Ahora viene el reto de construir legitimidad y reformar la justicia
La Razón – ANIMAL POLÍTICO – 30 de octubre de 2011 Los nuevos magistrados tienen ante sí un reto político y uno administrativo: por un lado, mostrar que, pese a los votos nulos, son las nuevas autoridades idóneas para dirigir el nuevo Órgano Judicial; y, por otro, emprender la dura batalla de la reforma de la justicia, en el marco del nuevo Estado Plurinacional.
El nuevo Órgano Judicial entrará en vigencia en enero del 2012; lo hará con la posesión de sus magistrados, aquéllos que fueron electos el 16 de octubre. Resultados también de la polémica, el fuego cruzado entre oficialismo y oposición por los votos válidos y nulos, los nuevos magistrados del país tienen grandes tareas: construir su legitimidad, la independencia en nuevas condiciones de este poder del Estado, y conducir la tan ansiada reforma del sistema judicial boliviano.Según Carlos Alarcón, constitucionalista y ex ministro de Justicia de Carlos Mesa, el primer problema que tendrán que resolver los nuevos magistrados será la “falta de confianza ciudadana” con que llegarán a Sucre, la sede del Órgano Judicial, debido al elevado porcentaje de votos nulos.Para mal o para bien, no se trata de jueces que “sólo deberán ejercer el cargo y punto, sino que tienen la misión histórica de ejercer un liderazgo”, un rol literalmente “histórico”, dado el esfuerzo nacional en su elección y la expectativa que hasta ahora han levantado las actuales reformas, apunta por su parte el ex defensor del Pueblo Waldo Albarracín.En cambio, para el viceministro de Justicia, Nelson Cox, el verdadero problema de las autoridades electas será cómo empezar a construir la “nueva justicia”, por eso es que la primera tarea que se impuso el Estado en su conjunto es asegurar la transición transparente del Poder Judicial al nuevo Órgano Judicial.La idea de la transición —apunta— es dejar lo más saneado y ordenado posible el actual sistema. La futura Ley de Transición será aprobada máximo hasta fines de noviembre, adelanta la presidenta de la Comisión de Justicia Plural de Diputados, Cecilia Ayllón.
ESCALAFÓN. El ex parlamentario Carlos Böhrt, quien participó en la redacción final de la nueva Constitución Política del Estado (CPE), asegura que la gran tarea que desde el primer día deberán encarar los jueces es la “revisión del escalafón judicial”, para lo cual, la CPE incluso establece un tiempo: “en el plazo máximo de un año después de que entre en vigencia la Ley del Órgano Judicial” (Disposición Transitoria Sexta). Tal como anunciara La Razón el martes 25 de octubre, la “revisión” alcanzará a cerca de 4.000 funcionarios, entre ellos, unos 500 jueces, apunta Böhrt.Frente a la natural susceptibilidad de que esto no signifique otra cosa que una “masacre blanca”, la diputada Ayllón afirma con énfasis que todos los jueces y funcionarios judiciales hoy vigentes, una vez posesionados los nuevos jueces, continuarán ejerciendo su labor, “hasta que sean evaluadas y hasta que se aplique la nueva estructura” de los nuevos tribunales, “en base a la aplicación progresiva de la Ley del Órgano Judicial”.Con todo, es la misma Constitución la que señala que una de las garantías de la independencia del Órgano Judicial (junto a su autonomía presupuestaria) es “el desempeño de los jueces de acuerdo a la carrera judicial” (artículo 178).
PROCEDIMIENTO. Pero la gran esperanza de cambios tangibles, que la ciudadanía debería sentir en el funcionamiento cotidiano de la justicia, es la reformulación de la mayoría de los códigos procesales, los códigos del procedimiento judicial, insiste el viceministro Cox.Entre los distintos órganos (poderes) del Estado ya se formaron las llamadas “comisiones codificadoras”, entidades encargadas exclusivamente de elaborar nuevos códigos de la manera en que debe funcionar la justicia.Si algo hay que desacredita al sistema judicial es la retardación de justicia y, a raíz de ésta, la corrupción. La retardación tiene su origen en la forma en que están dispuestos los procedimientos, trámites, rituales, recursos legales... la hasta a veces alucinante chicana jurídica en que se empantanan los procesos. Pues, bien, con la reforma de los códigos de procedimiento en por lo menos cuatro grandes áreas (civil, penal, laboral y agraria) —señala Cox— se ataca directamente a dicha retardación.Los nuevos códigos permitirán —dice— desmontar la lógica formalista de la justicia boliviana: el hecho de que los abogados ya no litigan el contenido de los casos, sino sólo las formas, que si se cumplió con tal o cual requisito, que si se siguió con la debida formalidad.El problema es real, añade Alarcón; se trata del hábito ritualista del quehacer legal, acaso (ésta sí) una de las mayores herencias de la Colonia, “donde usted está más preocupado de los ritos en los tribunales que de la verdadera impartición de justicia”. Pero la cuestión, insiste, es la “medicina” que se aplique contra este mal.Mientras para Cox y la diputada Ayllón el camino es aplicar los nuevos códigos, para Albarracín el problema está en el operador de la justicia, en los jueces y abogados: el procedimiento puede ser muy ágil, pero no sirve mucho si quien lo lleva a cabo mantiene las inercias del pasado.
