Días después de incumplirse la fecha tope del fin del mundo, del sorteo del Gordo de Navidad y de que el Ejecutivo de Rajoy cumpliera un año de Gobierno con todas sus promesas incumplidas, la situación de España sigue siendo pésima. Cada día, durante el primer trimestre del 2012, se produjo una media de unas 517 familias despojadas de su vivienda. Y un aumento de desahucios, provocado por el impago de cuotas hipotecarias, que coincide con un alarmante crecimiento del número de suicidios. Eso significa que, cada día, más de 500 familias son arrojadas a la calle, mientras que los bancos se quedan con sus pisos “vacíos”. Que el Gobierno se reafirma en su apuesta por salvar a los bancos antes que a las familias sin techo, siempre las más débiles, golpeadas y desfavorecidas. Y que, en este país, los españoles, incapaces de superar la crisis, se ven echados a la calle al no poder pagar la hipoteca al banco (recordemos que hay 1.737.900 hogares en los que no entra ningún ingreso), mientras aumenta el número de desesperados, con un final desafortunado y trágico. Según datos proporcionados por la organización Stop Desahucios –integrada en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca–, el 34% de los suicidios en España estarían causado por desahucios, constituyendo la primera causa de muerte violenta, por delante de los accidentes de tráfico. Del año 2008 al 2012, se han producido medio millón de desahucios ejecutados por entidades bancarias, cajas de ahorro y por los responsables políticos de los últimos gobiernos del PSOE y del PP. Andalucía, Cataluña y el País Valenciano encabezan el ranking. El despojo de una propiedad por orden judicial, llamado técnicamente “lanzamiento”, ha sido la principal causa de desesperación. Desde la PAH y otras asociaciones que defienden a los afectados por las ejecuciones forzosas de desalojo, se han propuesto modificaciones legales que mitiguen la situación de desprotección. Entre ellas, la dación en pago, el alquiler social y el aumento del porcentaje de valoración del inmueble en caso de ejecución hipotecaria. Pero las cosas de palacio van despacio, si es que llegar a ir.
Tasa de suicidios en España (INE)
Veamos algunos de los suicidios consumados y conocidos gracias a la prensa:
1. Juan Álvarez M.P, de 45 años, se suicidó en Hospitalet de Llobregat, el 2 de noviembre de 2010. Iba a ser desalojado de la vivienda que había ocupado con su mujer y su hija menor de edad, cuando se ahorcó en plena calle, tras haber pedido al Ayuntamiento que retrasara la ejecución de la salida porque hacía “mucho frío para estar con la familia en la calle”.
2. El 7 de julio de 2012, Isabel, una minusválida malagueña de 56 años, se arrojó, desde el undécimo piso de su vivienda, a la calle. La prensa ocultó el suceso, pese a la aparatosidad de su muerte.
3. El 23 de octubre de 2012, un joven se suicidó en Las Palmas de Gran Canaria, arrojándose por uno de los puentes de Lomo Apolinario después de perder el trabajo y de ser desahuciado por parte del banco.
4. El 25 de octubre del 2012, José Miguel Domingo se ahorcó, en Granada, horas antes de ser desahuciado.
5. El 9 de noviembre del 2012, Amaia Egaña, de 53 años, de Barakaldo, se arrojó por la ventana de su vivienda, en un cuarto piso, cuando la comisión judicial/policial de lanzamiento iba a desahuciarla de su piso.
6. El 16 de noviembre del 2012, Ricardo G. M., de 50 años, de Cordoba, murió tras arrojarse desde la segunda planta de la vivienda de la que iba a ser desahuciado. La víctima no podía pagar el alquiler.
7. Un hombre de 59 años, de Santesteban (Navarra), se suicidó el 28 de noviembre pasado, antes de que se llevara a cabo el desahucio judicial de la vivienda en la que residía, por no poder pagar una deuda de alquiler de 4.200 euros por la que el Juzgado de Primera Instancia n. 4 de Pamplona habría decretado su desahucio.
