So capa de una preocupación, a todas luces insincera, por las dizque nocivas emisiones de óxidos nítricos (NOx), se nos dice en España que la Unión Europea impulsa una lucha contra el gasóleo que nosotros vamos a secundar subiéndole los impuestos; lucha cuya principal beneficiaria, no obstante, no será la atmósfera ni la salud de la ciudadanía, sino la industria del automóvil y, claro está, la Hacienda pública. ¿Por qué?
Primero porque eso de que el gasóleo es más contaminante o nocivo que la gasolina está muy lejos de ser una cuestión zanjada, y menos aún definitiva: si bien la combustión del gasoil, por un lado, emite más NOx (potencialmente nocivos para la salud), por el otro produce menos COx (responsables del efecto invernadero); y, en cualquier caso, las emisiones de los motores que cumplen la última normativa Euro 6 son muy similares a las de la gasolina. Si la salud fuese el problema, las autoridades tomarían más bien medidas para jubilar a los coches más antiguos de ambos tipos, que contaminan hasta cinco veces más, pues la de subir el precio del gasoil impacta lo mismo a los nuevos que a los viejos. Segundo porque al acribillar con impuestos y trabas a todos los diésel, todos sus propietarios se verán más empujados a cambiarlo por versiones menos penalizadas, y estaríamos hablando de más de mil millones de turismos que los gobiernos europeos nos urgen a sustituir. Una cifra espectacular, demasiado golosa como para dejar fuera de sospecha a los fabricantes.
Y lo curioso de este panorama es que sea precisamente Pedro Sánchez, un socialista, quien muestre tanta premura por establecer una subida impositiva que, mire usted por dónde, perjudicará más a las personas con menos recursos, que son quienes, por economía, se compraron un diésel (y ahí están las estadísticas para comprobarlo). Los más pudientes suelen preferir el gasolina. Todo lo cual sugiere poderosamente que, como se afirma, la medida se adopta no por nuestra salud, sino para recaudar impuestos y favorecer al sector.
Sin embargo, nada de esto se nos dice, claro, y el gobierno insiste –con la inestimable y obediente colaboración de la prensa– en que se trata de un impuesto medioambiental. Más aún: ahora están tratando de colarnos que, contra esta subida, se avecina una “guerra del gasoil” apoyada, o incluso impulsada, por los fabricantes de automóviles, los cuales, ¡pobrecitos!, serían los principales perjudicados por el impuestazo. Pero esa aseveración no se tiene en pie.
Por una parte, además del considerable incremento directo en el coste del repostaje que tendrán que soportar cada vez que vayan a la gasolinera, los propietarios de coches diésel, por el sólo anuncio de la subida subida, ya están viendo disminuido su patrimonio, pues a quien quiera venderlo hoy le darán dos mil euros menos que hace un mes, al haber disminuido su valor venal proporcionalmente al encarecimiento esperado del gasoil, y tanto más cuanto menos edad tenga el vehículo (ya que estará menos amortizado). De hecho, en estricta justicia, la Administración debería indemnizarlos, en virtud de su responsabilidad patrimonial, por dicha minusvalía, máxime teniendo en cuenta la directa responsabilidad de los gobiernos en la alta proporción de vehículos diésel en España, derivada de habernos dicho durante años que, al ser más ecológicos, el combustible tenía menos gravamen. Pues bien: esta pérdida, en términos totales y habida cuenta el tamaño del parque, superará fácilmente los diez mil millones de euros. Para evitar tal injusticia sería preciso que el Gobierno diese una moratoria a la subida del gasoil como mínimo igual al período medio de amortización de un coche diésel, de modo que quienes ya tienen uno no se vean perjudicados por la decisión de compra a la que fueron inducidos y, también, que los potenciales adquirentes dispongan de la debida información veraz de cara a su compra futura.
Por otra, ocurre que los fabricantes de automóviles ganan lo mismo vendiendo un tipo de motor u otro, y si sólo sube el gasoil lo único que ocurrirá es que el comprador se decidirá más bien por un modelo gasolina/híbrido/eléctrico; así que las casas nada pierden: fabricarán (y venderán) menos de un tipo y más de otro. Más aún: no sólo no pierden –y he aquí la clave fundamental– sino que, habida cuenta lo ya dicho, muchos actuales propietarios de coche diésel adelantarán su decisión de cambiarlo por versiones menos penalizadas, proporcionando así colosales beneficios al sector automotriz.
Resumiendo: quienes, para ganarse nuestra simpatía y apoyo, ahora pretenden escenificar una “guerra del gasoil” contra la subida impositiva, son precisamente aquellos en cuyo beneficio –y a nuestra costa– se toma la medida. La burla no puede ser más insultante.