LOCAL. Para Alarcón, con todo, aquí hay otro tema de fondo: el centralismo y la estructura burocrática y jerárquica vertical que aún mantiene el actual sistema judicial boliviano. Así, si bien cambiar los procedimientos es una condición necesaria, no es suficiente dice. “Además de ello se requiere una profunda descentralización de la justicia, mediante la cual acerquemos la justicia al ciudadano”.Una propuesta concreta en ese sentido, por ejemplo, destaca, es trasladar el sistema judicial a los municipios: “en lugar de estar teniendo grandes palacios de justicia, como se hace ahora, deberíamos tener jueces prácticamente en todos los municipios, y jueces de todas las materias”.Una de estas formas de justicia local que se debería tomar en cuenta, por la experiencia que tiene, es precisamente la justicia originaria, insistía en un seminario sobre el tema el abogado argentino Alberto Binder (Cuadernos de reflexión, Vicepresidencia, 2007).Otro problema relacionado a esto y de urgente resolución, señalan los abogados entrevistados, es el innecesario congestionamiento de causas que actualmente hay en los tribunales superiores: nueve, 12 jueces supremos que deben resolver miles de casos, desde los más graves (que sí ameritan), hasta pequeñas deudas de algunos cientos de bolivianos.Es imperativo, apunta Alarcón, por ejemplo, que ciertos casos no pasen de la Corte de Distrito. Al respecto, la diputada Ayllón defiende el programa gubernamental al decir que una de las reformas de los nuevos procedimientos será introducir la conciliación como la obligatoria primera etapa de todo proceso, antes de pasar a un juicio en sí. No es que se obligue a conciliar, sino que se promueve esta forma de resolución del conflicto como la primera alternativa.La carrera judicial debe ser reglamentada Nelson Cox, viceministro de Justicia.En lo que concierne a la carrera judicial, ésta se va a mantener. Los nuevos magistrados tienen que aprobar un reglamento que regule el ingreso a la carrera judicial, su estabilidad; todo lo que venga con los procesos de evaluación, de promoción o traslado del personal. Pero no bajo el resabio de “carrera judicial” vamos a dejar de lado (el hecho de) que es un nuevo Órgano Judicial. El personal subalterno tiene que renovarse en el sentido de institucionalidad, no renovarse en el sentido en que salgan todos e ingresen otros.También habría que cambiar la ConstituciónCarlos Alarcón, abogado constitucionalista.En lo de la burocratización de la justicia hay un defecto en la propia Constitución. Se necesita cambiarla para ya no hablar de jerarquías judiciales, sino de distintas funciones judiciales. O sea, que el juez que esté en Villazón no necesite escalar ningún otro puesto, porque donde está tiene la misma remuneración, capacitación y prestigio que, digamos, un juez que está en Sucre. Una nueva situación en que el juez de provincia sea tan capacitado, calificado y tan bien pagado como el juez de la ciudad.Hay que reformar el procedimiento penalCecilia Ayllón, asambleísta por el MAS.El Código de Procedimiento Penal, que costó al país más de 11 millones de dólares y que fue vendido como el fin de la retardación de justicia, también mostró limitaciones. Estamos a 12 años de su implementación y tenemos casos que han empezado en esa época y que hasta ahora no concluyen. Mediante las famosas “medidas cautelares”, contra las que hubo reclamos, se permite una práctica de entrada y salida inmediata de la prisión de los delincuentes, amparados en el respeto de sus derechos individuales. La militancia política, uno de los peores males Waldo Albarracín, ex Defensor del Pueblo.La aspiración legítima de la ciudadanía es que cambie el rostro del Órgano Judicial; una imagen muy identificada con la corrupción, la dependencia política, la retardación de justicia, la mediocridad profesional, incluso, y con la militancia partidaria, porque la historia común es que ciertos jueces llegan a altos cargos por manipulación o influencia política. Los nuevos magistrados tienen la responsabilidad histórica (de cambiar todo esto), independientemente del déficit de legitimidad con el que ahora llegaron al cargo.Se prevé años de sostenidas reformas judiciales Serán años de reforma. Sólo en cuanto a los plazos más generales, el viceministro de Justicia, Nelson Cox, el miércoles 26 de octubre (La Razón), anunció que la reforma judicial, la aprobación de toda la batería de códigos procedimentales, recién estaría lista hasta junio del 2013, un año después del plazo establecido en la Ley del Órgano Judicial.La diputada Cecilia Ayllón, presidenta de la Comisión de Justicia Plural de Diputados, va más lejos, incluso hasta enero del 2014. Si bien la Ley 025 del Órgano Judicial habla de un período de transición de dos años para adecuar los nuevos códigos a esta ley, en ningún lugar dice desde ésta o aquella fecha, recuerda la legisladora.Así, insiste, la manera más razonable de interpretar esto es que el período de transición empieza con la posesión de los nuevos magistrados, en enero del 2012; con lo que, se entiende, se tendría hasta al menos enero del 2014 para la reforma.Y es que un código es un Código, coinciden los entrevistados, y esto no es fácil de hacer, más en el actual contexto, en que se trata de una reforma judicial en medio de la construcción del nuevo Estado Plurinacional boliviano.Hasta fin de año, añade Cox, se pretende tener listos los anteproyectos de los códigos de Procedimiento Civil, Penal, Laboral y Agroambiental; los cuales se espera sean debatidos y aprobados por la Asamblea hasta febrero del 2012; de modo que empiecen a ser implementados en el primer trimestre de ese año.
FUENTE: http://www.la-razon.com/version_temp.php?ArticleId=2545&EditionId=2701&idp=42&ids=516