El oro, la nueva droga de los grupos armados en colombia

Mina colombiana

Cárteles de la droga, mafias y paramilitares se interesan por los recursos auríferos del país, primer productor de oro de la región. Parece que el metal precioso conviene más que el tráfico de droga…

Foreign Policy, Washington

« En Colombia, a más de 4.000 km de Wall Street, el boom del oro atrae  a muchos oportunistas, lo que genera otra crisis muy distinta. El país, primer productor de oro de América latina desde 1937, ha triplicado su producción anual entre 2006 y 2010, y ya ha alcanzado las 59 toneladas, una cantidad que podría duplicarse el año que viene gracias a las inversiones de grandes multinacionales como AngloGold Ashanti y Cambridge Mineral Resources. Pero estas empresas no son las únicas que entran en acción: guerrillas de izquierda, cárteles de la droga y criminales de todo tipo también quieren obtener un trozo del pastel. Al saber que el precio de los productos no deja de aumentar y que el tráfico de droga es cada vez más difícil, el oro se ha convertido en la nueva droga.

El auge de este sector portador es tal que los esfuerzos de reglamentación y de vigilancia son difíciles de seguir. Simplemente, hay demasiados candidatos para estas nuevas actividades y no suficientes ojos entrenados para asegurar su legalidad. Las autoridades locales abren fácilmente concursos a estas operaciones a cambio de una ganancia. Y, sobre todo, el producto (el oro) no es ilegal: puede ser exportado libremente por empresas o intermediarios.

“Las minas atraen a todo tipo de actores armados”, explica Víctor Hugo Vidal, responsable de la sección local del Proceso de las comunidades negras de Colombia, una asociación regional que obra por la justicia social y controla las operaciones mineras en la costa del Pacífico. “A menudo es el jefe del tráfico de droga (de la región) el que explota la mina”.

El gobierno es consciente del peligro. En septiembre del año pasado, el presidente Juan Manuel Santos (elegido en junio de 2011) ha anunciado que grupos rebeldes se estaban infiltrando en el sector minero. El gobierno ha reaccionado rápidamente suspendiendo, en el mes de febrero, las concesiones de licencias mineras, que ya eran muy numerosas. En mayo, el ministerio de Minas y de Energía ha anunciado una investigación sobre la corrupción en el sector.

Batalla económica

Sin embargo, durante ese tiempo, las minas “informales” se siguen reproduciendo. Lo que más inquieta es quizás la diversidad de los grupos armados implicados: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, principal grupo de guerrilla de izquierda) y el Ejercito de Liberación Nacional (ELN, segundo grupo guerrillero), pero también una red cada vez mayor de bandas criminales que comienzan a poblar las ciudades colombianas. Conocidas con el nombre de bacrim (bandas criminales), estas estructuras mafiosas han aparecido como consecuencia del vacío creado estos últimos años en el tráfico de droga y otras actividades ilegales por la desmovilización de los paramilitares (más de 30.000 paramilitares han participado desde 2006), actores tradicionales del conflicto. Estas bacrim luchan también por el control económico. En una carretera no pavimentada de Buenaventura (principal puerto de la costa pacífica colombiana), un minero artesanal que, hace apenas algunos meses, concurría regularmente a una mina “informal” ubicada a cuarenta y cinco minutos, me ha contado las escenas de tumultos de las que ha sido testigo. Los grupos armados que buscaban controlar una parte de la mina eran tan numerosos que “era imposible saber quiénes eran”, me cuenta, desde el anonimato. Unas 250 paleadoras pertenecientes a propietarios cavan donde les da la gana en el lecho de un río aluvial. En medio de la pelea, grupos locales de la sociedad civil recogen información sobre la centena de homicidios cometidos ente 2009 y 2010.

Los signos de este nuevo comercio son visibles en todos lados. Según los observadores reclutados para las elecciones locales, la mayor violencia toca las zonas ricas en recursos, incluyendo las auríferas. El 25 de julio, el International Crisis Group, (ICG, ONG independiente) ha denunciado “alianzas entre criminales y una parte de la elite económica local”. Con el fin de garantizar el apoyo de los responsables locales que puedan facilitar el acceso a las minas, los grupos armados no dudan, para hacer elegir a sus candidatos, en recurrir a la intimidación o peor. El Alto Comisariado para los derechos del hombre de las Naciones Unidas señala también desplazamientos de población en las zonas de explotaciones mineras a lo largo de la costa del Pacífico y en el norte del país. Grupos armados (incluso, en ciertos casos, empresas legítimas) expulsan a comunidades enteras de sus tierras tras pagarles una mínima indemnización, y a veces, nada.

En las regiones del país ricas en minerales, los habitantes trabajan como mineros artesanales desde hace varios años. Son muchos los que, como el que he conocido en Buenaventura, cuelan la arena aurífera, venden lo que pueden y se ganan la vida día tras día. « No hay ora opción« , me explica el minero. Pero, cuando grupos armados hacen irrupción en los sitios, las oportunidades escasean. Ya hace meses que este minero no hay vuelto a encontrar trabajo.

Sin embargo, el gobierno colombiano considera la explotación minera como un sector en expansión. En 2006, el gobierno de Álvaro Uribe ha anunciado un plan para transformar Colombia en un “país minero” de aquí a 2019. El documento indica las medidas a tomar para hacer el país más atractivo para los inversores extranjeros, dotando al sector con reglamentaciones claras y multiplicando las incitaciones económicas.

Sin embargo, en su fiebre del oro, las instituciones del país han sufrido una tendencia a olvidar las normas medioambientales. Incluso cuando las minas cuentan con una licencia, sus operaciones no siempre son reglamentarias. “Es una catástrofe medioambiental, en particular para la producción agrícola, la pureza del agua y el conjunto de la población”, se queja Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas (una ONG de defensa de los derechos del hombre). “Es espantoso, como si hubiéramos vuelto a la época colonial”. Una autoridad electa en Buenaventura, Lucmilla Gutierrez García, llega aún más lejos: “Esta actividad minera es la guerra más feroz que hemos conocido”. »

Extraido del Courrier Internacional n° 1103-1104