Entre 1884 y 1903, cuando murió, ejerció en un pueblo del lejano oeste Roy Bean, un desconcertante y popular juez reelegido varias veces por aclamación de sus vecinos que se hizo famoso como “El juez de la horca”.
Aplicaba las leyes según le convenía, y a veces se las inventaba. Un día encontró a un muerto con un revólver y 40 dólares encima. Le impuso una multa al cadáver por esa cantidad por no llevar el permiso del arma, y se quedó con el dinero.
Si alguien se quejaba, advertía que tenía libertad para interpretar y aplicar las leyes. Bajo ese precepto dictó sentencias sabias y otras injustas y alocadas.
Un siglo después el juez Baltasar Garzón ha denunciado al Tribunal Supremo español ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo por impedirle usar la misma libertad de interpretación legal que aplicaba Roy Bean.
Garzón se encuentra suspendido en sus funciones por el Supremo por presuntos delitos de los que quizás el menos importante, aunque el más llamativo, fue aplicar su peculiar libertad interpretativa para anular la Ley de Amnistía de 1977.
Otro caso tiene que ver con su interpretación de la ley a su gusto para espiar presuntamente las comunicaciones entre procesados y abogados, cuando no había delitos de terrorismo, violencia o narcotráfico.
El último, el más feo, es el de haber ocultado supuestamente donaciones de distintas empresas a las que les pidió patrocinio para dar unos cursos en EE.UU. Después, rechazó investigar a sus donantes cuando se presentaron denuncias contra ellos.
Lo más estupefaciente es que ahora pide ayuda al Tribunal Europeo que lo condenó anteriormente por no haber respetado los derechos humanos del algún implicado en el caso Gal, abierto por él presuntamente para vengarse de Felipe González por no haberlo nombrado ministro.
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