EL HILO ROTO“Cuando la dictadura es un hecho, la revolución se convierte en un derecho”. Víctor Hugo (1802- 1885), escritor, político e intelectual francés, autor de “Los Miserables”.En los oscuros vericuetos de las maquinaciones oficialistas, la oposición trata de desentrañar esa combinación de maldad y abuso que signa todas las actuaciones de los revolucionarios.Venezuela pasa la peor crisis política, económica y social de su historia, mientras el régimen madurista trata de apalancarse, por encima del desprecio popular hacia su gestión. No tiene votos pero sí poder, el que les da la complicidad de la cúpula del resto de los poderes, que están tan interesados como el ejecutivo en seguir beneficiándose del erario público y de una permanencia en el gobierno que les garantice inmunidad judicial… al menos dentro de las fronteras venezolanas. Para ello, cualquier arbitrariedad es permisible, las leyes las acoplan a capricho, violentan la constitución con excusas de soberanía y patria.Después que su alegado “poder popular” fue molido en las elecciones parlamentarias de 2015, los poderes públicos aliados del chavismo, han hecho lo imposible para invalidar todas las funciones de la Asamblea Nacional, violando el mandato que por voto directo dio el pueblo a sus diputados. Comenzaron por rebanar la mayoría calificada (2/3), que es de 112 diputados y la oposición los tenía en su haber. Para ello, una candidata perdedora del PSUV en Amazonas, interpuso una queja ante el complacientemente chavista TSJ, el cual rompió el descanso navideño para emitir una decisión que invalidaba a los diputados de Amazonas, 3 de ellos opositores, por lo que perdieron la mayoría calificada.Pese a que el CNE había proclamado a esos diputados, en clara afirmación de que no hubo irregularidad alguna en su elección, las señoras rectoras callaron y permitieron invalidarlos. Esto ocurrió en diciembre de 2015, han transcurrido 15 meses y el TSJ, que acordó la invalidación en horas, no ha sido capaz de una decisión, ya sea reincorporarlos u ordenar una nueva elección. Mientras tanto, Amazonas no tiene diputados. Los votos de los ciudadanos de ese estado son basura para los ilustres magistrados.
Para presionar una decisión, la Asamblea incorporó a los diputados amazónicos, la excusa perfecta para que el TSJ la declarara en “desacato”. La AN los desincorporó nuevamente para eliminar esa condición pero desde entonces, el tribunal ha desechado las 54 leyes y acuerdos aprobados por la mayoría opositora. Y la mantendrá en ese limbo del desacato, para anular todo el trabajo parlamentario que se realice. Como si fuera poco, el gobierno de Maduro cortó el envío de presupuesto a la asamblea desde hace 10 meses, por lo cual los diputados no cobran su sueldo ni el capitolio dispone de recursos para subsistir. Especialmente los diputados del interior del país se las ven de cuadritos para asistir a Caracas, considerando los cada vez más escasos vuelos nacionales y que las líneas del gobierno no venden pasajes a diputados de oposición. La sede del parlamento está permanentemente sitiada por colectivos pagados por la Alcaldía de Libertador cuyo único oficio es insultar, agredir, escupir y humillar a los asambleístas.Como si fuera poco el “ninguneo” aplicado a la AN, el TSJ ha prorrogado continuamente durante más de dos años un decreto de emergencia económica que da poderes absolutos al presidente para disponer del presupuesto nacional sin la aprobación y contraloría parlamentaria. La advertencia de la Asamblea hacia organismo internacionales que conceden créditos, de que estos no serán reconocidos si no son aprobados por la instancia parlamentaria -como señala la ley-, parece que está siendo entendida.El gobierno de Maduro, sin los petrodólares y el carisma popular del finado comandante, ha botado por la borda la construida imagen de gobierno misericordioso con el pueblo, que hacía mucho por los pobres. Aunque lo atribuya a la caída de los precios petroleros, el heredero ha ocasionado un caos económico, institucional y moral. A Maduro no lo está tumbando la oposición ni la Asamblea ni la OEA, sino el hambre y las necesidades de un pueblo que atribuye la culpa del desastre a la gestión inepta y corrupta de una cúpula cívico militar que quiere enquistarse para siempre en el gobierno, al estilo castrista.
El gobierno ve conspiraciones en todas partes. Y seguramente las hay: un gobierno que cierra las puertas a un legítimo revocatorio, que suspende unas elecciones regionales que sabe va a perder, un presidente que dice “aquí no va a haber elecciones hasta que estemos seguros de ganarlas”, obliga a los ciudadanos a buscar vías diferentes a la electoral. Como la presión de organismos internacionales, como el cierre del crédito al gobierno, como la protesta activa y hasta la desobediencia civil.En la soberbia del poder, un cuestionado grupo de “magistrados” emitió dos sentencias para acabar con la inmunidad parlamentaria y con las competencias que aún le restan a la AN. Un poder derrocando a otro poder. Un golpe de estado. La Fiscal Luisa Ortega Díaz, que quiere salir por la puerta grande de la Fiscalía, ya que éste año se jubila y desea residir en Europa con su hija, aprovechó su memoria y cuenta para calificar las sentencias del TSJ como “ruptura del hilo constitucional”. La prueba más grande de la inexistencia de la separación de poderes fue la reunión cupular esa noche en Miraflores, sin la Fiscal y a puertas cerradas. Era el Consejo de Defensa Nacional, un órgano asesor de la presidencia, para resolver lo que Maduro llamó un “ímpase”, con acento en la í. De allí salió un “exhorto” al TSJ para que revisara las sentencias y la satisfacción del presidente declarando que el gobierno no necesita injerencias externas, en clara alusión al escándalo mundial que denunciaba golpe en Venezuela por dichas sentencias.En horas apareció en la página del TSJ la enmienda de la sentencia, algo que cualquier abogado sabe que no procede. Tres días después finalmente abrió la página y las sentencias “tippex” son un aborto jurídico. La OEA, Mercosur, la ONU, la UE se pronunciaron. Pero la Asamblea sigue en “desacato”. La Fiscal no ha actuado contra el delito constitucional cometido por los magistrados. El parlamento anuncia que destituirá a los magistrados, pero las opiniones jurídicas anuncian la imposibilidad de ello sin el visto bueno del Consejo Moral Republicano, integrado por el Defensor Tareck W Saab, la Fiscal Ortega Díaz y el Contralor Manuel Galindo. Por eso los venezolanos están en la calle, ya hartos de un gobierno que preferirá salirse de la OEA antes que acatar sus decisiones; que mutilará toda elección hasta que saque el juego a los partidos políticos; que no se conduele ante el dolor y la muerte de tantos venezolanos; que no deja el menor espacio para la libertad. El régimen rompió el hilo y ya más nunca podrá empatarlo.Charitorojas2010@hotmail.com@charitorojas
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