8. Una mujer de 62 años, de Peñafiel, (Valladolid), terminó con su vida el 9 de diciembre de 2012, al arrojarse desde la vivienda de la que iba a ser desalojada por impago del alquiler.
9. Dolores García, malagueña de 52 años, se arrojó el 14 de diciembre pasado, desde el balcón de su apartamento, tres días después de recibir una orden de desahucio por impago de la hipoteca.
Prosiguen los suicidios ante desahucios domiciliarios.
Además de estos casos, conocidos por la prensa, pudieran existir otros, silenciados por distintas causas. Desde el año 2010, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha dejado de reflejar los datos de los suicidios en España. Pero, el suicidio constituye la primera causa de muerte violenta en España, por delante de los accidentes de tráfico. En el año 2011, las cifras de suicidios aumentaron a causa de la pobreza, el desempleo y los desahucios, superando, previsiblemente, los 3.145 registrados en el 2010. El drama ha sido un detonante, junto con las constantes protestas de diferentes asociaciones ciudadanas, y provocó, el 10 de noviembre pasado, por primera vez la reacción del Gobierno de Mariano Rajoy y del PSOE, partido de la oposición, cuando acordaron trabajar en un pacto sobre los desahucios. PAH dudó de la eficacia de esas medidas aunque celebró que por fin se hubieran tomado en serio el problema. Y, frente a aumento de suicidios, manifestaciones y numerosas quejas de sectores institucionales, algunas entidades bancarias, como Kutxabank, Caja Laboral o Banco Sabadell, decidieron parar o frenar los desahucios. Las patronales de bancos y cajas aseguraron que suspenderían los desalojos de las familias en situaciones límite hasta la entrada en vigor de la reforma normativa anunciada por el Gobierno.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca y Stop Desahucios organizan una marcha desde la barriada malagueña de Los Corazones al Centro para denunciar el genocidio bancario.
Victoria Mesa, una mujer malagueña de 52 años, fallecía el viernes, 14 de diciembre, en la barriada malagueña de Los Corazones, al arrojarse desde el balcón de su vivienda, una cuarta planta en el número 2 de la calle Río Guadiana, tres días después de recibir una orden de desahucio por impago de la hipoteca. La fallecida, que vivía con su madre, de 96 años, enferma de Alzheimer y postrada en la cama, se había mostrado en los últimos días “muy preocupada” ante el posible desalojo. Fuentes judiciales confirmaron que, en la oficina de notificaciones de lanzamientos hipotecarios, “no tenían constancia de ningún proceso de desahucio” inminente de la fallecida, que tampoco había solicitado ayuda alguna a instituciones públicas u organizaciones cívicas. Sin embargo, los vecinos coincidían en señalar que, desde hace años, “tenía pendiente una deuda de en torno a los 120.000 euros” por un negocio frustrado que había avalado con su casa, y que la presión por la suerte de su madre “había empezado a hacer mella en su estado psicológico”. Esta deuda desembocó en la ejecución hipotecaria del aval y en la orden de desahucio de la vivienda, que le fue notificada. Antes de arrojarse por el balcón a primera hora de la mañana, la mujer escribió cartas a algunos allegados y unas notas con indicaciones precisas sobre los cuidados que precisaba su madre, las medicinas que necesitaba y la ubicación de las mismas o incluso en qué residencia tenían que ingresarla.
