El magistrado subraya que esta carta de despido debe considerarse cuando menos improcedente, y critica que se trata del prototipo "que el propio sindicato, hoy demandado, denuncia como improcedente" en los pleitos laborales en los que participa.
El Juzgado de lo Social ha declarado nulo el despido de la trabajadora de UGT que denunció pormobbingoacoso laborala una dirigente de la Federación de Servicios de este sindicato, por entender que fue despedida como represalia por sus manifestaciones sobre esa supuesta persecución laboral yqueUGTno acreditó que las afirmaciones de la trabajadora excedieron los límites de la libertad de expresión.
Al haberse declarado nulo este despido, el sindicato debe readmitir a la demandante en su puesto de trabajo de forma inmediata, con las mismas condiciones laborales y abonándole los salarios que dejó de cobrar, aunque cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia.
La sentencia destaca que en este caso existen"indicios de represalia"por las manifestaciones que hizo la trabajadora denunciando un supuestoacoso laboraly por sus reclamaciones laborales.
El juez de lo Social número 1 de Santander entiende que el sindicato no acreditó que las afirmaciones de la trabajadora excedieron los límites de la libertad de expresióny añade que ve "sorprendente" que se acordara una sanción sin investigar las acusaciones de esa persona.
La sentencia alude a algunos de los episodios que la trabajadora achaca a la secretaria de Organización de la Federación de Servicios del sindicato, como el cierre de armarios o que no se le daba información de la Federación.
La demandante, que fue despedida en noviembre de 2012, había trabajado en UGT como técnico para conciliaciones desde mayo de 2007, aunque en junio de 2010 le hicieron un contrato indefinido.
Según el fallo, en el acta de una Comisión Ejecutiva de la Federación de Servicios de UGT de mayo de 2012 consta que esta secretaria de Organización se quejó de la trabajadora y aseguró que el sindicato había tenido que pagar más de 4.000 euros por expedientes que se le pasaron de plazo. También se quejó la dirigente sindical de las "malas contestaciones" de esta trabajadora, de que desaparecía sin dar explicaciones y de que comentaba asuntos internos de la Federación de Servicios.
Pero el acta reflejó que los miembros de la Ejecutiva comentaron que no habían oído nada y que su trato con la demandante era muy cordial. Sin embargo, la secretaria de Organización entregó días más tarde una carta a la trabajadora para comunicarle un nuevo horario de trabajo que fue impugnado ante el Juzgado, aunque hubo acuerdo extrajudicial. Después la secretaria de Organización le dio a esta persona otra comunicación en la que le achacaba que tramitara expedientes de trabajo ajenos al sindicato y en la que le amenazaba con medidas disciplinarias.
En la sentencia del Juzgado de lo Social, el magistrado subraya que esta carta de despido debe considerarse cuando menos improcedente, y critica que se trata del prototipo "que el propio sindicato, hoy demandado, denuncia como improcedente" en los pleitos laborales en los que participa.
Así, incide en que se trata de una carta con "evidentes" generalidades y en la que no se concretan los hechos que se atribuyen a la trabajadora despedida”.
La sentencia concluye que, "indiscutiblemente", ese despido se decidió por las manifestaciones que la demandante hizo a varias personas, en las que decía que era objeto de acoso laboral por parte de la secretaria de Organización.
Antecedentes
La trabajadora que planteo la denuncia, la abogada Isabel Fernández Torre, comentó que lleva dos años sometida a presión en el trabajo por parte de su jefa directa. En este tiempo, declara que se ha visto sometida a una campaña de desprestigio profesional, amén de enfrentarla con sus compañeros de trabajo. Esta situación le provocó enfermedades físicas que acabaron con un cuadro de ansiedad y depresión.
Sin embargo, durante todo el tiempo "he intentado solucionar el problema".Asegura que su trabajo le encanta porque le permite ayudar a mucha gente que desde un despacho profesional sería imposible. Y declara que pese a todos los intentos por solucionar este problema no ha sido posible. Incluso Gómez Bustillo le puso una denuncia por injurias y calumnias.
El pasado 5 de noviembre recibió la carta de despido. Ante esta situación, decidió poner la situación en conocimiento del juzgado. Su denuncia se admite a trámite y Emilia Gómez Bustillo aparece como imputada en un delito de acoso laboral.
Ahora, el Juzgado de Instrucción número 3 de Santander, ha citado a declarar a Gómez Bustillo, mediante un auto en el que acuerda investigar los hechos denunciados. Gómez Bustillo ha sido citada para el 8 de enero en calidad de imputada.
Según se relata en la denuncia de acoso laboral, la afectada comenzó a trabajar para la Federación de Servicios de UGT en mayo de 2007 desempeñando labores administrativas y de asesoramiento jurídico, laboral y social a los trabajadores afiliados a esta sección sindical.
La trabajadora asegura que a principios del año 2011 la responsable de Organización de la federación empezó a adoptar distintas actuaciones para propiciar su marcha voluntaria del sindicato, entre ellas, cambiarle el horario de forma injustificada y encargarle trabajos cada vez de menor cualificación.
También acusa a Gómez Bustillo de insultarla y menospreciarla en conversaciones con otros delegados de personal y de difundir rumores "falsos" sobre su trabajo y su vida privada.
La trabajadora lleva más de un año en tratamiento por un trastorno mixto ansioso-depresivo que achaca de forma directa a esa supuesta situación de acoso, que ha terminado ahora con un despido disciplinario.
Según explica en la denuncia, en junio de 2012 fue convocada a una reunión de la comisión ejecutiva de la federación para intentar solucionar los problemas con la responsable de Organización. Y en ese encuentro la invitaron a hablar con total libertad porque lo tratado sería confidencial.
Sin embargo, asegura que Gómez Bustillo utilizó el contenido de esa reunión para formular una queja contra ella ante la federación estatal, que derivó en la apertura de un expediente disciplinario y, finalmente, en su despido.
En esa queja se acusaba a la trabajadora de hablar mal de la secretaria de Organización, de intentar enfrentar a unas personas con otras y de "reiterados errores, actos de indisciplina, desobediencia y ofensas" a algunos miembros de la ejecutiva regional de la federación.
Según sostiene la trabajadora, fue la propia responsable de Organización la que envió ese escrito a la federación nacional aprovechando la ausencia de otros miembros de la ejecutiva regional que se oponían a remitir la queja.
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