Sin duda, la mejor baza electoral que el Partido Popular podría haber jugado en las elecciones autonómicas que se celebran hoy habría sido el anuncio de un compromiso firme para revisar las pensiones conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC), tal como está previsto legalmente. El hecho de que el Gobierno siga refugiado en la ambigüedad y no haya utilizado esa baza hace temer lo peor: que Rajoy, tras haber precarizado las condiciones de vida de muchos españoles, se dispone ahora a machacar a los jubilados.
Ya se vienen lanzando globos sonda en el sentido de que el Gobierno no descarta actualizar las pensiones con un IPC irreal mucho más bajo. En la habitual jerga de mixtificaciones se apunta a que se podría utilizar el 'IPC a impuestos constantes', que excluye de la variación de los precios la parte que se debe al IVA. Aplicando ese IPC sin la subida de impuestos, el Gobierno tendría que pagar a todos los pensionistas unos 400 millones de euros. Con el IPC de verdad el coste sería de 2.400 millones.
La paternidad de esta idea no pertenece al equipo ministerial de Rajoy, que es un simple, e implacable, ejecutor de las políticas miserabilistas del neoliberalismo. Hace tiempo que ciertos "expertos" en la teoría de la relatividad económica proponen que se establezca una escala específica de revisión del IPC para los jubilados, al entender que tienen gastos más reducidos. “Un jubilado, por el mero hecho de serlo, disminuye al máximo sus gastos de transporte [...] tampoco tiene necesidades de formación [...] por lo que puede prescindir de la realización de cursos y adquisición de libros”. De este tenor son los argumentos con los que Ramiro Grau Morancho, profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad de Zaragoza, postulaba, ya en 1997, en las páginas del diario Abc el establecimiento de un IPC distinto para revisar las pensiones de jubilación (*).
A esa escuela pertenece también el Servicio de Estudios del BBVA, que en un informe sobre las perspectivas del sistema de pensiones en España aconsejaba al Ejecutivo acometer reformas “en el menor plazo posible”. Entre ellas, el retraso de la edad de jubilación y que el aumento anual de las pensiones sea el del IPC “menos” algunas décimas, medio punto por ejemplo. José Luis Escrivá, director del mencionado servicio, abunda en la tesis de que los jubilados tienen un menor límite de gasto y consumen menos que el resto de los ciudadanos.
Claro que la tesis de Escrivá se compadece mal con el hecho de que los consejeros de los tres grandes bancos españoles (Santander, BBVA y Popular) acumulaban, ya en 2006, compromisos en fondos y planes de pensiones para sufragar su jubilación por un importe conjunto de 273,4 millones de euros, una cantidad suficiente para pagar la pensión media de 30.000 jubilados españoles durante un año. Estos compromisos, que traducidos a pesetas superan los 45.000 millones, serían suficientes para hacer frente a las jubilaciones de todos los pensionistas de Zamora o Huesca durante un año, las de los de Soria durante dos ejercicios o las de los de Ceuta y Melilla durante cuatro años.
En concreto, la mayor parte de los compromisos por pensiones de los altos cargos del BBVA están centrados en el presidente, Francisco González; el secretario del Consejo, Antonio Maldonado y el consejero delegado, José Ignacio Goirigolzarri. Este último, en contra de las tesis de alargar la edad de jubilación, pasó a la dorada reserva a los 55 años, cobrando una astronómica pensión de unos tres millones de euros anuales, respaldada por los 52,49 millones de euros que tiene dotados el banco para garantizarle esa prestación. Por su parte, Francisco González, al cumplir los 65 años en 2010, recibió en concepto de pensión la suma de 79,7 millones de euros en forma de póliza de seguro de la que no podrá disponer hasta que cese en sus funciones ejecutivas.
Con esa astronómica pensión, Goirigolzarri podría haberse retirado a una isla del Caribe o a un castillo en el Rhin, por poner algún ejemplo exótico. Nada de eso, seguirá cobrando un elevado salario, ahora por cuenta del contribuyente, ya que se hizo cargo de Bankia tras la vergonzosa salida de Rodrigo Rato, responsable de haber llevado la entidad a la bancarrota.
Inicialmente, se estimó en 23.465.000.000 euros el monto del dinero público que el Gobierno inyectará a Bankia mientras recorta brutalmente las partidas presupuestarias de interés social. Pero no es sólo Bankia, sino otras entidades financieras a las que se va a inyectar dinero público a través del préstamo europeo que supondrá incrementar la Deuda del Estado. En su momento, escribimos en este blog que “cada euro de las ayudas que el Partido Popular destina a subvencionar la delincuencia bancaria nos lo van a hacer sudar a la gente de a pie". Ya lo estamos viendo.
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(*) Grau Morancho, Ramiro: “La revalorización de las pensiones”, Abc, supl. Nuevo Trabajo, nº 132, 5/01/1997.