El drama de los desahucios se ha cobrado varias vidas en los últimos meses. El primer caso del que se tuvo noticia se produjo en Granada en el mes de octubre, cuando un hombre de 53 años fue hallado ahorcado el mismo día que se iba a ejecutar su desahucio. El día siguiente, otro hombre de la misma edad y en circunstancias parecidas lo intentó en Valencia, arrojándose al vacío y resultando herido. Pero el caso más paradigmático, el que forzó finalmente un cambio en la legislación hipotecaria, fue el de Amaya Egaña, la mujer de 53 años que se quitó la vida en Barakaldo (Bizkaia) el 9 de noviembre, al tirarse por el balcón mientras subían por la escalera los funcionarios que iban a ejecutar el desalojo de su casa. En Santesteban, al norte de Navarra, el pasado 28 de noviembre, un hombre de 59 años se quitó la vida antes de que se llevara a cabo el desahucio judicial de la vivienda en la que residía. Debía 4.200 euros de alquiler. El 15 de diciembre, un hombre de 47 años con problemas económicos, se quitó la vida en el municipio malagueño de Ardales. El fallecido estaba casado y tenía dos hijos. Según fuentes municipales, llevaba bastante tiempo en paro y había conseguido que le concediesen la dación en pago de su vivienda, aunque aún no se había cerrado el proceso. Agobiado por los problemas económicos, finalmente, optó por ahorcarse, un suceso que tuvo lugar sobre las 17 horas del pasado sábado.
A mediados de noviembre pasado, el anuncio grandilocuente de que el PP y el PSOE se sentarían a negociar hasta lograr un acuerdo sobre los desahucios, fue una fallida solución para frenar los futuros suicidios de los desahuciados. Pero el Gobierno del PP se limitó a conceder dos años de plazo a familias con ingresos totales inferiores a 1.597 euros al mes y con hijos o discapacitados a su cargo. Y un trato preferente a víctimas de la violencia de género. Las propias previsiones económicas y laborales del Gobierno para los próximos dos años vaticinaban que, trascurrido ese plazo, el cerrajero del banco volvería a presentarse ante la puerta de las viviendas de los beneficiados para forzar la entrada y echarlos a la calle. El PSOE se desmarcó inmediatamente. “Es un parche que solo sirve para beneficiar a los mercados, ganadores una vez más”, se apresuró a decir la secretaria de Política Económica del PSOE, Inmaculada Rodríguez-Piñero. ”Si quieren detener los suicidios, que para mí son asesinatos –confesaba, en Cuartopoder, Tatiana Roeva, portavoz y psicóloga de la Plataforma Afectados por la Hipoteca, que asiste profesionalmente a gente que ha caído en esta situación– nuestros gobernantes tienen que dar verdaderas soluciones. Lo anunciado es reírse de nosotros. Después del suicidio de Amaia Egaña, parecía que estaban dispuestos a arreglar el mundo. Pero yo no esperaba otra cosa que lo anunciado. Es, sencillamente, ampliar un poco el Código De Guindos. Pero se pueden beneficiar muy pocos. Estas nuevas medidas del gobierno solo van a lograr prolongar dos años el sufrimiento de la gente. No es una solución real. Es una tomadura de pelo. ¿Por qué no se aprueba la dación en pago?”.
La portavoz parlamentaria del PSOE, Soraya Rodríguez, subraya que su partido rechazó el decreto de desahucios en el Pleno del Congreso porque se trataba de una medida “cosmética” que suponía una “moratoria” para el Gobierno y no recogía ninguno de los asuntos que se discutieron entre el Ejecutivo y el primer partido de la oposición para abordar este drama social”. Partidos políticos y asociaciones consideran un “parche” las medidas del Gobierno sobre desahucios. Rubén Sánchez, portavoz de Facua-Consumidores en Acción, califica el real decreto de “auténtica pantomima”, una norma que está “llena de criterios arbitrarios” y que “llega al extremo del cinismo”. Sánchez lamenta que el Gobierno “se dedica solo a salvar a los banqueros que han hundido el país”, de forma que el Ejecutivo “no está teniendo absolutamente ninguna sensibilidad ante la tragedia social que vivimos en España con cientos de familias desahuciadas”. Amnistía Internacional lamenta que el Gobierno reincida “en sus obligaciones internacionales en materia del derecho a una vivienda adecuada”. Al subastar las viviendas hipotecadas, el valor de tasación podrá seguir siendo inferior al estipulado en el momento de la compra, con lo cual el desahuciado, tras perder su casa, tendrá que hacer frente a la diferencia y seguirá endeudado. Tampoco se suavizan los intereses de demora: las familias que se beneficien de la moratoria de dos años seguirán alimentando saldo negativo. Trascurrido ese periodo, le deberán más dinero al banco.
