La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, acaba de asegurar que su partido ha hecho todo lo que ha podido contra sus dirigentes o militantes sospechosos de corrupción porque no puede “meter a la gente en la cárcel”.
Pero sí puede sacarla, como hizo con Jaume Matas horas antes, o mantenerla en su puesto, como a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo.
La declaración de Cospedal venía tras la concesión por el Ministerio del Interior a Matas, expresidente de Baleares y exministro de Aznar, del tercer grado penitenciario, que le permite salir temporalmente de prisión.
El informe de Prisiones recomendaba otorgarle el segundo grado, que impide salidas, aunque la vida es más cómoda que la de los penados de primer grado; pero el ministro de Interior tuvo la última palabra.
Para el PSOE este régimen de semilibertad de Matas, condenado a nueve meses, pero en espera de seis juicios más, es un indulto encubierto. Claro que el PSOE de Zapatero indultaba a los banqueros antes de que entraran en prisión, así no tenía que concederles el tercer grado.
Era de esperar de Cospedal, también presidenta de Castilla-La Mancha, que en este momento de creciente indignación por la corrupción dijera, por ejemplo, “trabajamos para limpiar el partido y no pararemos hasta dejarlo impoluto”, a la vez que destituía a cargos públicos sospechosos.
Pero, no: numerosos sospechosos se mantienen en sus cargos y hay condenados en libertad, en espera de un posible indulto del Gobierno, como Carlos Fabra, el expresidente de la Diputación de Castellón, que aunque ya no es militante sigue manteniendo vínculos en el partido.
“No podemos meter en la cárcel” a los sospechosos de corrupción, pero sí deberían exponerlos en una picota, a modo preventivo de los autos de fe que crearán los bolivarianos de Podemos no contra las masas de corruptos suyos que eclosionarán, sino contra los demócratas, si gobiernan gracias a conductas vacuas como la de Cospedal,
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SALAS