En el Onze de Setembre de 2012, la organización ciudadana ANC organizó una multitudinaria manifestación en Barcelona bajo el lema “Catalunya, nou estat d’Europa”. A raíz de este clamor de una parte representativa de la ciudadanía catalana, en el Parlament de Catalunya se planteó la necesidad de celebrar un referéndum de autodeterminación para conocer la opinión de los catalanes. Varias votaciones evidenciaron la voluntad mayoritaria de los partidos representados en el Parlament de celebrar un referéndum y surgió el concepto del dret a decidir, como expresión del derecho de un pueblo a decidir sus propias formas de gobierno. Así, desde una parte del pueblo catalán surgió la necesidad de ser consultado sobre la autodeterminación, voluntad que recogió el Parlament y refrendó por mayoría. Remarco este punto para destacar que la consulta surge desde el pueblo catalán y no es una “locura de cuatro políticos”.
Finalmente, en diciembre de 2013 CiU, ERC, ICV-EUiA y CUP alcanzaron un acuerdo para formular una pregunta con dos apartados en el referéndum: «¿Quiere que Cataluña sea un Estado?» y «En caso afirmativo, ¿quiere que este Estado sea independiente?».
A medida que se acercaba la fecha señalada, las posiciones se endurecían cada vez más. Los favorables a la consulta afirmaban que no hay nada más democrático que el dret a decidir, es decir, votar. Y que si la Constitución no admitía la consulta eso significaba que la ley no estaba adaptada al pueblo al que debía regir y, por tanto, debía modificarse.
En cambio, los contrarios a la consulta, afirmaban que en caso de hacerse una consulta debían votar todos los españoles y que si la ley (Constitución) no la permitía es que no debía celebrarse.
Y ahí se paralizó el debate: ¿qué es más importante la voluntad del pueblo o la ley?
Las negociaciones políticas brillaron por su ausencia y se llegó al 9-N mediante resoluciones del Parlament de Catalunya y las consiguientes respuestas del Estado por vía judicial negando las resoluciones.
El 9-N tal y como se había planteado, como un referéndum democrático de todo el pueblo catalán fue prohibido por el Tribunal Constitucional, órgano que perdió así cualquier ápice de independencia respecto al poder ejecutivo representado por el gobierno del Partido Popular. Como consecuencia, se llegó a un proceso participativo ilegal, no constitucional y organizado por voluntarios en que votaron más de dos millones de catalanes. Para ser una farsa, no está nada mal, ¿no?
A pesar de la prohibición por el Tribunal Constitucional, se acabó celebrando la consulta. Mas ha salido como vencedor del envite pues a pesar de las prohibiciones y amenazas de acciones judiciales, consiguió que se celebrara. Mas no organizó la consulta, ni reclutó voluntarios, ni abrió los colegios electorales y al final del día, dio los resultados de la votación.
Muchos se preguntan: ¿por qué Rajoy no ha hecho más? Se encontraba en una difícil disyuntiva entre ver a los catalanes votando o a la policía requisando las urnas y ha optado por la dejación de funciones. El tiempo dirá si ha acertado o no aplicando su habitual estrategia pero de momento la consulta se ha celebrado y ahí queda la foto. Bueno, como afirma Jordi Évole, el PP ha hecho algo: una campaña para animar los catalanes a votar. A más prohibiciones, más votantes.
Aunque el proceso participativo se mantiene abierto hasta el 25 de noviembre, a día 9 se habían contabilizado un total de 2.305.290 votos. De los cuáles sale el siguiente desglose:
Si-si: 80.8%
si-no: 10,1%
No: 4.5%
Los dos últimos grupos legitiman la consulta pues desmienten que no solo votaron los independentistas.
De cara a unas futuras elecciones plebiscitarias, Mas ha salido como ganador al saber sortear las trampas que le planteaba el Estado y conseguir sus propósitos. Ya solo le falta conseguir separarse de Convergència, vista como el partido corrupto de Jordi Pujol, e impulsar su gran proyecto de Casa Gran para rivalizar con la pujante ERC de Junqueras.
Por el contrario, Rajoy que quería que no se celebrara, no consiguió su propósito. Y mantiene la vía judicial pues la fiscalía ya prepara una querella contra Mas y la vicepresidente Joana Ortega por desobediencia, por no acatar la resolución del Tribunal Constitucional, y de prevaricación.
Esperemos que ambos dejen las vías emprendidas hasta la fecha: Mas (resoluciones del Parlament) y Rajoy (vía judicial) y empiecen a negociar de una vez la vía política. Sino, el proceso aún se radicalizará más.
Una pregunta queda en el aire: ¿han alcanzado los independistas su techo electoral? Da la sensación de que si, al comparar los votos favorables con los resultados de ERC, CiU y CUP en anteriores elecciones. Pero yo no daría estas cifras por certeras pues la votación se daba por ganada, la acción del gobierno del PP en contra de Catalunya y que los favorables al no, no han acudido a votar. Al final y al cabo, tan solo era consulta…