Líbano. Luca Kleve-Ruud /Save the Children
“El año acababa con más de dos millones de niños y niñas viviendo bajo el umbral de la pobreza. La cifra de familias con todos sus miembros en paro y con hijos a su cargo no deja de crecer. Los más pequeños se están viendo privados de derechos fundamentales, recogidos en la Convención sobre los derechos del niño de Naciones Unidas, como el derecho a un nivel de vida adecuado para su correcto desarrollo físico y mental. Niños que no tienen una alimentación adecuada, que se ven privados de actividades extraescolares o que sufren en casa el estrés de sus padres. Los niños están siendo los más afectados por una crisis de la que no son responsables”.
Así presenta Montserrat Cusó, presidenta en España de Save the Children, la memoria anual de la ONG. No habla de lo que pasa en alguno de esos pobres países africanos, asolados por la sequía y los conflictos armados, sino de lo que está sucediendo en España. Más de dos millones de niños y niñas viviendo bajo el umbral de la pobreza. Es un dato escalofriante que debería hacernos reflexionar sobre qué tipo de sociedad estamos construyendo. Bueno, sería más correcto decir “destruyendo”. O, para ser más exactos aún, qué tipo de sociedad estamos permitiendo que construyan sobre las ruinas del Estado social en el que se suponía que vivíamos.
La situación en el mundo es desoladora. Gracias a organizaciones humanitarias como Save the Children, que en 2012 ayudó a 125 millones de niños y niñas en todo el mundo mediante el desarrollo de multitud de proyectos e iniciativas sociales y políticas, el panorama no es todavía peor. De hecho, en los últimos años se ha conseguido reducir la mortalidad infantil a casi la mitad, pasando de 12 millones de muertes anuales a 6,9, lo que desde luego continúa siendo una barbaridad.
Pero los gobiernos, con la excusa de la crisis, lejos de incidir en el camino de la reducción de las desigualdades, de la extensión del bienestar social, lo que están haciendo es cortar de raíz su aportación a la cooperación internacional. Especialmente sangrante es el caso de España, donde por cada euro de ayuda al desarrollo se destinan 11,5 euros a gasto militar.
El informe ‘Voladura controlada de la cooperación española’, obra de Carlos Gómez Gil, profesor en la Universidad de Alicante, revela que en los últimos años el gobierno español ha desmantelado sus políticas de cooperación, saltándose todos los compromisos internacionales a que se había adherido. En 2008 se destinaban 422 euros por habitante y año a gasto militar, frente a 103 a ayuda al desarrollo. En 2012 se dedicaron 368 euros por habitante a gasto militar y sólo 32 a cooperación. Lo que viene a significar que España destina un pírrico 0,14% del PIB a ayuda al desarrollo, muy lejos del quimérico 0,7% y del 0,51% marcado por la Unión Europea. Pero es que de los 22.664 millones presupuestados desde 2008, no han llegado a gastarse 16.924, es decir: las tres cuartas partes del dinero que debía destinarse a ayuda al desarrollo han acabando gastándose en otras cosas.
Y ahora es cuando algunos dirán: “Con la crisis que tenemos en España, como para ir regalando dinero a los pobres del mundo”. Ya. Podría tener un pase si ese dinero que se ha recortado a la cooperación internacional se hubiera destinado a mejorar nuestras políticas sociales, pero me temo que eso está en las antípodas de lo que sucede. El gobierno ha pasado la guadaña a toda la inversión pública, degradando servicios básicos como la sanidad, la educación y las políticas sociales. La pobreza en España aumenta a pasos agigantados, mientras se vuelcan millones y millones de euros en salvar a un sistema financiero podrido y se estrangula a la economía productiva.
Vivimos en un mundo donde todo son cuentas de resultados. No importa el coste social, lo fundamental es cuadrar los números para sostener un sistema manifiestamente injusto. Más de dos millones de niños bajo el umbral de la pobreza. Reflexionemos sobre ello.