Por Cintia Frencia*
El asesinato de Silvana Córdoba (trabajadora del hospital Neonatal de la capital provincial) a manos de su pareja ha incrementado el debate sobre la violencia doméstica. Este flagelo ya se cobró la vida de 300 mujeres en un año en el país, un trágico ranking que tiene a Córdoba en los primeros lugares.
¿De quién es la responsabilidad de esta situación? ¿Cuáles son las medidas por tomar?
La violencia familiar es el último eslabón de una larga cadena de violencia que sufren los trabajadores en general y las mujeres en particular, y que quiebra las relaciones dentro de la familia y de las parejas. Los enfrentamientos en el seno del hogar crecen a la par que se descompone la situación social.
¿Cómo repercute en una familia, en una relación de pareja, en el vínculo entre padres e hijos, la precariedad y la flexibilidad laboral crecientes, que quitan estabilidad a cualquier proyecto de vida? ¿Cuánta frustración provocan los ritmos y jornadas intensivas de trabajo que cubren una porción cada vez menor de las necesidades familiares? ¿Cómo golpea el difícil acceso a la salud y a la educación, por su constante mercantilización?
La violencia familiar y los femicidios no pueden deslindarse entonces de la descomposición del régimen social y sus gobiernos, que descarga un brutal sistema de explotación sobre la clase trabajadora en su conjunto y alimenta una doble opresión sobre las mujeres (por su condición de trabajadoras y por su condición de mujeres).
La violencia generada por el régimen social, entonces, se reproduce al interior de la familia y desgasta las relaciones dentro de ella.
De esta situación, hay un único responsable: el Estado y los gobiernos que actúan como representantes de los intereses de los capitalistas.
En Córdoba, José Manuel de la Sota actúa como un aliado estratégico de las patronales para hacer pasar los despidos y suspensiones, cierres de fábricas y empresas, y atacar a los trabajadores que se organizan; a la vez que desfinancia a los hospitales y escuelas públicas.
El Gobierno nacional, que castiga duramente a los trabajadores con sus políticas de ajuste, es más duro aún con las mujeres trabajadoras, alimentando la descomposición social que se expresa en violencia y sometimiento, también dentro del hogar.
¿Mano dura?
Frente a esta situación, una línea que es impulsada por el propio Gobierno provincial es colocar toda la carga sobre el agresor. Este es el sentido del botón antipánico que, lejos de solucionar la situación, la agrava, porque agrega la injerencia del aparato policial dentro del hogar y del barrio, y deteriora aún más el núcleo familiar, sin que esto aleje a la víctima de la posibilidad de un ataque por parte de su agresor; sólo la posterga.
No puede ser una salida militarizar la vida de las mujeres (y sus hijos) y mucho menos a manos de un aparato policial sospechado de conexiones con la trata, la droga y el delito, y al cual pertenecen varios de los femicidas.
La política de “mano dura” contra los agresores, con castigos más severos, que muchos le reclaman a la Justicia tampoco soluciona el problema, porque, al igual que con la “inseguridad”, las razones que generan estas situaciones se siguen desenvolviendo con mayor virulencia.
Además, exime al Estado de su responsabilidad en la generación de la violencia familiar y sobre el propio victimario, el cual es a su vez víctima, como lo refleja el hecho de que muchos de ellos terminan suicidándose.
La necesaria acción punitiva sobre el agresor o criminal no impide la lucha por recuperarlo y reintegrarlo. Eso fue a lo que apostó Silvana Córdoba cuando se unió a un hombre que antes había matado a su pareja.
Pero Silvana sola nada podía hacer; el Estado tenía la obligación de garantizar la recuperación de su pareja, para que no volviera a agredir o a matar. El Gobierno provincial ni siquiera ejecuta la ley, de su propio cuño, por “razones presupuestarias”.
¿Qué hacer?
Es obligación del Estado garantizar a las mujeres en situación de peligro las condiciones materiales para desenvolverse en forma independiente y sostener a sus hijos.
Esto implica acceder a un trabajo en blanco y estable, a guarderías, a una vivienda digna y a las asistencias psicológicas y sanitarias necesarias.
También el Estado debe tomar las medidas para que el agresor, separado rápidamente del núcleo familiar, pueda ser sometido a un tratamiento de recuperación.
Finalmente, este plan de contingencia no suple las profundas transformaciones sociales que pasan por atacar las razones de la violencia familiar garantizando las condiciones materiales para el desenvolvimiento de una vida familiar plena: salario acorde con la canasta familiar, pleno empleo, acceso gratuito a la salud y la educación, vivienda, etcétera.
Se trata de conquistar un orden social al servicio de los intereses generales de la población y, por lo tanto, incompatible con gobiernos que representan los intereses particulares de la clase capitalista.
Es por esto que impulsamos la organización independiente de las mujeres para conquistar sus reivindicaciones, en unidad con el conjunto de los trabajadores.
*Dirigente del Partido Obrero, legisladora provincial por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores
Enlace a publicación original: http://www.lavoz.com.ar/opinion/el-estado-es-el-responsable