La Ley de 1964 que regula la concesión de medallas en la Policía señala que un civil podrá recibir tal condecoración si ha protagonizado “cualquier hecho que evidencia un alto sentido del patriotismo o de la lealtad con prestigio para la Corporación o utilidad para el servicio”; si “ha sobresalido en su empleo o cargo y eso ha redundado también en beneficio de la Policía; o si se ha distinguido “de cualquier modo no previsto” con las citadas consecuencias. ¿Cuáles de estos requisitos se han cumplido? El Gobierno se ha limitado a responder que “al ser una potestad de la Administración con carácter discrecional, no ha existido irracionalidad o arbitrariedad en la concesión de la misma”. Pero su explicación no a convencido a casi nadie.
Para Carles Mulet, senador de Compromís, esta condecoración atenta contra la misma de concesión de medallas de mérito policial. “Desgraciadamente, a pesar de existir civiles ejemplares, que se han esforzado por el beneficio común de la sociedad, tenemos una panda de ministros de Interior que condecoran vírgenes y cristos. Estos actos, en un estado aconfesional y moderno, son absurdos, ridículos y atentan contra el propio espíritu constitucional y lo que nos responden es poco más que, al ser una potestad discrecional, hacen con estas condecoraciones lo que les da la gana”.
Según Mulet, “el integrismo religioso y el radicalismo nacional-católico del PP, se ha dedicado a imponer su visión de los años 40 a una sociedad como la actual. Las creencias religiosas son todas respetables mientras respeten los derechos humanos, la igualdad y la legislación en vigor, y los ministros pueden actuar como ultras del OPUS en su tiempo libre, como ciudadanos, pero no como cargos públicos. Imponer medallas policiales a figuras religiosas es propio de otro tipo de regímenes”.