Con el rimbombante nombre de Ley de Desindexación de la Economía el Gobierno quiere acabar con las subidas automáticas de algunos costes y precios como los de los alquileres en función de la inflación anual...
Esta norma introducirá un nuevo índice de referencia que sustituya al Índice de Precios al Consumo (IPC) en las actualizaciones periódicas, entre otras, de ingresos y gastos, precios, tarifas, tasas y rentas de las Administraciones Públicas. El nuevo índice será más exigente que el IPC y en su formulación tendrá en cuenta el nivel inflación del 2 por 100 considerado por el Banco Central Europeo como estabilidad de precios.
El principal objetivo de esta norma, según el Gobierno es prevenir determinados "efectos de segunda ronda" en el proceso de formación de precios. De esta forma, se limita la influencia sobre la economía española de importantes perturbaciones de precios de origen exógeno y se consigue que la inflación esté más cercana a los fundamentos de la propia economía.
En este plano, el Gobierno se ha apresurado a decir que esta "desindexación" no afectará a las pensiones, ya que su reforma se llevará a cabo en el seno del Pacto de Toledo, ni tampoco a los salarios, que se pactan por los agentes sociales.
Por más que he mirado y buscado las reacciones que ha producido esta orden del Consejo de Ministros no he podido encontrar alguna que vaticine qué pasará a nivel de calle con este cambio en el índice de precios al Consumo (IPC). Para muchos es una ley "muy novedosa" cuyo fin es romper la escalada de precios, tratando así de conseguir una cultura de estabilidad de precios superando una práctica instalada desde los años setenta.
Veremos, pues, en qué queda todo. Por lo pronto, desde Moncloa señalan que está previsto que el Anteproyecto de Ley se presente al Consejo de Ministros a finales de mayo de este año, de manera que pueda entrar en vigor en enero de 2014, momento en el que se actualizan la mayor parte de los precios.