El Estado de Derecho

Si se hubieran contratado más inspectores, otro gallo cantaría en los corrales de Montoro

n un Estado de Derecho -decía el Rey en vísperas de Navidad – "la justicia es igual para todos". Las leyes, una vez cocinadas en los fogones del Congreso, son servidas a los comensales sin distinción alguna entre nobles y plebeyos. Al menos, éste debería ser el protocolo a seguir en un país de corte moderno como el nuestro. Ahora bien, no siempre el tipo ideal de democracia se corresponde con los mimbres reales de la sociedad. La fórmula: "hecha la ley, hecha la trampa" es, en muchos casos, la praxis que rompe los jarrones de la teoría. En todas las ramas del derecho existen plagas que amenazan la calidad de las cosechas. Mientras no existe denuncia, las infracciones normativas cabalgan a sus anchas por las profundidades de las aguas. En la mayoría de los prados existen "ovejas negras" que burlan, o mejor dicho, tiran por la borda los logros alcanzados por nuestros vecinos, los franceses. Si todo el mundo condujese de acuerdo con lo aprendido en sus tiempos de autoescuela, probablemente muchas compañías de seguros tendrían que bajar sus persianas ante la ausencia de siniestros. Este mismo razonamiento, extrapolado a todos los ámbitos normativos, sería la utopía de una sociedad sin comportamientos negligentes. Una sociedad sin cárceles respondería al ideal de un Estado de Derecho, pero, queridos lectores, no sueñen con ello, porque los "trullos" en España están, como en todas las partes del mundo, hacinados de reclusos.

La eficacia normativa, o dicho en otros términos, el cumplimiento probable de un precepto legal depende de tres condiciones básicas: primera, el respeto ciudadano al marco regulador de la convivencia colectiva; segunda, la severidad del régimen sancionador ante las infracciones normativas y; tercera, la estructura institucional de la vigilancia jurídica. Cuando falla alguno de estos tres requerimientos, afloran las grietas incipientes en los techos del Derecho. "En la Hispania de Rajoy – decía Amparo, la vecina del tercero – la Constitución se ha convertido en la misma luz que veían los prisioneros de Platón. Mientras el "hecho" vaya por delante del "derecho", siempre habrá un margen de maniobra para los listos y tramposos". Son, precisamente, estos testimonios extraídos de los rincones urbanos, los que llenan de polvo los renglones de Rousseau. En días como hoy, la corrupción y, la ausencia de responsables en el caso del Prestige, sirven a la Crítica para cuestionar el "cumplimiento" de las tres garantías que citábamos atrás.

La existencia de una "economía sumergida" en todo el entramado productivo, no debe ser tolerada en un Estado de Derecho. Asumir la existencia de la misma, por parte de algunos gobernantes, implica aceptar explícitamente la ineficacia o falta de mecanismos para abordar el problema. "Si en lugar de tanto recorte, o mejor dicho, si en vez de tanto abusar del débil, se hubiera destinado dinero a la contratación de más inspectores, otro gallo hubiera cantado en el patio de Montoro. Probablemente con el dinero de las multas no hubiese hecho falta inventar una amnistía fiscal para aflorar lo escondido debajo de las losas. Resulta incomprensible – decía este señor de las colas del INEM – que en este país se hable de Ley cuando, los mismos que sacan pecho con el Estado de Derecho, inventan mecanismos para legitimar las trampas de sus socios, los corruptos". La vigilancia normativa es condición necesaria – cuánta razón llevaba el señor de la cola – para garantizar la eficacia del ejército normativo. Sin guardianes legales, las leyes se convierten en papel mojado para los ojos del desviado. Hace falta – decía el filósofo del Derecho – revisiones periódicas del ordenamiento jurídico para corregir las desviaciones del árbol normativo. Mientras el miedo paralice las injusticias de la calle, el Derecho se convierte en un florero más de la involución silenciosa.

Mientras el miedo paralice las injusticias de la calle, el Derecho se convierte en un florero más de la involución silenciosa

La petición del indulto, por parte de miembros del Partido Popular, para Pedro Ángel Hernández Mateo, exalcalde de Torrevieja, pone en evidencia una nueva grieta en los techos del derecho. Una grieta más, decía, porque no olvidemos, queridos amigos, que el indulto es una herramienta jurídica de corte político. "Ser indultado" es un efecto de una deliberación del Consejo de Ministros, o dicho de otro modo más claro, el indulto está dentro del ámbito de las "decisiones políticas". Es por ello que la decisión de indultar a Mateo, por parte de los suyos, pone en evidencia "la politización, indadmisible, de la justicia". Por razones de "imparcialidad judicial" no se debería, o al menos es de sentido común, que personajes políticos sean indultados por miembros de su propio partido. Sería necesario, al menos para subsanar tales sesgos constitucionales que se creará un desarrollo normativo de la figura del "indulto". Con los mimbres que tenemos, tanto Pedro Hernández Mateo como "Manolito, el golfillo de mi pueblo" son iguales ante los ojos del Ejecutivo. Pero, no olvidemos que mientras Pedro ha sido militante de PP y exalcalde por tales siglas, Manolito es un anónimo de la calle que nadie sabe si baila con la derecha o coquetea con la izquierda.