La legislación española en materia de prostitución es taxativa: no es ilegal ejercer la prostitución, siempre y cuando esté protagonizada por personas adultas, no coaccionadas y ejercida por su propia voluntad. Sin embargo, la ley sí es dura con aquellos que extorsionan o fuerzan a realizarla o se lucran de ella; es decir, la legislación persigue al proxeneta (también a aquel que practica el acoso laboral o la violación dentro del seno familiar) y no a las prostitutas, y mucho menos a aquellos ciudadanos que deciden recurrir a sus servicios. La prostitución se convierte en un grave problema debido fundamentalmente a dos factores: el mercado ilegal de mujeres (trata de blancas), a cargo de mafias organizadas, y la situación socioeconómica de las mujeres que se ven forzadas, contra su voluntad o por razones mayores, a realizar este tipo de actividad. Quizá algunos ciudadanos aún se creen el mito de la prostituta ninfómana o el de la meretriz que ejerce por propia voluntad, para llevar una vida a todo tren, el oficio más viejo del mundo. La realidad es bien distinta. Las condiciones sociales, higiénicas y económicas en las que viven estas mujeres está muy lejos de la imagen autocomplaciente de la puta de lujo que el cine nos ha inoculado (especialmente a los hombres). No existe en España realmente una educación emocional que nos permita hablar de estos temas sociales sin caer en moralismos simplistas, el chiste fácil o la idealización pasiva. A esto se suma la persistencia de una cultura patriarcal que aún sigue subrayando la imagen pública de la mujer como un objeto sexual pasivo y complaciente, a expensas del hombre y ligada a determinadas actividades laborales. Los numerosos casos de violencia de género en España confirman la dificultad que aún supone un cambio de actitudes en relación a los roles sexuales.
Actualmente, el modelo español -al igual que el portugués y el checo- es abolicionista. Persigue, como ya dijimos, solo al proxeneta, aunque no queda bien definido en qué circunstancias está penado este ejercicio. Otros países europeos -Dinamarca, Bélgica e Italia- se decantan por un abolicionismo reformista; no se persigue a las prostitutas, pero sí se prohíben los burdeles. En Dinamarca se exige que las prostitutas paguen impuestos. Un caso singular de reglamentación respecto a la prostitución es el holandés (al que se ha unido Grecia, Alemania y Austria), que considera a las prostitutas como trabajadoras de pleno derecho y con iguales deberes laborales que cualquier ciudadano, aunque con una obligación añadida, la de someterse regularmente a chequeos médicos. Este modelo, junto al abolicionismo reformista, es el más común dentro de la Unión Europea.
A pesar de las leyes vigentes, algunas comunidades autónomas han intentado sortear la legislación, acogiéndose a la protección de otros derechos ajenos a la prostitución, con la intención de apartar de carreteras y calles lo que consideran una mala imagen para su ciudad y una alteración del orden público y la convivencia. La Generalitat de Cataluña se ha acogido recientemente a la Ley Orgánica de Seguridad Vial de 1992 para crear una orden según la cual se multará a cualquier proxeneta o prostituta que altere o ponga en peligro la seguridad de los conductores. Este tipo de medidas responden más a un intento de criminalizar a las prostitutas que de proteger la integridad física durante la conducción. Es evidente que existen políticos -la medida ya afecta a ciudades como Barcelona, Sevilla o Granada (y en breve también Badajoz)- no están contentos con el actual modelo legal de regulación de la prostitución e intentan modificarlo, valiéndose de atajos legales que camuflan sus verdaderas intenciones: la ilegalización.
A esta estrategia ad hoc se ha unido Badajoz; el Boletín Oficial de la Provincia ha comunicado la ordenanza según la cual a partir del 29 de agosto se multará a prostitutas, clientes y proxenetas con hasta 3.000 euros de sanción. La orden contempla la sustitución de la multa a las prostitutas por programas de reeducación y resocialización. ¿Cuál es la base legal de esta orden? La protección del espacio público. ¿Y cuál es su excusa? Favorecer políticas que disminuyan la violencia de género y mejoren la situación social de las mujeres afectadas. La pregunta que se hace el que escribe es si este tipo de medidas no son otra cosa que una estrategia de maquillaje, dibujada de moralismo. ¿Realmente la criminalización de las prostitutas va a mejorar sus condiciones? ¿Cómo van a someter a estas mujeres a programas sociales sin alejarlas del entorno socioeconómico en el que se encuentran inmersas? ¿Piensa alguien que si estas mujeres encontraran un entorno social y laboral menos nocivo no se acogerían a él?
No son pocos los que pretenden convertir la prostitución en un asunto moral o de seguridad ciudadana, sin tener en cuenta las condiciones en las que se encuentran estas mujeres ni las causas que las provocan. Por otro lado, este enfoque pretende que sean las prostitutas las que cambien de vida, obligadas tan solo por una ordenanza, y no por un programa integral que las proteja y aconseje desde su propio entorno sociocultural. Sigue primándose el modelo punitivo al educativo y asistencial. Y lo más grave de todo, al auspicio de la corrección política, de la excusa puritana de querer lo mejor para ellas, pero sin tener que verlas mercadear con su cuerpo mientras conducimos.
Ramón Besonías Román