Es lo que está ocurriendo con dos protestas que han logrado aglutinar a la inmensa mayoría de las profesiones y sectores implicados: la de los médicos en Madrid, que se oponen a la gestión privada de hospitales que eran públicos, por miedo a perder la esencia de la sanidad pública, y la del personal de Justicia, que se opone a la ley que ha impulsado el ministro Gallardón y que ha aprobado el gobierno de Rajoy, que acaba con la Justicia gratuita y la convierte en un servicio elitista, que sólo es eficaz para los que pueden pagar.
A pesar de la rara unanimidad que existe en esas protestas, los políticos, en contra de los principios democráticos y de la decencia de la política, parece que resisten la presión popular y están en vías de doblegar, una vez más, la voluntad popular.
Si los políticos ganan esas dos batallas, será un desastre para España y, sobre todo, para el futuro político de una nación que habrá demostrado así que es rehén de sus gobernantes y que el gobierno que padecemos es una dictadura de partidos y de políticos profesionales disfrazada de democracia.
Esas batallas deben ganarla los médicos, los enfermeros, los jueces, los magistrados y los abogados porque si no la ganan, los escasos restos de democracia que subsisten en España tenderán a volatilizarse y la clase política, despreciable y culpable de haber conducido al país hasta el desastre y la corrupción, se convencerá más de que es impune e inmune y que no debe temer nada de la Justicia y del pueblo, un sentimiento terrible que hará crecer la tiranía.
En una democracia real, cuando los gobernantes y el pueblo, que es soberano y protagonista del sistema, entran en conflicto, las diferencias deben dirimirse en un referendum, gracias al cual se produciría un saludable y enriquecedor debate en la sociedad que pondrá sobre la mesa todas las ventajas, efectos y perjuicios de la decisión.
Pero el referendum, que es la salida lógica en democracia cuando los gobernantes y la opinión pública mayoritaria entran en colisión, es una vía muerta en España porque a los políticos, auténticos sátrapas despiadados y habituados a imponer su voluntad, no les interesa confrontar sus criterios con los del marginado y despreciado ciudadano.
Los médicos deberían radicalizar su huelga y los jueces, fiscales y abogados, también, hasta lograr la victoria, incluso con independencia de que tengan o no razón, únicamente por el saludable objetivo de imponer la voluntad popular al capricho de los políticos, quizás para que persista algo de democracia en este país aplastado bajo la garra de una de las peores y mas ineptas y corruptas clases políticas del planeta, que, erróneamente, se cree autorizada por las urnas para ejercer una dictadura sin límites durante el tiempo que dure la legislatura, toda una aberración intolerable que dinamita la democracia y consagra la peor de las opresiones..