José Vicente Rangel
Se quitó la careta y ha desatado los demonios
1) Pocas veces en nuestro país se había anunciado un golpe de Estado de manera tan clara -incluso a plazo fijo- y, al mismo tiempo, tan elusiva como hoy se plantea.
Nunca se vio tanta determinación, por cierto, enmascarada, a saltarse la Constitución. Hay toda una campaña destinada a presentar la ruptura del orden constitucional como algo normal. La opción sería el revocatorio presidencial, pero, curiosamente, solo se alude tangencialmente la figura que consagra la Carta Magna. Se recurre para ello a un lenguaje caracterizado por la ambigüedad, que no define cómo se lograría la salida de Nicolás Maduro de la presidencia de la República. Desde la renuncia hasta una constituyente.
2) Quizá para no develar las verdaderas intenciones, se usan palabras tranquilizadoras. Ejemplo: que la fórmula sería
“pacífica, cívica, democrática y constitucional”. ¿Quién se traga ese cuento? Porque lo único que prevé el ordenamiento constitucional venezolano en esta materia -y establece las condiciones- es el revocatorio. ¿Qué otra alternativa existe para revocar el mandato a un jefe de Estado electo por el pueblo, con las características ya señaladas? ¡Ninguna! Salvo que se invoque como precedente la decisión cuartarrepublicana del Tribunal Supremo de entonces de que los golpistas del 11-A habían actuado
“preñados de buenas intenciones”.
3) Se habla de un plazo de seis meses para impulsar el mecanismo que saque a Maduro de Miraflores. Tal es el anuncio que da inicio a la campaña. Luego se señala que el referido plazo puede cumplirse en cualquier momento, y en reiteradas oportunidades se comenta que
“no se ve llegar a Maduro al final del período constitucional, ya que dejarlo tres años más en el gobierno sería una irresponsabilidad”, manifiesta el presidente de la Asamblea Nacional, Ramos Allup. O sea, una especie de nueva doctrina constitucional que consistiría en que es irresponsable que un presidente legítimo termine su mandato. La proyección de semejante aseveración acaba con el Estado de derecho y dinamita el orden constitucional de cualquier nación.
4) Una oposición ensoberbecida con la victoria del 6-D cree que está a las puertas del poder. Esa percepción la conduciría, de nuevo, a la aventura. Pero se equivoca otra vez al pensar que el resultado de las parlamentarias, en las cuales la gente emitió un voto individualizado por diputados, signifique que están dadas las condiciones para desalojar del cargo a un mandatario electo por el pueblo y con amplio apoyo político, social y militar. Esa posibilidad solo pasa por un revocatorio, que es lo previsto en la Constitución y no por cualquier otra opción como se anuncia con extrema ligereza. Al igual que en otro contexto, pero al calor del mismo extravío antidemocrático, se produjo el 11-A (también el golpe petrolero y el guarimbero). La oposición -la misma de ahora- imaginó que el gobierno de Chávez, sometido a una feroz campaña mediática de descrédito, con el puntofijismo conspirando, al igual que la jerarquía de la Iglesia, Fedecámaras y altos mandos de las Fuerzas Armadas, estaba de a toque y tan solo restaba el empujón final. Toda Venezuela recuerda el resultado como uno de los peores errores políticos que registra la historia.
5) Los que en la oposición conservan vivo en la memoria aquel episodio y temen repetirlo; que ahora actúan con sensatez; que son partidarios de cuestionar al gobierno y al mismo tiempo dialogar; de respetar la realidad política y los lapsos electorales para la renovación de los poderes públicos, enfrentan de nuevo el dilema de rechazar la desesperación por quemar etapas que solo conduce a la aventura o a plegarse dócilmente.
6) Pero más allá del debate y decisiones de las cúpulas, tengo la convicción de que, en medio de la crisis, los venezolanos quieren que se respeten las reglas de juego. Que prive la Constitución. Que haya paz. Colaboración de los poderes públicos. Recuperación económica con participación de todos. Por muchas razones. Pero en especial -y es lo que priva- porque, salvo los soberbios envanecidos que no quieren darse cuenta de que Venezuela cambió, la percepción que tiene el ciudadano de a pie es que cualquier intento por consumar una salida extraconstitucional conduciría a un enfrentamiento cruento entre venezolanos. Ni los golpes blandos, ni los disfraces carnavalescos utilizados para confundir, ni los golpes violentos pueden darse impunemente. En tales circunstancias, cada quien debe estar consciente de lo que expone y a lo que se arriesga.