En efecto, la moratoria sólo paraliza el desalojo de la vivienda, pero el resto de la ejecución sigue adelante. El PSOE cree indispensable hacer esa reforma profunda porque sólo así se tendrá la garantía de que lo que está pasando ahora no se repita en el futuro. Una reforma, matizan, que debería equilibrar los derechos de los deudores hipotecados respecto de los derechos de las entidades financieras. A su juicio, “de nuevo, el Gobierno ha pensado en defender a los mercados y no a las personas”. Rubalcaba lamenta no haber podido alcanzar un acuerdo con el PP. “El Gobierno –dice– ha aprobado una moratoria, claramente insuficiente, que deja fuera a miles de familias en graves dificultades que han obrado de buena fe. Una norma que no toca el fondo del problema. Que no prevé que, en el futuro, no vuelvan a repetirse las mismas situaciones, y que deja de lado la cuestión fundamental: lo realmente importante es que la gente pueda pagar sus créditos. Que una mala racha no condene a una familia de por vida. Que tenga una nueva oportunidad de rehacerse. Que no pierda su casa. Y eso no se consigue con los parches que anunció el Gobierno, sino con una nueva Ley hipotecaria… Los intereses de los bancos no pueden estar por encima del derecho de todas las personas a tener una vida digna”.
Pere Rusiñol publica, en Jot Down, el articulo “Desahucios y banca: el drama no contado”. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la red de activistas que, durante años, clamó casi en solitario contra el drama, tiene contabilizado un muestreo sobre 6.000 ejecuciones: Bankia encabeza el ranking, con el 16%, habiendo recibido una inyección de fondos públicos directos de 23.400 millones en capital. Le siguen de cerca el BBVA (12%%), el Banco Santander (10%) y Caixabank (8%). “A principios de 2011 –escribe Rusiñol–, cuando ya se superaban las 250.000 ejecuciones, el clamor social en favor de la dación en pago –liderado por la PAH, con el apoyo de partidos minoritarios de izquierda–, forzó un debate en el Congreso que se aguó por la vía administrativa de las subcomisiones de estudio. Bastó una carta de la patronal bancaria a la ministra de Economía, Elena Salgado, y una advertencia de Fitch Ratings para sepultar el debate… El tronco central del sistema de partidos español –el PSOE, el PP y CiU– ha cerrado siempre el paso durante todos estos años de sangría a cualquier iniciativa que aliviara la tensión de las familias con costes para la banca, con el argumento de que el saneamiento del sistema financiero es el requisito básico para que vuelva el crédito y, con él, el crecimiento. Es un buen argumento, aunque pase por encima de que la mayoría de entidades no sanarán haciendo pasar lo suyo por un resfriado”.
