Desde la distancia, sin las pasiones y entusiasmos de los años 70, se percibe claramente que tras la muerte del dictador no llego la democracia sino la regeneración de un autoritarismo que tenía ya rasgos cadavéricos. Todo aquella "transformación" fue producto de la cosmética porque jamás se educó al ciudadano para que fuera demócrata y el viejo autoritarismo siguió vigente, al igual que la verticalidad y la ausencia del ciudadano. Se fabricó con pintura de camuflaje un sistema al que llamaron democracia pero que carecía de los atributos básicos de una democracia auténtica, sin separación de poderes, sin protagonismo ciudadano, sin sociedad civil, sin controles suficientes al poder de los partidos, sin unas leyes justas asumidas por todos, sin representación real de los ciudadanos en el Estado y sin respeto a la verdad y la transparencia, que son la espina dorsal de las democracias. Siguieron en sus puestos los mismos jueces, los mismos altos funcionarios del Estado y los mismos generales y mandos. No hubo depuración alguna, ni revisión alguna de sus actuaciones, ni castigo para nadie, ni atisbo de democracia real, solo un lamentable y bajo autoritarismo camaleónico, recubierto con piel de oveja.
El antifranquismo quería depuración y renovación de los jueces, militares, familias políticas y mandos policiales, pero no la hubo y en su lugar el rey, que había jurado los principios del Movimiento Nacional, convenció a los partidos, con la ayuda inestimable de Adolfo Suárez, de que "cambiara todo para que todo siguiera igual", aplicando de manera magistral el principio de Lampedusa.
Contemplar el actual Estado español como el continuador natural del Franquismo es la única manera de entender la corrupción existente, la impunidad de la casta dominante, la falta de controles al poder político, la represión policial de los humildes que se rebelan, de los desahuciados y de los pobres, la injusticia reinante, la corrupción, los impuestos abusivos, el blanqueo de dinero, el desprecio a los principios democráticos, la baja calidad de la educación y el vergonzante interés de los que mandan por embrutecer y aborregar a una ciudadanía que carece de derechos suficientes. Cuando los estados se construyen sobre la falsedad y el engaño, los valores suelen hundirse y la corrupción y el abuso florecen. Es lo que ha ocurrido en esta España, convertida hoy en una pocilga fabricada sobre la mentira.
Los ladrones y rufianes no son castigados si pertenecen a las élites del sistema, como ocurría en el pasado, mientras que al ladrón que roba por hambre se le aplica la ley con rigor y saña. De los miles de sinvergüenzas que han saqueado España en las últimas décadas, apenas media docena de chivos expiatorios están en prisión, mientras que las cárceles españolas rebosan de desgraciados que han robado un jamón, han sido pillados con unos gramos de droga o han desafiado el poder de la casta.
Ahora, desde la perspectiva histórica, se descubre con claridad meridiana que el Franquismo no murió con Franco sino que fue renovado, camuflado y rejuvenecido con la contribución traidora de partidos políticos como el socialista, el comunista y los nacionalismos, que se unieron a la derecha en aquella lamentable e indigna operación cosmética.
A medida que crece la disensión, la protesta y el rechazo de los ciudadanos al poder político en España, emerge el Franquismo encubierto y se hacen visibles los brotes de autoritarismo. El proyecto de ley de "seguridad" de Fernández Díaz es un programa de represión autoritaria que conduce a limitar la libertad de prensa y de expresión. Es sólo un ejemplo pero hay otros muchos, como el refuerzo de la policía, el control de los jueces y la supresión de la Justicia gratuita.
La denominada "operación Araña" desarrollada por mandos de la Guardia Civil y que consiste en detener a una serie de individuos que escriben barbaridades en sus cuentas de Twitter y Facebook, es otro ejemplo de que la represión está ahí mismo, agazapada, y que saldrá a flote cuando el poder se sienta realmente en peligro.
En la España actual no se respeta ninguna de las normas básicas de la democracia: no existe separación de poderes, no existe una justicia igual para todos, ni imperio de la ley, ni elecciones realmente libres, ni una prensa capaz de informar con veracidad y de fiscalizar con la verdad a los grandes poderes, ni una sociedad civil fuerte e independiente capaz de servir de contrapeso al poder, ni castigo para los corruptos y los malvados con poder, ni controles suficientes que limiten el poder de los partidos políticos y de los políticos profesionales, ni democracia interna en los partidos, ni decencia en las instituciones públicas.
Pero si se observa con lupa, se descubre que el Estado español conserva, convenientemente ocultos y tapados, todos los vicios y dramas del autoritarismo del que procede.
Pronto, si la rebeldía ciudadana contra la injusticia, la corrupción y el abuso sigue en aumento, la masa de españoles que ignora que lo viejo sigue incrustado en el alma de lo nuevo descubrirá la verdad y todos veremos a los viejos fantasmas represores y autoritarios, hoy escondidos en la hipocresía, salir a las calles a reprimir sin caretas.