Revista Opinión

El insufrible drama de la clase política española

Publicado el 17 marzo 2012 por Franky
El insufrible drama de la clase política española El Consejo de Ministros, con una lentitud desesperante, sigue adelante con sus reformas y recortes y decidió ayer suprimir 24 de sus 228 empresas públicas, algunas de las cuales, según la vicepresidenta Soraya, tenían más consejeros que empleados y otras estaban sin actividad, pero con gente cobrando, desde hacía más de veinte años. La reducción afectaría solo al 10 % y no al 17, como dijo el Gobierno. Contando entidades de autonomías y entidades locales hay 2.372 empresas públicas, 626 fundaciones y 1.055 consorcios, de los que más de la mitad son prescindibles, según diversos informes de expertos.

La medida es insuficiente, pero digna de elogio y demuestra también, hasta más allá de toda duda, que los gobernantes españoles han cometido abusos intolerables en su delictiva orgía de despilfarro, creando miles de instituciones y empresas públicas innecesarias a lo largo y ancho del país, una actuación contraria al bien común que debería tipificarse como delito y castigarse como estafa y fraude a unos ciudadanos que, para costear esos despilfarros, se encuentran postrados y esquilmados por los impuestos.

Las fechorías de los gobernantes son tantas y tan profundas e indecentes que dan asco y demuestran, una y otra vez, con certeza milimétrica, que el mayor problema de España, el origen y el causante de casi todos los demás, desde el desempleo masivo a la pobreza y la quiebra económica, son sus políticos, arrogantes, aislados del pueblo, ajenos a la democracia y muchos de ellos corruptos y delincuentes.

Uno de los ejemplos más gráficos y didácticos del abuso, la indecencia y la iniquidad política se está produciendo en Cataluña, donde la Generalitat ha aprobado el injusto "copago" en Sanidad, lo que significa expoliar todavía más al ciudadano, obligándole a pagar dos veces por el mismo servicio básico, sin otro fin que mantener las pensiones de lujo que cobran los expresidentes Pujol, Montilla y Maragall, sin haber realizado muchos recortes en sus propios lujos y privilegios, sin haber cerrado la costosa televisión autonómica, ni las subvenciones a la lengua catalana, ni las embajadas ridículas en el exterior, ni los muchos despilfarros vigentes.

El Ministro Montoro dice que con sólo pagar las deudas de las administraciones públicas a los proveedores, se recuperarán 100.000 puestos de trabajo, lo que significa reconocer que los impagos del Estado, impunes y contrarios a la ley vigente, aunque ese delito, como otros muchos cometidos por los políticos, nunca haya sido perseguido, han destruido miles de empresas y debilitado mucho el tejido productivo español.

Si a esas actuaciones de impagar las deudas, crear empresas e instituciones innecesarias se agregan otras cometidas también por los políticos con poder, tendríamos argumentos más que suficientes para que una justicia independiente y justa procesase a los actuales grandes partidos gobernantes, incluyendo a algunos nacionalistas, como asociaciones de malhechores.

Los partidos, desde el poder, han cometido una lista de abusos, corrupciones y hasta delitos inmensa, entre los que destacan los siguientes: despilfarro, endeudamiento enloquecido, enriquecimiento ilícito, manipulación de concursos públicos, manipulación de subvenciones, robo del dinero público, manipulación de oposiciones, otorgamiento de contratos y de puestos de trabajo a dedo, sin respeto a las normas legales, persecución, marginación y acoso de los críticos y de los que piensan distinto que el poder, utilización del dinero público y de los recursos públicos en beneficio propio, creación de instituciones, empresas y puestos de trabajo innecesarios, sin otro fin que colocar a amigos del poder o burlar las leyes y normas que limitan el endeudamiento público, cobro de comisiones ilegales, algunas en nombre "del partido", y un largo etcétera que convierte a la clase política española en una de las más corruptas y repugnantes de Occidente.

Los ciudadanos, ante esos abusos, algunos tan trascendentes y dañinos como los que ha cometido el gobierno de Zapatero, que han dejado a España al borde de la quiebra y han arrebatado al país la credibilidad y el prestigio internacional, no pueden hacer prácticamente nada, salvo arriesgar su seguridad y hasta sus vidas con revueltas callejeras más o menos violentas y desesperadas, porque los políticos, previamente, han cometido otro delito que, aunque, como otros muchos, no esté tipificado, constituye el peor atentado contra la decencia y la dignidad de una nación y de sus habitantes: haber alterado las leyes democráticas para poder actuar, desde el gobierno, con una despreciable impunidad práctica.



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