Venezuela se encuentra sumergida en una crisis cada vez más generalizada motivada a la anomia presente en su sociedad. Esta puede ser definida, de acuerdo a Pérez (2016), como la imposibilidad del Estado de garantizar el respeto de las normas que permiten la regulación de la sociedad para lograr la consecución de sus fines; esto motivado a la pérdida de los lazos de solidaridad social, contenidos en el pensamiento de Durkheim (López, 2009) De esta forma, se puede afirmar que el desplome institucional ocasionado por los distintos escándalos de corrupción y la prevalencia de los intereses particulares de los representantes del Estado por encima de los intereses colectivos legítimos, ha generado la pérdida de confianza en el sistema, la pérdida de eficacia de las normas, así como la degeneración de los principios éticos de los integrantes de la sociedad, puesto que cada uno busca la satisfacción de sus propias necesidades, aún en perjuicio de un tercero (Pérez, 2016)
De la realidad antes expuesta no escapa el ejercicio de la abogacía, ello motivado por una parte a las agresiones sufridas por parte del sistema político imperante, y por otra parte al desprestigio social en el cual se ha sumido, como consecuencia del accionar de algunos profesionales del gremio. En este sentido, se hace necesario replantear la figura del abogado venezolano, adaptar su perfil a las nuevas circunstancias, pero que además sea un perfil que en una hipotética transición gubernamental, aporte positivamente al proceso de reinstitucionalización política y jurídica. Es en este punto donde surge la siguiente interrogante: ¿qué características, más allá de los postulados ético-deontológicos, debe tener un abogado?
En primer lugar, actualmente la norma jurídica es insuficiente para estudiar la problemática venezolana puesto que el plano político se encuentra por encima de ésta por lo cual la norma resulta ineficaz, generando la ausencia de Estado de Derecho y Seguridad Jurídica, lo cual desemboca en la anomia (Liscano, 2017). Por tanto, la argumentación eminentemente exegética del abogado para explicar la crisis de Venezuela resulta insuficiente, dado que la observa desde un deber ser, más no desde la realidad fáctica. Así pues, a partir de lo antes señalado, se afirma que una primera característica que el abogado debe tener es que ha de superar su “hiperespecialización” jurídica (Cazorla, 2015) y ser integral en su formación (Molina, 2009); es decir, manejar temas políticos, económicos, tecnológicos, pedagógicos, culturales, axiológicos, sociológicos, entre otros, para analizar y plantear soluciones más realistas, que complementen su postura en el campo jurídico, puesto que no es ésta la única arista de la problemática.
Por otra parte, en Venezuela han aumentado grupos extremistas que pugnan por políticas vengativas, lo cual puede ser observado en los mensajes publicados a través de redes sociales y en las conversaciones cotidianas. Estas posturas impiden la posibilidad de una transición política que permita la reinstitucionalización del Estado-Nación de forma pacífica, debido a los conflictos que surgen entre ambas posturas. Por tanto, el abogado debe mantener sus principios éticos de justicia, igualdad y objetividad por encima de su posición político-partidista, de forma tal que su actuar ha de tender a la exigencia de acciones en contra de los funcionarios y particulares cuya responsabilidad pueda ser demostrada, más no contra aquel ciudadano que de buena fe confió en un sistema político fallido.
Ante las múltiples violaciones de Derechos Humanos en contra de un sector de la población, en lo referido a derecho al debido proceso, a la libertad personal, a la libertad de expresión, entre otros, es necesario que el abogado sea oportunamente formado en materia de Derechos Humanos, con el objeto de asesorar adecuada y gratuitamente a quien requiera orientación acerca de su accionar ante estos delitos. De igual forma, debe ser formador y educador en materia de ciudadanía, promover actividades pedagógicas en sus comunidades en materia de defensa de derechos, de forma tal que ello se traduzca en acciones preventivas que impidan la repetición de sucesos como los que actualmente ocurren en Venezuela.
Además, el abogado debe promover el rechazo hacia normas que sean injustas, aun cuando posean validez formal, por lo cual debe solicitar la modificación, derogación o subrogación de éstas para garantizar la armonía entre lo jurídico y lo social durante el proceso de reinstitucionalización. Asimismo, debe promocionar proyectos de ley o modificaciones de leyes de acuerdo a las nuevas exigencias sociales, siempre y cuando éstas sean legítimas y no afecten el orden público.
Como se ha observado, el perfil que actualmente requiere un abogado venezolano debe superar los planos extremadamente dogmáticos en materia jurídica. Ha de ser un profesional integral, justo, objetivo, íntegro, formador, humanista y experto en Derechos Humanos. Además, ha de ser capaz de adaptarse a los cambios sociales de forma asertiva dado el papel que tendrá para la superación de la crisis ante una hipotética transición gubernamental, donde será copartícipe del proceso de reconstrucción política y jurídica del Estado-Nación.
Referencias
Cazorla, L. (2015) Un pequeño desahogo sobre la “hiperespecialización” del abogado. Madrid, España. Luiscazorla: http://luiscazorla.com/2015/12/un-pequeno-desahogo-sobre-la-hiperespecializacion-del-abogado/
Kompass, A. (2003) La importancia de la educación en materia de Derechos Humanos En las Universidades. Ciudad de México, México. Universidad Iberoamericana: http://ibero.mx/sites/all/themes/ibero/descargables/derechosHumanos/libros/libroImporEduDHUn.pdf
Liscano, A. (2017) La Anomia y el Estado de Derecho. Lara, Venezuela. El Impulso: http://www.elimpulso.com/opinion/la-anomia-estado-derecho
López, M. (2009) El Concepto de anomia de Durkheim y las aportaciones teóricas Posteriores. Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana, IV (8), 130-147.
Molina, D. (2009) Repensar el Perfil del Abogado en un nuevo modelo de Estado Social de Derecho y de Justicia. Revista Mexicana de Orientación Educativa, 6 (16), 8-15.
Pérez, R. (2017) Estado de Naturaleza, anomia y derecho. Una reflexión desde América Latina. Dikaiosyne, 32, 71-95.