejor remunera a los niños, inclusive más que otras. Según revela el Diagnóstico de Trabajo Infantil en Bolivia, elaborado por el Centro de Estudios Superiores Universitario (CESU) de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), se conoce que los ingresos que generan los niños diariamente oscilan entre los 10 y los 90 bolivianos, pero mientras la mayoría de los varones ganan entre 30 a 50 bolivianos, la mayoría de las niñas gana entre 10 y 25 bolivianos. Trabajan entre dos y 14 horas cada día.
"Yo gano 30 bolivianos en un día cuando me va bien, invierto en mi escuela, mis hermanos y familia… para otros no es bueno trabajar, pero para mí, sí", comenta Ghiovana que con sólo 13 años, ya tienen una idea clara de lo que significa la vida y lo que quiere ser en el futuro. "Quiero ser diseñadora de modas", dice entre risas.
El estudio presenta algunos datos de la realidad cochabambina: "el mayor número de niñas, niños y adolescentes trabajadores, tanto hombres como mujeres, se encuentra en las edades comprendidas entre 14 y 17 años, seguido del grupo etáreo 10 a 13 años, por último, un número mínimo de niños y niñas tiene entre siete y nueve años".
Unos 4 mil niños, niñas y adolescentes viven en la calle, localizados en La Paz, El Alto, Santa Cruz, Cochabamba, Tarija y Sucre. Su situación y condiciones de vida permiten observar un alto nivel de deterioro de su desarrollo, tanto físico, como psico-social, cultural y económico, por lo que son altamente vulnerables al consumo de inhalantes o drogas y alcohol, muchas veces ligado a la prostitución y comportamiento social más violento.