La tumba de Franco en el Valle de los Caídos, con flores frescas.
“¿Alguien imagina que, en un documento oficial, el teniente coronel de la guardia civil, que entró al hemiciclo del Parlamento al grito de ‘quieto todo el mundo’ fuera considerado, presidente del Congreso de los Diputados? Pues el Tribunal Supremo, al reconocer en un auto la jefatura del Estado al general golpista Francisco Franco, a partir del 1 de octubre de 1936, ha hecho algo bastante parecido. ¿Ha sido casual?”. Se lo preguntaba el pasado sábado Emilio Silva en Eldiario.es, a la vez que señalaba algunas carencias del poder judicial español, especialmente en “los programas de formación de jueces en materia de derechos humanos...
“Alguien ha diseñado la total deficitaria ignorancia en materia de derecho humanitario y ha sido sin duda la misma élite quien, durante décadas, no ha querido que se estudie en los colegios la represión franquista, que el tratamiento cinematográfico de la dictadura sea en general subvencionadamente laxo o que la impunidad de los crímenes de la dictadura sea un muro jamás resquebrajado. El reconocimiento por parte de la sección cuarta del Contencioso Administrativo del TS, fechando el 1 de octubre de 1936, como el inicio de la jefatura de Estado del dictador Francisco Franco no es casual. No lo es cuando el auto confunde adecuadamente el interés general con los objetivos de los herederos del dictador, cuando utiliza su jefatura del Estado como un argumento a su favor, sin llamarlo dictador ni golpista en ningún momento y sin mencionar a sus miles de víctimas que son hoy obligadas a pagar con sus impuestos la tumba del dictador… Emilio Silva continúa: “Uno de los principales argumentos conservadores de quienes defienden indirectamente el franquismo, criticando la recuperación de la memoria histórica, es que los perdedores de la guerra y sus descendientes quieren cambiar la historia. Pero quiénes realmente la quieren cambiar son los que inventan una legitimidad inexistente, una versión revisionista que acaba de ser respaldada, nada más y nada menos, que por toda una sala del Tribunal Supremo y por unanimidad. El 10 de mayo de 1936, en el Palacio de Cristal del Parque del Retiro de Madrid se reúnen 911 compromisarios elegidos en todo el territorio español por sufragio universal. Tenían que nombrar al presidente del Gobierno de la República. Manuel Azaña recibió 754 de los 847 votos emitidos. Seguidamente, en el Palacio Nacional, hoy Palacio Real, se hizo el acto institucional, desfiló la policía, el ejército, fue una jornada tranquila de una democracia y sólo faltaban dos meses para el 18 de julio. “El 1 de octubre de 1936, cuando el general golpista, Francisco Franco, leía el telegrama de Rudolf Hess que, en nombre de Adolf Hitler, le felicitaba, el presidente del Gobierno era Manuel Azaña... Y se mismo 1 de octubre, el presidente Manuel Azaña, el que murió en Francia a punto de ser detenido por la Gestapo que quería entregárselo a Franco, firmaba un decreto ‘para crear 5.300 plazas de Maestros y Maestras con destino a Escuelas nacionales’ y habilitaba ‘un crédito extraordinario de siete millones novecientas noventa y ocho mil pesetas anuales y un millón novecientas noventa y nueve mil quinientas efectivas para la creación, a partir del 1.° de octubre del año en curso (1936), de 2.666 plazas de dicha clase, con el sueldo anual de tres mil pesetas’. “Quien hizo todo ese daño, quien asesinó a miles de maestros y maestras, quien dejó 114.226 personas desaparecidas en las cunetas, es reconocido por el Tribunal Supremo de 2019 como legítimo jefe de Estado, aunque fuera autoproclamado por la pólvora y la sangre. La sala del Supremo, colocando uno de sus pies fuera de la democracia, considera que el Caudillo tiene derecho a un tratamiento especial y por eso suspende cautelarmente una decisión del Congreso de los Diputados… Dice hoy la sala del Supremo que toma la decisión de que el cuerpo del dictador permanezca en el Valle de los Caídos por el interés general, pero lo hace, más bien, por un interés generalísimo. Y ese hombre, Azaña, el que firmó el decreto para crear 5.300 plazas de maestros y maestras, en plena guerra, en plena agresión fascista, yace enterrado fuera de su patria, en sus márgenes, fuera de la jurisdicción de ese tribunal que hace hoy apología del franquismo”.