Pero hay otros factores que ayudan a entender por qué los principales partidos –los más comprometidos con la “razón de Estado”– han avalado este esquema de dramáticas consecuencias. El más importante es la propia financiación de la maquinaria del Estado. “Como los Gobiernos renunciaron a una reforma fiscal de verdad –prosigue Rusiñol, en Jot Down–, cada vez son más dependientes de que los agentes de los mercados compren los bonos que les permite financiase. La ficción sobre la solidez del sector financiero español podía durar unos meses, pero, en seguida, el mundo y los mercados desconfiaron y la prima de riesgo empezó a subir, azuzada además por la crisis general de la eurozona. La falta de agentes interesados en comprar deuda española, por considerarla poco segura, encarece necesariamente el precio de emisión. Y hace aún más dependiente al Gobierno de los que siguen acudiendo a las sucesivas subastas. Sin ellos, entraría en bancarrota. Y, desde hace meses, ya sólo acude a las subastas el sector financiero español. Sin ninguna vocación de ONG. Esto es poder de verdad. Pero incluso si esta ‘capacidad de persuasión’ tan contundente llegara a fallar, también en España se ha dado el fenómeno de la ‘captura del regulador’ con la misma intensidad que en la mayoría de países occidentales tras la crisis: destacadísimos directivos del sector financiero han desembarcado en los puestos económicos clave de la Administración. Entre ellos, el ministro de Economía,Luis de Guindos, no solo era el primer ejecutivo de Lehman Brothers en la península, cuando el banco quebró, sino que saltó al ministerio desde el consejo de Banco Mare Nostrum (BMN); el número dos de Presidencia llegó al puesto desde la jefatura jurídica del Banco Santander, al frente del ICO está un directivo del BBVA, el secretario del Tesoro procede de Barclays…
Hace dos meses, el diario “The New York Times” ilustraba un reportaje sobre el drama de algunas personas en riesgo de exclusión con unas fotografías en blanco y negro de un parado rebuscando en la basura y hombres desdentados. Hace unos, volvía a poner a España como la oveja negra de Europa por culpa de los desahucios. El diario neoyorquino iniciaba el reportaje con la historia personal de la familia Rodríguez, que fue desalojada de su pequeña vivienda tras no poder hacer frente a la responsabilidad hipotecaria adquirida con el banco. Esta familia sevillana contaba cómo tuvo que pasar la primera noche tras el desahucio, pernoctando al raso en el vestíbulo de su vivienda. Los Rodríguez justificaban el impago de la hipoteca al tener que hacerse cargo de su hija desempleada y sus tres nietos después de ser también desahuciados. “No podía dejar que mis hijos y mis nietos murieran de hambre”, aseguraba la señora López, que trabajaba como limpiadora en una residencia de ancianos. Tras ser desalojados de su vivienda, se unieron a la iniciativa de otras 36 familias para ocupar un bloque de apartamentos que estaban vacíos desde hacía tres años. Carecían de agua corriente y estaban con la amenaza de un nuevo desalojo. Pero la familia Rodríguez prefería correr ese riesgo antes que estar viviendo en la calle. El diario norteamericano se hacía eco de los dos trágicos sucesos que habían removido a la sociedad española estas últimas semanas –el hombre que se ahorcó en Granada y la mujer que se lanzó al vació, en Baracaldo, antes de ser desalojados de sus viviendas– y que llevaron al Gobierno a replantearse la opresivas y abusivas leyes hipotecarias que rigen la relación contractual entre el comprador y la entidad bancaria.
Pese a la evidente relación manifiesta entre suicidios y desahucios, hay obispos, como el de Segovia, que siguen negándola. Ángel Rubio reclama a los medios de comunicación que “no manipulen la verdad”, ya que, según el prelado, las estadísticas en España demuestran que son muchas las muertes voluntarias que no son causadas por situaciones de este tipo. “Ha habido –reconce– casos tristes, dolorosos, conmovedores, faltaba más, pero lo que no se puede admitir es poner un efecto-causa, porque hay estadísticas de los suicidios que a lo mejor no se publican que muestran que las causas no son los desahucios”. Durante un desayuno informativo con los medios de comunicación para hacer balance del año 2012, el prelado segoviano pide a los periodistas que tengan en cuenta estos datos, pues, a su juicio, no hacerlo supone una “verdad a medias”. "Periodistas, que defendéis la verdad –agrega–, una noticia a medias es una auténtica mentira”. El obispo ha atribuido los suicidios a la “crisis de valores y de familia” que atraviesa el país, aunque también a la crisis económica, y ha confiado en que los procesos de desahucios “se suavicen” legalmente. Ante estas situaciones, indica que la postura de la Iglesia es que haya caridad para atender a esas personas que están necesitadas. De esta forma, reconoce que la única reacción de una Iglesia que, lejos de verseafectada por la crisis, se ha visto super-protegida por el Gobierno del PP, es la de hacer caridad.
