El pasado 25 de septiembre, Unidos Podemos, ERC, PdeCat, Compromís y EH Bildu presentaron en el Congreso una proposición de ley sobre bebés robados en el Estado español. “Durante décadas, y hasta etapas muy próximas -dice el primer párrafo-, en España se ha producido, amparada en la impunidad, una de las mayores atrocidades que ha vivido nuestro país. Un número inmenso de niños fueron sustraídos en cárceles, clínicas y maternidades, y sus familias biológicas siguen, a día de hoy, sin saber su paradero”. La norma, que aspira a convertirse en la primera ley estatal sobre bebés robados, ha sido impulsada desde la sociedad civil por la CEAQUA (Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina), y ha contado con el apoyo de, al menos, 14 asociaciones de bebés robados y varias organizaciones de derechos humanos. La Proposición busca instar al Estado a investigar el robo de bebés en España desde 1939, creando una Fiscalía especial sobre bebés robados, que dependa directamente de la Fiscalía General del Estado, y una unidad de Policía judicial especializada, que se dedique única y exclusivamente a resolver el robo de bebés en España desde los inicios de la Guerra Civil hasta la década de los noventa. Se estima que, solamente en el período de la Guerra Civil y los primeros años de dictadura, unos 30.000 menores fueron sustraídos, según el auto del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional del 18 de noviembre de 2008.
El texto legal fecha el inicio de la investigación a realizar en el 17 de julio de 1936, con el robo de bebés a mujeres republicanas, y deja abierta la fecha de cierre a la posterior discusión parlamentaria en caso de que sea tomada en consideración. Los impulsores de la iniciativa, no obstante, detallan que “obviamente” esa fecha de cierre se ubicará en los años de la democracia ya que se tienen conocimientos de casos de robo de bebés hasta bien entrados los 90 y hasta un caso particular en el año 2001. La Ley parte del reconocimiento del robo de bebés en el Estado español como un crimen de lesa humanidad que se sostiene en el tiempo, aunque evoluciona en sus métodos y objetivos. Con esta consideración, por tanto, el robo de bebés quedaría como un delito imprescriptible con el paso de los años hasta su resolución.En este sentido, el preámbulo de la Proposición recuerda que en julio de 2014, el entonces Relator de la ONU para la verdad, la justicia y la reparación, Pablo de Greiff, señaló a España que “está obligada por el derecho internacional” y por los convenios internacionales suscritos y ratificados por el Estado a “fortalecer los esfuerzos con miras a buscar e identificar a los niños y niñas que podrían haber sido víctimas de la apropiación” y a garantizar un Banco Nacional de ADN que integre “muestras genéticas de todos los casos denunciados”.