Mientras el conflicto escala, el Gobierno da más señales de apoyo a los que toman tierras y atacan edificios que a la provincia que pide ayuda.
Un repaso rápido pone la situación en blanco sobre negro. Sólo hechos: la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, le pide ayuda al gobierno nacional para defenderse de los ataques mapuches y el ministro de Seguridad Aníbal Fernández le contesta que no, que recurra al diálogo.
El ministro de Ambiente, Juan Cabandié, retira al Estado Nacional como querellante en la usurpación de tierras al Estado de una comunidad en Bariloche que responde al líder mapuche Jones Huala, condenado en Chile a 9 años de cárcel por ataques incendiarios.
El embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, se presenta en el juicio contra Huala y lo defiende enérgicamente.
Enseguida, senadores chilenos repudian esa defensa diplomática de Huala, a quien consideran un terrorista.
Lo mismo cree la gobernadora de Río Negro, a quien el gobierno deja sola.
Así se sintió también la fiscal que había investigado las tomas mapuches, Sylvia Little, quien presentó la renuncia por "agotamiento" después de que la justicia absolviera a una dirigente mapuche que, durante una indagatoria, le había tirado un objeto de escritorio por la cabeza.
Ahora, mientras la gobernadora aclara que no pide fuerzas federales sino que las exige, el Gobierno salió a decir que no enviará nuevos gendarmes pero "reagrupará" a los que ya están en la zona.
El procurador Ricardo Casal reaccionó más rápido: le rechazó la renuncia a la fiscal Little, la elogió por su trabajo y nombró a otros dos fiscales para que la ayuden.
Otro hecho: el vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas es Luis Pilquiman, un funcionario que llevó gente a la ocupación de tierras de Villa Mascardi, en Bariloche, alentando la toma ilegal.
Fue un funcionario nacional llevando gente a ocupar tierras del Estado nacional en una camioneta oficial.
Pilquiman depende del ministro de Justicia Martín Soria y sigue en su cargo.
Con ese apoyo concreto, explícito y en todos los frentes del gobierno nacional, los grupos mapuches siguen su guerra de fuego y acaban de incendiar el tercer "objetivo" en dos semanas.
Tras las llamas en una oficina de turismo en El Bolsón y en un galpón de Vialidad en Bariloche, ahora atacaron el Club Andino, también en El Bolsón. Un sitio emblemático de la ciudad, que quedó totalmente destruido.
El grupo que toma en El Bolsón un paraje llamado Cuesta del Ternero se autodenomina lofquemquemtrew y no figura entre ninguna de las 160 comunidades mapuches reconocidas en Río Negro.
Es un grupo intransigente que, según fuentes de la provincia, se niega a cualquier tipo de diálogo. Quien le advirtió esto a la fiscal es un familiar de Jones Huala.
La Justicia local investiga si integran este grupo otras personas llegadas desde otros sitios, como la Provincia de Buenos Aires.
En tanto, en la página de Facebook del club incendiado se agolpan los mensajes de los vecinos. Hay en ellos impotencia y angustia.
"Qué triste, por Dios. Qué pena nuestro Bolsón querido".
"¿Qué tienen que ver los edificios del pueblo? Cuánta maldad...".
"Parte de nuestra historia... cuatro generaciones de familias que se juntaban para hacer deportes... Los abrazo a todos".
Y otro, sencillo y esclarecedor: "¿Vamos a pedir Justicia? ¿A quién?".
La sensación general es que son rehenes: si hay que ir a pedir ayuda por el incendio al gobierno nacional, ahí están los que apoyan a los incendiarios.
Un día antes del fuego en el Club Andino de El Bolsón hubo una imagen símbolo: en el acto de Alberto Fernández en Chubut, el martes, flameó muy cerca del Presidente una bandera celeste, verde y roja, con un círculo amarillo en el centro.
El pabellón mapuche.
Origen: CLARIN