La guardia civil, al sustituir a los huelguistas, está violando el derecho de huelga, uno de los derechos fundamentales recogidos en esa Constitución que tanto aman. Y la convocatoria de un laudo es una anomalía extrema, una imposición obligatoria desde el estamento público.
La excusa es que esta huelga está perjudicando a los pasajeros. ¡Pues claro! Las huelgas se hacen para presionar, y perjudican siempre a terceros. ¿Alguien puede nombrar una huelga que no perjudique a terceros? Esa es una de las bazas más importante de los huelguistas.
Lo que el gobierno debería tener claro es que la Guardia Civil no está para resolver los problemas laborales, sino para mantener el orden público y la seguridad, y aquí no ha habido ni hay problemas de ese orden. Hoy, los trabajadores se quejaban de que además habían sido amenazados y acosados por la Benemérita.
La posición elegida por el gobierno, al lado de la empresa, está clara. Basta recordar que nombró unos servicios mínimos del 90%. Y después incapaz de encontrar soluciones al conflicto actúa con un golpe de gracia esquirol, estridente y autoritario, propio de su vocación autoritaria.
Todo viene de la privatización de un servicio público esencial. Algo que no debería haberse producido, pero ese afán privatizador nos lleva a estas situaciones. Está todo calculado: La seguridad del Prat se privatiza para que, en el caso de que la empresa privada adjudicataria tenga problemas, ayudarla y poner a la Guardia Civil a su servicio y rescate. Para este viaje no necesitábamos alforjas.
Mientras que Eulen ha aumentado sus beneficios en un 65% y Aena ha ganado el año pasado más de 1.100 millones de euros, los trabajadores tienen un salario inferior al de 2008, habiendo empeorado además sus condiciones laborales. Por eso cuando se habla de que exigen un 18% de aumento de salarios que oscilan entre 900 y 1100 euros, los medios progubernamentales no indican de que es una subida de nueve años.
Aena tiene una gran responsabilidad aunque trate de actuar como Poncio Pilatos. No es posible que por un 2% menos en la licitación se elija una empresa que baja los salarios y empeora las condiciones de trabajo. No es posible hacer de una contratación de esta importancia una cuestión meramente económica. Tendría que haber impuesto condiciones en el contrato que no permitieran llegar a esta situación.
La externalización de los servicios públicos esenciales, es de por sí un error, pero más grave si encima parece tener sólo en cuenta el precio de la licitación.. Por ejemplo, no se impone a la empresa adjudicataria que el número de trabajadores se mantenga ni que se obtengan aumentos salariales que hagan que los trabajadores tengan un salario digno.
Aquí no son los trabajadores los que se aprovechan del conflicto que se genera a los viajeros del aeropuerto, más bien es la empresa, que a sabiendas de que esta situación genera un problema a los viajeros, espera que sea el gobierno quien le resuelva el problema. De hecho así está siendo. El ministro de Fomento ya lo dejó claro en la rueda de prensa.
¿Es que la recuperación de la crisis es sólo los beneficios empresariales? ¿Cuándo recuperarán los trabajadores parte de los sacrificios obligados que la crisis les ha impuesto? Mientras que los beneficios de AENA y de EULEN se han recuperado, con creces, los salarios son menores que en 2008.
Eso sí, ahí tienen a la derecha política y mediática defendiendo a la empresa y aceptando la vulneración del derecho de huelga como algo normal. Y es que ellos son así, gobiernan y defienden a los suyos. Que se las apañen los demás.
Salud y República