1. El choque de trenes en Castelar, después de las advertencias de los familiares de las víctimas de Once y las denuncias de los trabajadores, deja una conclusión inapelable: el entrelazamiento entre privatizadores, burócratas sindicales y funcionarios para malversar el sistema ferroviario y el presupuesto público está en el corazón del “modelo” oficial. El kirchnerismo fue incapaz de modificar este régimen parasitario incluso después de los mayores desastres ferroviarios de la historia. Antes de Once, esa misma trama fue puesta de manifiesto con el crimen de nuestro compañero Mariano Ferreyra.
2. Luego de la masacre de Once, el ferrocarril Sarmiento fue intervenido por el Estado. Pero para operarlo, el Estado se asoció –nada menos- que a los socios de Cirigliano, los empresarios Romero y Roggio, que compartían con TBA el consorcio Ugofe. Es el mismo “enroque” de concesionarios que se había realizado en 2007 con el ferrocarril Roca, después que hubiera sido vaciado por el empresario K Taselli. Aunque Metrovías y Ferrovías siguieron desmantelando al Roca tanto o más que Taselli, el gobierno los premió con la concesión del Sarmiento. Mientras tanto, Cirigliano era apartado de la operatoria del Sarmiento pero no del principal filón del negocio, que son los talleres de reparación de trenes. Las formaciones del Sarmiento siguen yendo a los talleres EMFER, propiedad del empresario que será juzgado por la masacre de Once. Idéntica actitud está siguiendo Macri, que ha decidido tercerizar la reparación de las formaciones del subterráneo en los talleres de Cirigliano, Romero y Roggio.
3. La permanencia de los responsables del vaciamiento ferroviario se extiende incluso a las empresas estatales que creó el gobierno para administrar las concesiones, o en las recientes 'estatizaciones'. En la SOFSE es director Rosauro Araya, un personero de José Pedraza. En el Belgrano Cargas, por su lado, es director el nuevo secretario general de la Unión Ferroviaria, Sergio Sasia, quien a su vez es dueño de una tercerizada que presta servicios al ferrocarril. En estas condiciones las llamadas “estatizaciones” son un recurso para ocultar la responsabilidad de los vaciadores y transferir al Estado los pasivos de las concesionarias privadas.
4. Frente a esta situación el Partido Obrero plantea: 1- Juicio y castigo a los responsables de la masacre de Once, de Castelar y de todas las tragedias del sistema ferroviario. 2- Investigación del uso de los subsidios millonarios otorgados por el Estado; apertura de los libros de las empresas. Ejecución de su patrimonio en el caso que se comprueben desvío de fondos u otros hechos de corrupción. 3- Fuera las concesionarias privatizadoras; nacionalización integral del sistema ferroviario bajo el control y gestión directa de los trabajadores, incluyendo a los talleres. 4- Por un juicio de responsabilidades a los funcionarios políticos encargados de velar por el funcionamiento del sistema ferroviario. 5- Por un plan de reconstrucción del sistema ferroviario, financiado con los recursos que se destinan a los Roggio-Cirigliano Romero, por un lado, y a la deuda usuraria, por el otro.
PARTIDO OBRERO