José Vicente Rangel
Se quitó la careta y ha desatado los demonios
1) Pocas veces en nuestro país se había anunciado un golpe de Estado de manera tan clara -incluso a plazo fijo- y, al mismo tiempo, tan elusiva como hoy se plantea.
Nunca se vio tanta determinación, por cierto, enmascarada, a saltarse la Constitución. Hay toda una campaña destinada a presentar la ruptura del orden constitucional como algo normal. La opción sería el revocatorio presidencial, pero, curiosamente, solo se alude tangencialmente la figura que consagra la Carta Magna. Se recurre para ello a un lenguaje caracterizado por la ambigüedad, que no define cómo se lograría la salida de Nicolás Maduro de la presidencia de la República. Desde la renuncia hasta una constituyente.
2) Quizá para no develar las verdaderas intenciones, se usan palabras tranquilizadoras. Ejemplo: que la fórmula sería
“pacífica, cívica, democrática y constitucional”. ¿Quién se traga ese cuento? Porque lo único que prevé el ordenamiento constitucional venezolano en esta materia -y establece las condiciones- es el revocatorio. ¿Qué otra alternativa existe para revocar el mandato a un jefe de Estado electo por el pueblo, con las características ya señaladas? ¡Ninguna! Salvo que se invoque como precedente la decisión cuartarrepublicana del Tribunal Supremo de entonces de que los golpistas del 11-A habían actuado
“preñados de buenas intenciones”.
3) Se habla de un plazo de seis meses para impulsar el mecanismo que saque a Maduro de Miraflores. Tal es el anuncio que da inicio a la campaña. Luego se señala que el referido plazo puede cumplirse en cualquier momento, y en reiteradas oportunidades se comenta que
“no se ve llegar a Maduro al final del período constitucional, ya que dejarlo tres años más en el gobierno sería una irresponsabilidad”, manifiesta el presidente de la Asamblea Nacional, Ramos Allup. O sea, una especie de nueva doctrina constitucional que consistiría en que es irresponsable que un presidente legítimo termine su mandato. La proyección de semejante aseveración acaba con el Estado de derecho y dinamita el orden constitucional de cualquier nación.
4) Una oposición ensoberbecida con la victoria del 6-D cree que está a las puertas del poder. Esa percepción la conduciría, de nuevo, a la aventura. Pero se equivoca otra vez al pensar que el resultado de las parlamentarias, en las cuales la gente emitió un voto individualizado por diputados, signifique que están dadas las condiciones para desalojar del cargo a un mandatario electo por el pueblo y con amplio apoyo político, social y militar. Esa posibilidad solo pasa por un revocatorio, que es lo previsto en la Constitución y no por cualquier otra opción como se anuncia con extrema ligereza. Al igual que en otro contexto, pero al calor del mismo extravío antidemocrático, se produjo el 11-A (también el golpe petrolero y el guarimbero). La oposición -la misma de ahora- imaginó que el gobierno de Chávez, sometido a una feroz campaña mediática de descrédito, con el puntofijismo conspirando, al igual que la jerarquía de la Iglesia, Fedecámaras y altos mandos de las Fuerzas Armadas, estaba de a toque y tan solo restaba el empujón final. Toda Venezuela recuerda el resultado como uno de los peores errores políticos que registra la historia.
5) Los que en la oposición conservan vivo en la memoria aquel episodio y temen repetirlo; que ahora actúan con sensatez; que son partidarios de cuestionar al gobierno y al mismo tiempo dialogar; de respetar la realidad política y los lapsos electorales para la renovación de los poderes públicos, enfrentan de nuevo el dilema de rechazar la desesperación por quemar etapas que solo conduce a la aventura o a plegarse dócilmente.
6) Pero más allá del debate y decisiones de las cúpulas, tengo la convicción de que, en medio de la crisis, los venezolanos quieren que se respeten las reglas de juego. Que prive la Constitución. Que haya paz. Colaboración de los poderes públicos. Recuperación económica con participación de todos. Por muchas razones. Pero en especial -y es lo que priva- porque, salvo los soberbios envanecidos que no quieren darse cuenta de que Venezuela cambió, la percepción que tiene el ciudadano de a pie es que cualquier intento por consumar una salida extraconstitucional conduciría a un enfrentamiento cruento entre venezolanos. Ni los golpes blandos, ni los disfraces carnavalescos utilizados para confundir, ni los golpes violentos pueden darse impunemente. En tales circunstancias, cada quien debe estar consciente de lo que expone y a lo que se arriesga.
