Este hecho salió a la palestra hace ocho días, pero después de ver que la cuestión sigue igual y de oír ayer a uno de los protagonistas, no he podido dejar de publicarlo y denunciarlo en Kabila.
Como seguramente ustedes saben, a Trinidad Jiménez, una anciana de 84 años que se recupera de un ictus, la Generalitat de Cataluña ha decidido retirarle la pensión de 104 euros. La razón es que al estar ingresada y dormir, comer y ser atendida por un establecimiento público dicen que no ha lugar la pensión.
Pero la cosa no queda ahí, el gobierno de Artur Mas además, le ha pedido que devuelva el importe relativo a los meses de junio y julio, o sea 208 euros.
Su marido, que ha sido operado de cáncer dos veces y que cuida de ella, cobra una pensión de 589 euros, de donde debe pagar el alquiler de la casa y los gastos corrientes de subsistencia, por lo que la pensión que obtenía su mujer era esencial para poder sobrevivir.
Una canallada como la copa de un pino. La Generalitat no da marcha atrás para no crear agravios comparativos, y se mantiene en sus trece. De ahí que me decida a hablar del tema. Lo lógico hubiera sido que esta medida hubiera sido corregida, como yo pensé en su momento, pero parecen no estar dispuestos.
Este gobierno catalán incapaz de sacar a su gente de la crisis, endeudado por su mala cabeza, con casos de corrupción importante como fue el caso del Liceo, y que acaba de pedir un rescate de más de 5000 millones de euros, resulta que ahora es capaz de quitarle la pensión a una anciana que lo necesita y, no conforme con eso, además pretende que le devuelva 208 euros.
El marido ha declarado que, aunque lo ve injusto, está dispuesto a pagar esos 208 euros, pero que la única manera es hacerlo en mensualidades de 10 euros. Bueno, pues la Generalitat ha dado la callada por respuesta, no sabemos si porque mantiene que se le pague de una vez, o porque no sabe qué decir, o porque le da vergüenza hablar de algo tan miserable.
La única declaración conocida es la del Consejero de Bienestar Social, Josep Lluis Cleries, quién calificó el hecho de “molesto” pero insistió en que tienen que pagarlo. Y lo dice un consejero que recibe por su trabajo unos siete mil euros al mes del erario público.
Ayer el marido en una entrevista, con lágrimas en los ojos, llamaba canallas a los gobernantes de la Generalitat, al mismo tiempo que agradecía la solidaridad mostrada por particulares que en pocos días le han ingresado más de 2000 euros, dinero que le servirá para que, cuando sea dada de alta su mujer, pueda tener la vivienda arreglada y adecuada a la nueva situación.
¿Cómo es posible que se pueda llegar a este punto? Parece una anécdota, pero es un ejemplo tan clarificador que hace saltar las alarmas de este gobierno catalán insensible, incapaz de solventar un problema de tan fácil solución, pero que, sin embargo, es capaz de cosificar a las personas y de mantener una actitud que como poco hay que calificarla de canallesca y miserable.
Salud y República