El pasado 2 de febrero, los padres de Silvia Vázquez Camacho, abogada mexicana defensora de casos de violaciones de los derechos humanos, recibieron una llamada anónima en la que una voz desconocida les soltó frases como éstas:
“Ya sé quién eres, te tengo ubicada”, “tú andas denunciando muchas cosas” “los Zetas te están buscando para matarte”.
Instantes después, el desconocido se identificó como miembro de la Procuraduría General de Baja California y les espetó: “se van a chingar a esta vieja si sigue denunciando, ya la están buscando”.
Quince días más tarde, oyeron ruidos en el exterior de la casa y cuando salieron se encontraron la furgoneta familiar ardiendo y dos hombres que huían. Cuando consiguieron extinguir el fuego descubrieron en el interior del vehículo los restos de un cóctel molotov.
Silvia Vázquez se encontraba trabajando en esos momentos en el caso de Miguel Ángel Mesina López, uno de los veinticinco policías detenidos y torturados por el ejército mexicano en Tijuana, en Baja California, en marzo de 2009. La había contratado la hija del policía Blanca Mesina Narvaez.
Blanca también recibió una amenaza telefónica por esas fechas, en concreto el 28 de febrero, por trabajar junto con la abogada y con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) para pedir justicia en el caso de su padre. Compareció ante dicha comisión en octubre de 2009.
Junto con Silvia Vázquez Camacho y la CMDPDH han estado documentando violaciones de derechos humanos, incluidas torturas y malos tratos, contra otros sospechosos recluidos en la base militar de Tijuana.
Las amenazas, ataques, cargos penales de motivación política y los encarcelamientos por encabezar protestas o promover el respeto de los derechos humanos cada vez son más habituales entre sus defensores. Hasta tal punto que el gobierno ha accedido a proporcionarles medidas de protección efectiva y creíble en muchos casos.
Por lo general, las investigaciones sobre las personas que se esconden tras las amenazas y los ataques rara vez concluyen con el procesamiento de sus autores. La impunidad se ha convertido en norma en estos casos y deja abiertas las puertas a nuevos ataques.
En noviembre de 2009, Amnistía Internacional publicó un informe titulado “México: Nuevos informes de violaciones de derechos humanos a manos del ejército” en el que se documentaban varios casos de tortura y detención arbitraria en la base militar de Tijuana y los esfuerzos de víctimas, familiares y defensores de derechos humanos por presentar denuncias
Dichos casos suelen ser investigados y juzgados por el sistema de justicia militar, que en absoluto garantiza una actuación independiente e imparcial y genera impunidad para la gran mayoría de los responsables.
La CMDPDH ha presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una petición para que dicte medidas cautelares que pidan a las autoridades mexicanas que garanticen la seguridad de Silvia Vázquez Camacho.