El estilo Sánchez se ha impuesto en España al firmar, sin consulta ni debate, el pacto migratorio de la ONU, un documento trascendental que abre las puertas de España a las invasiones de inmigrantes. El despreciable y antidemocrático "estilo" Sanchez consiste en imponer cambios profundos y decisiones de gran calado a una nación cuyos ciudadanos no le han elegido en las urnas, a pesar de que el gobierno es débil y sólo cuenta con 84 diputados. El próximo paso en su transformación forzada, sin contar con la voluntad popular, es imponer una nueva ley de educación. Al comportarse de ese modo, el sanchismo muestra un rostro tiránico despreciable.
Para países como Lituania o Finlandia, el pacto puede ser sólo una declaración de intenciones que no compromete, pero, para España, considerado hoy como uno de los países-frontera más amenazado por las oleadas de inmigrantes en todo el mundo, junto con Estados Unidos, el asunto es de gran importancia y requería al menos un debate que el gobierno de Sánchez, con muchos gestos tiránicos y antidemocráticos en su comportamiento habitual, no ha concedido a los ciudadanos.
Aunque el pacto no es vinculante, si constituye un marco moral que pretende regular la inmigración y que abre las puertas a esas modernas invasiones, prohibiendo, por ejemplo, las devoluciones en caliente de aquellos que, como ocurre en Ceuta y Melilla, entren en el país con violencia, más como invasores que como inmigrantes.
Estados Unidos se había apartado del acuerdo desde el principio. Luego se marcharon Israel y Australia; Chile anunció que no lo firmaría y en Europa, principal destino de las invesiones migratorias, el pacto ha desatado un infierno. se han desmarcado Hungría, que cree que el pacto socava la soberanía de las naciones,
Austria, que ejerce la presidencia rotatoria de la Unión Europea, se ha retirado del acuerdo porque teme que genere precedentes para un derecho a migrar. Polonia, República Checa, Eslovaquia y Bulgaria han hecho lo mismo, encastillados en una visión negativa de todo lo que tenga que ver con migraciones. Italia ha criticado el pacto y deja en suspenso la decisión de si lo adoptará o no, y en Alemania, la canciller, Angela Merkel, se ha visto obligada a someterlo a la aprobación del Parlamento tras una intensa campaña de la extrema derecha en redes sociales. Todo esto pese a la flexibilidad con la que se ha planteado: el pacto no es vinculante, no exige una partida económica directa y el seguimiento de lo avanzado se hará cada cuatro años.
En Bélgica, la negativa a respaldar el texto por parte de la derecha nacionalista flamenca se ha llevado por delante al Gobierno de coalición y está provocando disturbios en las calles, tras la firma en Marrakech.
Francisco Rubiales