En la exigencia de responsabilidad ante la Justicia, por los delitos cometidos por los políticos catalanes que declararon unilateralmente la independencia, ha sorprendido la encarcelación de quienes se pretende soporten, sin medidas suavizantes, todo el peso de la ley en su extrema y más dura aplicación. Es cierto que los independentistas actuaron al margen de la ley y de manera fraudulenta para justificar, con un referéndum no válido y amañado, lo que ya tenían decidido: declarar la independencia de la región. También es cierto que nunca quisieron dialogar para, con respeto a la legalidad, buscar vías alternativas a sus demandas secesionistas en el marco del Estado de Derecho, donde no se contempla la fragmentación de la soberanía nacional ni la desmembración del Estado, pero sí fórmulas para adecuar los anhelos soberanistas con el federalismo de un Estado de las Autonomías que posibilita un poder descentralizado y con gran capacidad de autogobierno. Cualquier reclamación identitaria podía y puede ser satisfecha desde la lealtad institucional y el respeto escrupuloso a la legalidad. Fuera de ese marco, sólo hay vacío, un vacío ocupado por el delito. Y quienes se empeñaron en alcanzarlo, duermen esta noche en la cárcel, aunque ello sea una medida desproporcionada que no ayuda ni a la recuperación de la normalidad institucional ni, mucho menos, al entendimiento necesario entre quienes esgrimen ideas legítimas aunque opuestas. Como mucho se les podría considerar delincuentes políticos, no criminales. Ojalá esta exhibición de rigor con el martillo del Código Penal no agrave la situación, pero me temo que ello es imposible si el Ministerio Fiscal, dependiente del Gobierno, defiende las medidas ejemplarizantes que tanto gustan a los que gritan “a por ellos”. Así, será difícil que en las próximas elecciones catalanas vote el sentido común y la sensatez frente a estos excesos de visceralidad gratuita por parte de todos.