España, con más de diez mil, tiene más aforados que el resto de la Unión Europea, claro reflejo de la desigualdad y de la baja calidad de una democracia que hoy está en pleno declive y desprestigiada ante los ciudadanos y la opinión pública mundial. Pese a ello, el PP acaba de rechazar una moción del PSOE que pedía la eliminación de la figura del aforado para los senadores, diputados y parlamentarios autonómicos, en una votación en la que el PP ha hecho valer su mayoría absoluta en la Cámara alta.
El aforamiento protege a los políticos, a jueces y a otros altos cargos de los tribunales ordinarios y establece que sólo puedan juzgarlos los altos tribunales, precisamente aquellos cuyos magistrados son nombrados directamente por los partidos, todo un truco antidemocrático de la peor estofa.
La razón del rechazo quizás sea la gran cantidad de políticos del PP que hacen cola ante los tribunales para ser juzgados por delitos de corrupción, pero el PSOE tiene todavía más presuntos delincuentes en sus filas y, a pesar de ello, está siendo sensible a la demanda popular de eliminar el aforamiento de los políticos, todo un símbolo de los privilegios de la "casta".
Entre los senadores que rechazaron el proyecto se encontraba Rita Barberá, ex alcaldesa de Valencia, sospechosa de corrupciones hoy protegida por su aforamiento como senadora.
Además del fin del aforamiento, hay otras muchas reivindicaciones y demandas democráticas que crecen como la espuma en la sociedad española, como la eliminación de la financiación con dinero público de los partidos políticos, la prohibición de las alianzas electorales que previamente a la votación no hayan sido anunciadas, la obligación de cumplir las promesas electorales, la eliminación de las listas cerradas y bloqueadas y, sobre todo, una batería de castigos que endurezcan el delito de corrupción, entre ellos la obligación de devolver lo robado y la responsabilidad del partido que haya designado al ladrón para un cargo público.
Pero, a pesar de la fuerza notable de esas reivindicaciones, el grueso de la clase política española, cada día mas rechazada por su pueblo, se niega a aprobar las reformas necesarias para potenciar la regeneración de un país podrido.
El aforamiento no es ni siquiera el mayor de los privilegios de esta clase política española fracasada y rechazada por los ciudadanos. Los políticos, a pesar de los recortes y de la creciente pobreza que generan en su entorno, provocada por ellos mismos y sus estúpidas políticas, tienen ventajas fiscales, salarios muy altos, derecho a pensiones vitalicias con sólo cotizar unos años, indemnizaciones especiales, muchas vacaciones, dietas descomunales, facilidades y regalos, además del disfrute de guardaespaldas, asesores y la flota de coches oficiales mayor del mundo.
Si al menos gobernaran bien, el pueblo les perdonaría sus abusos y quizás toleraría sus muchos privilegios, pero gobiernan mal y son tan contumaces generadores de errores, pobreza, injusticia, abuso y corrupción que ni siquiera merecen el sueldo que reciben.
Francisco Rubiales