El director del diario TalCual de Caracas, Teodoro Petkoff, acudió este lunes a la sede de la Fiscalía General de la República para solicitar se abra una investigación contra Diosdado Cabello, presidente de laAsamblea Nacional de Venezuela y número dos del chavismo gobernante, por un supuesta persecución de su persona y su medio de información. En un escrito presentado ante el ministerio público, Petkoff y sus representantes legales presumen que Cabello –también ex vicepresidente de la República y varias veces ministro de Hugo Chávez- podría haber incurrido en los delitos de forjamiento de documentos públicos, valimiento de funcionario y peculado de uso.Un juzgado de Caracas admitió hace casi dos semanas una demanda en la que Cabello acusa al diario de haber cometido “difamación agravada” contra su persona. Además de compensaciones pecuniarias, el jerarca oficialista pide penas de prisión para Petkoff, los integrantes de la Junta Directiva del diario, y para el autor de la nota en la que presuntamente se habría expuesto a Cabello al descrédito, Carlos Genatios, un ex ministro de Chávez y ahora disidente del bolivarianismo.Enviar vídeoMilitares patrullan las calles de algunas ciudades en Venezuela. / REUTERS LIVE!
La juez del caso también emitió medidas cautelares contra los acusados, que incluyen la prohibición de que salgan del país y una orden para que se presenten cada semana ante el tribunal, independiente de las diligencias propias del proceso.Lejos de arredrarse, Petkoff –ex ministro y editor, jefe guerrillero hace medio siglo, precursor desde Venezuela del llamado eurocomunismo a comienzos de los años 70- contraatacó. En el legajo presentado ante la Fiscalía, el veterano hombre público hace notar que Diosdado Cabello otorgó poderes a su representante legal, la abogada Ítala Hernández Torres, 23 días antes de que el rotativo publicara el artículo que afectaría la reputación del presidente del parlamento.La irregularidad parece respaldar la sospecha en estos días difundida desde TalCual, en el sentido de que la demanda sería parte de una emboscada preparada de antemano por el gobierno, que aprovecharía cualquier excusa para ello por nimia que fuera.Además, uno de los poderes otorgados a la abogada habría sido solicitado no por Cabello como persona natural, sino a nombre de la Dirección Ejecutiva de la Legislatura, lo que daría a entender que la acción legal no era emprendida por un individuo sino por un poder del Estado, precisamente, el que Cabello controla con mano de hierro.“Esta demanda es una cosa sin pies ni cabeza”, asegura Petkoff en una declaración grabada en video que fue distribuida a diversos medios. “Corresponde al contexto general de abuso de poder que en Venezuela enfrentamos desde hace 15 años. El régimen maneja la justicia a su antojo, la ha puesto a su servicio y la tiene precisamente así para lograr los objetivos de interés particular de algunos de sus funcionarios”.Ciertamente, luce poco probable que la Fiscalía, que encabeza Luisa Ortega Díaz –una reconocida seguidora del chavismo- llegue siquiera a atender la solicitud de que se investigue a uno de los integrantes de la dupla que, junto a Nicolás Maduro, lidera la revolución bolivariana tras la muerte del comandante Chávez.TalCual es un tabloide de limitada circulación pero de mucha influencia entre líderes de opinión. Fundado en el año 2000, ya ha sorteado con éxito otras acciones semijurídicas propiciadas por el gobierno, como cuando en 2007 tuvo que pagar 200.000 dólares de multa por una nota editorial que nombraba a la hija menor del entonces presidente Chávez.Sin embargo, esta embestida llega en un momento especialmente álgido en la ya larga confrontación entre la revolución venezolana y la prensa independiente.De acuerdo a datos del Sindicato Nacional de Prensa (SNTP), hasta el viernes pasado 107 periodistas habían sido agredidos o detenidos durante la cobertura de las protestas callejeras que sacuden a Venezuela desde el 12 de febrero. Este último periodo representa, a su vez, la cristalización física de un acoso que previamente se manifestaba mediante la restricción del acceso a divisas para la importación de papel periódico o la apertura de juicios hechos a la medida para amedrentar periodistas, entre otros mecanismos.Consultada sobre el caso de TalCual, la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), la colombiana Catalina Botero, hizo hincapié desde Washington en la irregular solicitud de pena de prisión para los directivos y colaborador del diario. “Resulta violatorio del derecho internacional el uso del derecho penal para encarcelar a una persona por haber hecho declaraciones sobre altas autoridades públicas”, dice la experta al responder a un cuestionario que este diario le hizo llegar por correo electrónico. “La criminalización de la disidencia es una conducta incompatible con una sociedad democrática”.Según Botero, desde instancias internacionales se observa con atención las circunstancias que en Venezuela atraviesa el ejercicio del periodismo. “La Relatoría Especial se ha pronunciado con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, manifestando su profunda preocupación por la situación en Venezuela. Hemos recibido información sobre ataques y agresiones físicas a los y las periodistas, practicas sistemáticas de hurto y destrucción del material periodístico, amenazas e intimidaciones a los medios de comunicación nacionales y extranjeros, cierre de canales de televisión como NTN 24, dificultades para acceder al papel periódico, en fin, una situación en extremo preocupante”.“A esto se suman”, continúa la Relatora de la OEA, “las denuncias penales y las restricciones a importantes periodistas, como Teodoro Petkoff, para salir del país. En ese sentido, hemos hecho un llamado a las autoridades venezolanas, pues en una sociedad democrática es indispensable que los periodistas puedan informar con libertad y que la población tenga acceso a una información plural, especialmente en relación con temas de interés público”.