El líder de la “Candidatura d’Unitat Popular”, David Fernández, periodista, tiene una cara muy conocida por los Mossos que se lo encuentran en las calles de la capital catalana en cada protesta. El pasado lunes, tras haber obtenido su partido 120.000 votos, propuso simbólicamente como presidente de la Cámara a un desahuciado que intentó suicidarse y como miembro de la mesa a la manifestante que perdió un ojo durante el 14-N. Fernández aseguró que la Candidatura iba a ser “el caballo de Troya que vencería al miedo y dará voz a los sin voz”. La CUP se propuso en su desembarco en el Parlament “levantar las alfombras y denunciar el país real, no el que se construye desde las patronales, y la corrupción más opaca”. A pesar del éxito, desde la formación, reconocen que tres diputados “no son garantía de nada”, pero ensalzan el éxito que supone arañar ese espacio con apenas 200.000 euros de presupuesto. Por de pronto ya han presentado a Manuel G. B., un vecino de Burjassot (Valencia) de 53 años, que intentó suicidarse a finales de octubre, cuando iba a ser desahuciado, como nuevo presidente de la cámara. Claro que sus votos fueron declarados nulos. Pero expresaron sus primeras decisiones el mismo día en que el Poder Judicial revelaba que los desahucios habían aumentado un 134% este año y un hombre de 47 años se suicidaba en Málaga por un desahucio.
La CUP ocupa tres escaños en el Parlament, sede de la soberanía catalana. ¿Pero que hay detrás de las CUP? Las pesquisas en la red nos hablan de un partido que puja por la secesión, pero no abraza el concepto que persiguen otras opciones más moderadas. La Candidatura aboga por una Cataluña al margen de la Unión Europea y de los estados “imperialistas”. Este partido anti sistema aboga por impulsar el poder popular, conseguir la ruptura democrática y nacionalizar los sectores clave de la economía catalana. Para conseguirlo, pretende dinamitar el sistema desde dentro y el primer objetivo (hacerse un hueco en el Parlament) ya lo ha logrado. Los que cercaron el Parlament en junio de 2011, obligando a Artur Mas a hacer uso de un helicóptero, tendrán ahora asientos dentro. David Fernández y sus compañeros, Georgina Rieradevall y Joaquim Arrufa, trasladan las protestas de la calle al núcleo mismo de la política catalana. La izquierda radical borra del hemiciclo a Solidaritat per la Indepèndencia (SI), que, en la pasada legislatura, obtuviera cuatro escaños.
La policía identificó el pasado día 15 en Valladolid a dos personas que participaban en una manifestación convocada por el 15M contra los desahucios. El recorrido de la protesta, según los convocantes, había sido notificado, en tiempo y forma, a la subdelegación del Gobierno y estaba previsto el paso por la calle Ferrari. Sin embargo, al llegar a dicho lugar, los manifestantes se encontraron por sorpresa que la calle estaba cortada y vallada por un circuito de karts. Uno de los organizadores se acercó a la policía para advertirles del corte de la calle y preguntar por qué nadie les había avisado de que su recorrido autorizado se vería interrumpido. Tanto los agentes nacionales como municipales admitieron no tener constancia de que allí hubiese tal circuito. Y, lejos de buscar una solución, la Policía instó a los manifestantes a que se marcharan de allí, alegando que no era el lugar apropiado para explicar esos temas debido a la presencia de niños en la zona. Ante la negativa de abandonar el lugar, se produjeron algunos empujones por parte de los agentes de seguridad, creció la tensión y la protesta empezó a dispersarse, momento que aprovechó la Policía para identificar a dos mujeres, una, que estaba intentando mediar entre los manifestantes y los agentes y otra, que grababa los hechos. El recorrido de la manifestación por la calle Ferrari estaba autorizado y no hubo ninguna comunicación a los convocantes, por parte del Ayuntamiento o de la Subdelegación, sobre una posible incompatibilidad de actividades en la vía pública. El pasado mes de mayo, ya se produjo un caso similar cuando se solaparon en la plaza Mayor de Valladolid el final de la manifestación por el aniversario del movimiento 15M y un concierto de tunos, del que, según afirmó el subdelegado del Gobierno, Antonio Rodríguez Bermejo, no se tenía constancia. El 15M acusó entonces al Ayuntamiento de intentar “reventar una protesta pacífica”. Rodríguez Bermejo tuvo que pedir disculpas por el hecho pero rechazó dimitir, tal y como le exigían los miembros del movimiento ciudadano.
