Esta crónica no trata sobre el Ministerio Fiscal, sino sobre el Misterio del Fiscal: ¿Se une ya alguna fiscalía de la Audiencia Nacional al apaciguamiento de Pedro Sánchez con los separatistas?
Esta semana se ha dado un caso al que llamaremos “El Misterio del Fiscal de la Audiencia Nacional” que rechazó apoyar una querella contra la justicia belga y contra Carles Puigdemont y sus aliados por falsificar la traducción al francés de una frase del juez del Supremo Pablo Llarena, utilizándola para demandarlo.
Miguel Ángel Carballo niega incluso que esa traducción, base de la demanda en Bélgica, estuviera sido hecha aposta, cuando a primera vista se comprueba, hecha con intención para imputar al alto magistrado español sin jurisdicción sobre él en otro país.
Puigdemont y sus exconsejeros huidos demandaron civilmente a Llarena en Bélgica por vulnerar su derecho a un juicio justo por afirmar, según ellos, que delinquieron sin haber sido juzgados.
Falsificaron una frase de Llarena tras una conferencia en Santander. Habría afirmado, decía la traducción manipulada, que los dirigentes catalanes habían cometido delitos; pero realmente dijo que habría delitos si los “hubieran” cometido.
Cambiaron el condicional del juez, que no prejuzgaba, por una afirmación que los denominaba implícitamente delincuentes.
Un equipo de juristas españoles, entre ellos exmagistrados del Supremo y exfiscales de la Audiencia Nacional, se querelló ante la Audiencia Nacional contra la juez belga por carecer de jurisdicción para admitir la demanda, contra el abogado de Puigdemont, el excolaborador de ETA Gonzalo Boye, contra la traductora y contra todos los demandantes, los dirigentes de Generalidad procesados por Llarena y huidos a Bélgica y Escocia.
La querella estaba muy razonada y era impecable jurídicamente, según los juristas denunciantes, que buscan ahora las misteriosas razones por las que rechaza apoyarla la Fiscalía, sobre todo negando una falsificación tan obvia de las palabras del magistrado español.
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SALAS