1) Pocas veces en nuestro país se había anunciado un golpe de Estado de manera tan clara -incluso a plazo fijo- y, al mismo tiempo, tan elusiva como hoy se plantea.
Nunca se vio tanta determinación, por cierto, enmascarada, a saltarse la Constitución. Hay toda una campaña destinada a presentar la ruptura del orden constitucional como algo normal. La opción sería el revocatorio presidencial, pero, curiosamente, solo se alude tangencialmente la figura que consagra la Carta Magna. Se recurre para ello a un lenguaje caracterizado por la ambigüedad, que no define cómo se lograría la salida de Nicolás Maduro de la presidencia de la República. Desde la renuncia hasta una constituyente.
2) Quizá para no develar las verdaderas intenciones, se usan palabras tranquilizadoras. Ejemplo: que la fórmula sería
“pacífica, cívica, democrática y constitucional”. ¿Quién se traga ese cuento? Porque lo único que prevé el ordenamiento constitucional venezolano en esta materia -y establece las condiciones- es el revocatorio. ¿Qué otra alternativa existe para revocar el mandato a un jefe de Estado electo por el pueblo, con las características ya señaladas? ¡Ninguna! Salvo que se invoque como precedente la decisión cuartarrepublicana del Tribunal Supremo de entonces de que los golpistas del 11-A habían actuado
“preñados de buenas intenciones”.
3) Se habla de un plazo de seis meses para impulsar el mecanismo que saque a Maduro de Miraflores. Tal es el anuncio que da inicio a la campaña. Luego se señala que el referido plazo puede cumplirse en cualquier momento, y en reiteradas oportunidades se comenta que
“no se ve llegar a Maduro al final del período constitucional, ya que dejarlo tres años más en el gobierno sería una irresponsabilidad”, manifiesta el presidente de la Asamblea Nacional, Ramos Allup. O sea, una especie de nueva doctrina constitucional que consistiría en que es irresponsable que un presidente legítimo termine su mandato. La proyección de semejante aseveración acaba con el Estado de derecho y dinamita el orden constitucional de cualquier nación.
4) Una oposición ensoberbecida con la victoria del 6-D cree que está a las puertas del poder. Esa percepción la conduciría, de nuevo, a la aventura. Pero se equivoca otra vez al pensar que el resultado de las parlamentarias, en las cuales la gente emitió un voto individualizado por diputados, signifique que están dadas las condiciones para desalojar del cargo a un mandatario electo por el pueblo y con amplio apoyo político, social y militar. Esa posibilidad solo pasa por un revocatorio, que es lo previsto en la Constitución y no por cualquier otra opción como se anuncia con extrema ligereza. Al igual que en otro contexto, pero al calor del mismo extravío antidemocrático, se produjo el 11-A (también el golpe petrolero y el guarimbero). La oposición -la misma de ahora- imaginó que el gobierno de Chávez, sometido a una feroz campaña mediática de descrédito, con el puntofijismo conspirando, al igual que la jerarquía de la Iglesia, Fedecámaras y altos mandos de las Fuerzas Armadas, estaba de a toque y tan solo restaba el empujón final. Toda Venezuela recuerda el resultado como uno de los peores errores políticos que registra la historia.
5) Los que en la oposición conservan vivo en la memoria aquel episodio y temen repetirlo; que ahora actúan con sensatez; que son partidarios de cuestionar al gobierno y al mismo tiempo dialogar; de respetar la realidad política y los lapsos electorales para la renovación de los poderes públicos, enfrentan de nuevo el dilema de rechazar la desesperación por quemar etapas que solo conduce a la aventura o a plegarse dócilmente.
6) Pero más allá del debate y decisiones de las cúpulas, tengo la convicción de que, en medio de la crisis, los venezolanos quieren que se respeten las reglas de juego. Que prive la Constitución. Que haya paz. Colaboración de los poderes públicos. Recuperación económica con participación de todos. Por muchas razones. Pero en especial -y es lo que priva- porque, salvo los soberbios envanecidos que no quieren darse cuenta de que Venezuela cambió, la percepción que tiene el ciudadano de a pie es que cualquier intento por consumar una salida extraconstitucional conduciría a un enfrentamiento cruento entre venezolanos. Ni los golpes blandos, ni los disfraces carnavalescos utilizados para confundir, ni los golpes violentos pueden darse impunemente. En tales circunstancias, cada quien debe estar consciente de lo que expone y a lo que se arriesga.