“La mayoría de las familias que son desahuciadas en España por no poder pagar su hipoteca no lo cuentan –escribe I. Escolar en ‘Los desahucios invisibles’–. No se atrincheran para aguantar ante la policía que llega con la cruel orden de desalojo. No llaman al 15-M ni tampoco a las cámaras de televisión. No se resisten ni luchan. «Les mienten a sus vecinos, les dicen que se mudan a otro barrio o a otra ciudad, que les ha salido un trabajo fuera, que ya escribirán», me cuenta un abogado que conoce de cerca esta tragedia. «Piden al banco entregar las llaves en el juzgado o en la sucursal para evitar que nadie más se entere. No quieren pasar por el oprobio de que la gente les vea como fracasados. No quieren afrontar su derrota. Su reacción es humana y explica unas cuantas cosas. La principal: cómo es posible que una sociedad con 350.000 desahucios en cuatro años haya tardado tanto tiempo en darse cuenta de la magnitud de esta catástrofe. En los últimos meses, siempre según los datos del CGPJ, el número creció todavía más: ya son 517 desahucios de media al día, algo más de 21 cada hora. Cada 167 segundos hay una familia en España que tiene que abandonar su vivienda, envolver su vida en papel de periódico, guardar sus ilusiones en cajas de cartón, meter su orgullo entre plástico con burbujas y cerrar la puerta por última vez, sabiendo que dejan atrás sus ahorros y su casa, pero que sus deudas se quedan”…
Rajoy, en contra de lo prometido en su programa de Gobierno, ha pasado un año y el número de parados no ha dejado de aumentar. Las promesas se las llevó el viento. Así no es extraño que, cuando el PP nos hable del nuevo año en el que “recuperaremos el trabajo”, nos dé un ataque de risa. Y si la promesa se hace para el 2014, 15, 16, 17, o incluso el 18, seguimos preguntándonos: pero ¿de que van esos políticos?
Y ya en el terreno del humor, sugerimos un vistazo a los dibujos R. Varona ante la Justicia profanada, el nuevo disco en las escuelas norteamericanas, las amistades reales o la Catalunya de A. Mas y Oriol Junqueras. O a los de Erlich.
El humor de esta semana nos ha dejado otros dibujos de Ferrán, M. Fontdevila, El Roto, Forges, Peridis, Santi Gutiérrez, A. López y el Pat.
Pep Roig, desde Mallorca nos presenta: La infeliz “ecografía”, la infeliz “Navidad”, Eterna deuda, Tramposos al poder y Hay que echarles, ya.
Terminamos con cinco vídeos. En el primero, dos personas son identificadas por la Policía en una manifestación contra los desahucios, en Valladolid.
El segundo, sobre lo ocurrido en la localidad granadina del Padul, fue publicado el 4 de octubre pasado. Como si se tratara de un ataque terrorista, una fuga radioactiva o un ataque nuclear, todas las calles adyacentes a la Virgen de las Nieves estaban cortadas por miembros de la Guardia Civil.... Se trataba de echar de su casa a una viuda de 52 años y a sus hijas...
En el tercero, vemos una versión reducida del documental “Manos Arriba”,que recoge los abusos cometidos por la banca española en esta última década: desahucios, swaps, preferentes, todo ellos con el consentido de los organismos reguladores y la connivencia o incompetencia política.
Terminamos con dos vídeos apropiados para estas fiestas.
Y la Orquesta Sinfónica de Islandia monta este flashmob en un centro comercial con el Mesías de Hëndel.