La sociedad acepta la premisa del poder bajo el temor de la delincuencia y el crimen, es decir, de un "orden" social que no haga tambalear las estructuras por las cuales se rigen las normas y leyes que establecen la conducta de los ciudadanos.
La corrupción debe ser administrada de manera que no altere el funcionamiento del sistema y ponga en peligro la vida de las personas. No obstante, el Poder encarnado en el Estado debe de tolerar una cuota (controlada) de delincuencia para justificarse ante sus súbditos y de esta manera fomentar la obediencia a la autoridad. El Estado no tolerará ninguna forma de cuestionamiento que haga peligrar su existencia.
El poder que acepta la sociedad a cambio de un "orden" reflejado en la "seguridad" le sale muy caro en su conjunto. Sus costes sobrepasan en buena medida el trabajo invertido para ganarse el sustento, y cuando no, directamente, el sacrificio de sus vidas a través de la guerra.