Y que en el caso de que los tribunales así se pronuncien y obliguen a readmitir a los empleados despedidos, el futuro de la Radiotelevisión Valenciana puede ser tan negro como el de una pantalla de televisión apagada.
Y no se trata de una impresión más o menos compartida por los responsables del ente. Se trata de un escenario puesto por escrito, por sorprendente que parezca, en el contrato-programa, el documento que deben firmar Generalitat y RTVV y que, entre otros asuntos, fija la aportación que la administración autonómica realizará de forma anual al ente público para su funcionamiento. Pese a que la federación de empresas valencianas del audiovisual habían situado en los 80 millones de euros la cantidad mínima para que el ente público funcione con normalidad, la cifra que figura finalmente en el contrato-programa es de 68 millones.
Y esa cantidad, se especifica, viene condicionada a la nueva dimensión de RTVV, es decir, un ente público con poco más de 400 empleados -tal y como se concluye de la aplicación del ERE-. ¿Y qué pasa si los tribunales lo rechazan? Cuatro organizaciones sindicales tienen presentadas demandas colectivas por el Expediente aprobado en el ente público -la Audiencia Nacional ultima su decisión respecto al órgano judicial competente para tramitar esas demandas, aunque las fuentes consultadas consideran muy probable que termine siendo el TSJ valenciano-.
Fuentes conocedoras del proceso señalaron ayer que en el caso de que el TSJ valenciano sea el elegido para asumir las demandas presentadas contra el expediente, es muy posible que la Sala de lo Social estuviera presidida por su titular, Francisco José Pérez, que también presidió la Sala que anuló el ERE de Vaersa y que en alguna declaración pública ya ha puesto en cuestión las negociaciones previas a los despidos en empresas públicas.
Si los tribunales de justicia deciden anular el ERE, RTVV se vería obligada a readmitir a los trabajadores despedidos, y por lo tanto, recuperaría la plantilla anterior al expediente -situada en el entorno de los 1.700 empleados-. Si únicamente lo consideran improcedente, tal y como ocurrió con Telemadrid, entonces la empresa tendría que optar entre la readmisión de los trabajadores o el abono de una indemnización a los despedidos con el máximo de días por año trabajado que reconoce la ley.
De hecho, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, también planteó en su día la posibilidad de cerrar Telemadrid en el caso de que los tribunales hubieran anulado el ERE.
Que RTVV está preparando una posible anulación del ERE lo certifica también el hecho de que uno de los puntos del orden del día de la reunión de hoy sea precisamente ese, el de «análisis de riesgos y contingencias que suponen o pueden suponer para RTVV las posibles sentencias adversas» contra el ERE. Fuentes de la dirección del ente aseguraron a este diario que ese punto se había incluido en el orden del día a propuesta de los consejeros de la oposición, aunque otras fuentes que la presidenta del consejo podría haber optado por situar ese asunto en el capítulo de ruegos y preguntas, y no como uno de los puntos de debate del orden del día.
Hasta la fecha, el Gobierno valenciano ha venido sosteniendo su convencimiento de que el ERE de RTVV estaba planteado con el suficiente rigor como para que su anulación pudiera considerarse como impensable. Sin embargo, algunas circunstancias como la inclusión en el orden del día del análisis de los riesgos por si ese escenario se produce, o el hecho de que la directora general, Rosa Vidal, no haya firmado desde su llegada ningún despido -los cinco que le correspondían por fechas fueron aplazados por motivos técnicos- han hecho cambiar esa sensación.
En concreto, algunas fuentes aseguraron ayer a este diario que podría llegar a pensarse que la dirección del ente público trabaja con el único escenario de la anulación del ERE. De hecho, se aseguró que desde la llegada de Vidal sólo se habría firmado un despido en RTVV, y que, en contra lo ocurrido hasta su nombramiento, no habría sido firmado por la directora general, sino por el responsable jurídico del ente público. Las mismas fuentes aseguran que el texto por el que se habría comunicado ese despido se habría modificado respecto a los anteriores sin que el despacho de Garrigues hubiera sido informado.
Fuente: neeo