Su gobierno en la autonomía valenciana, donde la corrupción está presente y se practican vicios tan socialistas como la arrogancia del poder, el despilfarro, el endeudamiento y el acoso al idioma español, resta a la derecha mucha credibilidad y siembra el futuro de España, gobernada por el PP, de inquietud y zozobra.
Para ganar credibilidad y demostrar ante los ciudadanos que es un partido distinto y mejor que la charcutería de Zapatero, está obligado a realizar grandes y significativos gestos, los cuales, en política, tienen más fuerza que las palabras.
Uno de esos gestos, acorde con sus promesas y críticas emitidas en el pasado, cuando eran pura oposición y ni siquiera se les contemplaba como una opción real de gobierno, debe ser el cierre o privatización de las televisiones públicas en las autonomías donde ellos mandan.
Las televisiones autonómicas no cumplen ninguna misión vertebradora, educativa o informativa que resulte imprescindible. Su oferta no se diferencia en casi nada de las emisoras privadas y cuestan una millonada al Estado. Los socialistas las han utilizado para domesticar a los ciudadanos, mentir y ganar votos. Algunas autonomías de la derecha le han dado un uso similar. Ahora, cuando España necesita grandes gestos de ahorro y austeridad, desprendese de esos juguetes para políticos, verdaderos flagelos engañadores y manipuladores del pueblo, cerrar o privatizar esas cadenas seria una medida que aportaría solvencia y credibilidad a una derecha que pronto ganará la Moncloa.
Pero hay dos formas de llegar al poder en España. La primera, indigna y degradante, es gobernar como consecuencia del castigo popular a Zapatero; la segunda, digna y decente, es gobernar porque se ha convencido y sabido despertar la ilusión de los ciudadanos.
Si el PP no quiere que dentro de cuatro u ocho años le expulsemos del poder con la misma saña que lo estamos haciendo con el PSOE, debe convertirse en un partido democrático, acercarse al ciudadano, reformar las leyes inicuas de España, acabar con el abuso y los privilegios, limpiar el país de corrupción y despolitizar la Justicia, hoy prostituida por los partidos.
Acabar con las televisiones públicas autonómicas sería un buen comienzo en esa larga y difícil ruta de España hacia la regeneración y la esperanza.