El ente público televisivo parecía tomárselo muy en serio y no estaba dispuesto, según el nuevo Manual del Estilo de RTVE, a ofrecer gratuitamente ante los niños ni mayores una sangre derramada violentamente. Pero, tras la de cal, venía la de arena y añadía que, pese a todo, no era indiferente a la relevancia que el mundo de la tauromaquia tenía ni a su influencia en muchos aspectos socioculturales “y, por ello, debía reflejar su actualidad en la programación”. El Congreso rechazó la proposición del PP según la cual el Gobierno debía obligar a la cadena pública a dar información taurina. Y la comisión rechazó las tres peticiones de la proposición defendida por Juan Albendea, un diputado del PP que enumeraba decenas de nombres de artistas e intelectuales que habían puesto de relieve que la tauromaquia era “un hecho cultural de primera magnitud del que la radio-televisión pública no se entera”.
Albendea denunciaba que RTVE no prestaba “la menor atención” a la fiesta taurina que sufría, “un veto absoluto” desde 2006, cuando las retransmisiones se interrumpieron “bruscamente” debido al elevado coste de las mismas. El argumento era rebatido por el PP al considerar que las retransmisiones de partidos de fútbol, competiciones de motos o automovilísticas también suponían una elevada inversión y que, sin embargo, no se prohibían. El partido de Rajoy rechazaba el argumento de que el canal público no debía emitir corridas de toros porque estas se celebran en horario infantil. Y, el pasado mes de febrero, el Congreso de los Diputados y el Senado aceptaron oficialmente la presentación de una “Iniciativa Legislativa Popular (ILP) favorable a la Fiesta en la que se pedía que fuera declarada Bien de Interés Cultural. Luego comenzaron a recoger firmas a su favor mientras que el PP y Ciutadans dirigían una pregunta a la Mesa del Parlament catalán sobre qué iba a costar la prohibición de los toros aprobada por Ley. El primer partido de la oposición que aspira a la Moncloa propuso que se ampliase un año más la moratoria, debido a la crisis que existía en esos momentos. Lo que daría esperanzas a los aficionados, y tiempo para que prosperara el recurso presentado por la dirección nacional del PP.
Poco después, los toros “viajaban” a la UNESCO, para pedir su reconocimiento como cultura. Eso era al menos lo que estimaban sus defensores, pidiendo que se aceptara ese calificativo de espectáculo cultural lo que lo protegería en todos los países con festejos. Aficionados de los países con tradición taurina, por medio de la denominada “Declaración Internacional de la Tauromaquia”, se dirigieron a la máxima instancia cultural del mundo, la UNESCO, para reclamar su protección. Iniciativa que tenía por objeto reconocer la universalidad de la Fiesta y su enorme importancia en la cultura de los pueblos, según declaraba el diplomático y jurista venezolano Wilian Cárdenas, uno de sus más destacados promotores. “La Fiesta de los Toros –decía el manifiesto auspiciado por los firmantes de la Declaración– es una tradición con implantación y arraigo en ocho naciones de América y Europa, constituyendo un patrimonio cultural, antropológico, histórico, monumental y ecológico de primer orden que debe ser preservado y legado a las futuras generaciones”. Al parecer, esto y no la defensa de los animales y otras “zarandajas” de la izquierda es el primer objetivo de la derecha recalcitrante y defensora del toreo con sangre en las plazas y olés en el tendido.