Jorge Morales escribe, en Elplural,com, lo que fueron primero unos salvajes recortes a los ingresos de los ingenuos que osaron hacer la competencia a las eléctricas, invirtiendo en placas solares. “Luego, bajo la amenaza de un impuesto al sol, mantuvieron durante toda la legislatura al sector. Finalmente, a tan solo 70 días de las elecciones generales, el Gobierno aprobaba la que es, sin duda, la normativa sobre autoabastecimiento de energía más restrictiva del mundo. El absoluto desprecio a la energía excedentaria de quien pusiera un panel en su tejado, fuertes cargos —únicos en el mundo— por la electricidad que, sin salir a la red, iba directamente de la pizarra al frigorífico, innumerables trabas técnicas y administrativas y sanciones completamente desproporcionadas no bastaban. El último capítulo del ensañamiento de este Gobierno —ahora en funciones— contra la energía solar estaba por llegar.El pasado lunes, 11 de abril, se cumplían seis meses desde la entrada en vigor de tan señalada norma. El caos para la adaptación era absoluto. Las compañías eléctricas interpretaron de distinta manera los requisitos técnicos, sin saber qué responder ante los diferentes casos que se les presentaban. “El Ministerio de Energía no ha aprobado aún los reglamentos técnicos para gestionar los contadores y su medida –‘¿y así cómo vamos a facturar el ‘impuesto al sol?’, se preguntan–, el registro de las instalaciones, que se puso en funcionamiento, debe ser electrónico; pero se puede delegar; pero la delegación debe ser electrónica (con firma digital) –¿y entonces para qué se delega?–…“La patronal fotovoltaica (UNEF) solicitó hace tres semanas al Ministerio de Energía una prórroga hasta final de año, advirtiendo de una situación que iba a dejar a centenares de instalaciones a merced de unas sanciones que, atención, por un mero defecto administrativo pueden alcanzar los 60 millones de euros. Sin respuesta a la misiva, el pasado jueves once organizaciones medioambientales, sociales y de consumidores decidieron subir el tono y remitir una carta a Rajoy, insistiendo en una prórroga para evitar ‘ilegalizar el sol’”. La respuesta, según Jorge Morales, es que un gobierno en funciones no puede, tampoco, abordar lo que él mismo fue incapaz de prever en sus últimos días de legislatura. Prorrogar una concesión de una conflictiva planta de celulosa en la ría de Pontevedra, sin embargo, sí que es posible.Los firmantes de la carta pidieron a Rajoy que “resuelva el caos creado por el ministro José Manuel Soria y obligue a que el Consejo de Ministros a que acuerde una ampliación del plazo, al menos hasta final de año”. Denunciaban que “carece de sentido” poner trabas a la ciudadanía para que produzca su propia energía “en el país del sol”, que es “incomprensible” que el ministro Soria “siga obstinado en proteger los intereses de las grandes empresas eléctricas”.