El tránsito del régimen especial de la Seguridad Social de las empleadas de hogar al sistema general está resultando, de momento, frustrante. Los empleadores han dispuesto de un plazo de seis meses —hasta el 30 de junio— para modificar los contratos y la cotización de las empleadas y ni siquiera bajo amenaza de multa se ha logrado que la integración al régimen general se haya extendido a las más de 300.000 trabajadoras que ya cotizaban en el especial. Los datos más actualizados —151.934 modificaciones a 31 de mayo— indican que el sector podría incluso haber aumentado su ya alto porcentaje de empleo sumergido salvo que las regularizaciones se hayan multiplicado en junio exponencialmente.
El Gobierno de Rodríguez Zapatero, cumpliendo una promesa electoral, puso en marcha la integración al régimen general para terminar con una discriminación histórica en el empleo doméstico que afecta fundamentalmente a mujeres inmigrantes. Bajo el régimen especial, estas empleadas estaban expuestas a condiciones abusivas: horarios casi sin límite, salarios por debajo del mínimo interprofesional, pagos en especie o bajas por enfermedad no retribuidas. El nuevo sistema mejora sus condiciones, pero no solo no supone una integración completa —las empleadas siguen sin tener derecho a paro—, sino que está generando nuevos problemas en el sector. El más importante es la imposibilidad de que las personas que trabajan por horas en varios domicilios tramiten por sí mimas su cotización. Sobre el papel, parece justo que sean los empleadores los que paguen proporcionalmente la cuota que les corresponde y desde la primera hora trabajada. En la práctica, tal tramitación a cargo de personas que apenas contratan a una empleada unas pocas horas a la semana ha resultado ser un obstáculo casi insuperable, además de hurtar a la empleada la posibilidad de controlar su propia cotización y, por ende, su situación legal.
Es una buena noticia que el Gobierno planee elaborar un informe con medidas para simplificar los trámites y corregir esos efectos secundarios que amenazan con lograr el resultado contrario al deseado por el legislador. En todo caso, el Ejecutivo debería tener en cuenta que la irregularidad de la situación en un colectivo mayoritariamente inmigrante está ahora doblemente penalizada con la pérdida de la tarjeta sanitaria.