Si algo ha quedado claro en la crisis catalana es que el gobierno del PP es incapaz de controlar los fondos públicos porque el dinero abundante que tiene el independentismo, producto de haber exprimido con impuestos intolerables el bolsillo de los españoles, está siendo utilizado para todo tipo de suciedades y abusos, desde la financiación del separatismo y el odio a España en Cataluña, Valencia y Baleares, hasta fortalecer los privilegios de los vascos, muy superiores a los del resto de los españoles, y hasta para sostener el mafioso clientelismo que sostiene a la Junta de Andalucía en el poder desde hace cuatro décadas.
Pero lo mas grave es que hay mucho dinero público que se escapa del control porque los que están obligados a controlarlo no saben o no quieren hacerlo. Ese dinero los utilizan los gobiernos autonómicos y algunos partidos para financiar su clientelismo, pagar sobresueldos en negro, comprar voluntades y, en el caso de Cataluña y otras comunidades con gobiernos independentistas, para financiar el odio a España y la ruptura de la nación.
Otras cantidades de dinero público, imposible de cuantificar porque sos movimientos son más oscuros que la noche, se va por las cañerías de la corrupción.
Hay quien afirma que la Generalitat oculta dinero desde hace años y tiene escondidos nada menos que 33.000 millones de euros en Suiza, destinados a financiar la naciente república en sus primeros años de vida difícil ¿De dónde ha salido ese dinero? De nuestros impuestos, obviamente, y de las cuentas torpes y chapuceras de los gobiernos españoles.
Tan sólo por lo que está ocurriendo en España con el dinero, el gobierno debería dimitir. Los impuestos, en España, son de una crueldad inmensa porque siendo los mas desproporcionados de Europa, tienen que ser pagados por ciudadanos que cobran menos que los ciudadanos de Alemania, Francia, Inglaterra, Holanda y muchos otros países. Pero esos impuestos golpean y martirizan sobre todo a los trabajadores, clases medias, autónomos y pequeñas empresas porque los mas ricos y las grandes corporaciones saben como eludirlos o reducirlos y el gobierno lo permite.
Montoro, aparentemente infalible a la hora de perseguir a los pequeños morosos con Hacienda, es un desastre de Ministro, incapaz de hacer pagar a los poderosos y a las grandes empresas y de cerrar el grifo para que el dinero que nos arrebatan a los ciudadanos sirva para financiar todo tipo de canalladas y abusos.
El mal uso del dinero público que hace el gobierno es la peor manifestación de la corrupción española, más que el saqueo que practican algunos partidos y el robo directo de centenares de mafiosos y delincuentes con poder en los partidos políticos.
Hay grandes empresas en España que apenas pagan impuestos, después de rapartir cientos de millones de euros entre sus accionista, como también hay clubes de fútbol y medios de comunicación que deben cientos de millones a Hacienda, que no hace nada por cobrar, mientras que es implacable con un pobre ciudadanos al que se multa y exprime sólo porque ha cometido un pequeño error en su declaración anual de la renta.
Aunque los medios no lo digan, la verdad es que es difícil encontrar en el mundo un país peor gobernado, más injusto que España y con una democracia más degradada y podrida que la nuestra.
El ejemplo más hiriente, injusto y nauseabundo del uso que los políticos hacen del dinero público y de la inmensidad de los privilegios de los políticos es saber que Puigdemont, un golpista que ha machacado la ley y ha puesto a España al borde del conflicto civil, cobrará 9.000 euros cada mes el resto de su vida, sólo con reconocer que ya no es Presidente de Cataluña.
Francisco Rubiales
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