La sociedad española cree que la casta política, junto con el paro, constituye nuestro principal problema por su incompetencia y su falta de honradez; son muchos ya los españoles que reclaman una reforma de la Constitución, que restablezca los intereses de la Nación Española y reduzca al máximo las funciones de las Comunidades Autónomas. P. J. Ramírez ayer decía:”En el modelo actual, el pacto de resultados es la partitocracia, que, con sus listas cerradas y bloqueadas, sus diecisiete autonomías, las diputaciones, ocho mil municipios y un sinfín de mancomunidades, consells, cabildos o consejos comarcales con sus privilegios y derroches ha usurpado los derechos de participación de los ciudadanos hasta el extremo de que parece más dispuesta a permitir la destrucción del Estado que el recorte de los privilegios de la casta que alimenta”.
Según lo anunciado por la Vicepresidenta Soraya, parece que ya “ha llegado la hora del sacrificio de los políticos y del Estado Autonómico; ya han decidido cortar el grifo que alimenta los bebederos políticos; eso está muy bien, pero ese sacrificio requiere algo más que unos recortes bien intencionados, pero insuficientes, timoratos y débiles. Tras tantas indecisiones y parsimonias, dudamos que este Gobierno vaya a recortar ya y de veras el terrible gasto e inutilidad de los políticos. Antes, debería tomar una firme decisión y promulgar una ley que sancione que “ningún partido político, ni ningún sindicato podrá gastar más de lo que ingrese a través de las cuotas de sus afiliados, incluido el 0,7% de la declaración de la renta”, es decir, el despilfarro y el enorme gasto pagado por los españoles vía de los impuestos casi confiscatorios, que sangran a los contribuyentes. España necesita una acción gubernamental fuerte sin dubitaciones, el uso de la autoridad y la mayoría absoluta sin titubeos ni componendas; tiene que cortar el gasto desaforado que no puede mantener, retrotraer las competencias de Educación, Sanidad, Justicia y Hacienda, suprimir el T. Constitucional politizado y nocivo –ahí está Bildu-, suprimir el Senado innecesario y gastoso, los 17 parlamentos, reducir el número de Diputados, las empresas públicas, casi todas deficitarias, que nos esquilman sin otro fin que la colocación de parientes, amiguetes y paniaguados políticos y sindicales, los concejales, los miles de asesores, las muchas fundaciones, asociaciones e instituciones subvencionadas y la gran cantidad de funcionarios y empleados públicos, todos a cargo del erario publico. Las medidas anunciadas son insuficientes, porque la exigencia imperiosa del pueblo español sacrificado e indignado consiste en la poda del gasto y las mamandurrias, la eliminación de la terrible deuda y la supresión de las “autonosuyas”, que son la sangría provocada por la insoportable hipertrofia pública.
Los partidos políticos expresan el pluralismo político y son instrumentos fundamentales para la manifestación de la voluntad popular, sin embargo, no están cumpliendo esa función, porque, contrariamente al art. 6º de la Carta Magna, desconocen la democracia interna, viven al margen de las necesidades de los ciudadanos, a los que no rinden cuentas de sus actos; diputados y ediles no logran sus escaños por méritos propios, sino por la voluntad de los jefes del partido, que los colocan en listas electorales cerradas y les dan sus consignas. España necesita superar el vigente régimen partitocrático; por ello, ve precisa la reforma de la Constitución, a la vez que la modificación de la Ley Electoral, para lo que resulta indispensable renovar previamente el sentir de la clase política y de la sociedad en general; se ha de permitir el acceso a la política a aquellos que se comprometan con la misión de servicio y su dedicación al bien común, antes que a los intereses propios o de su partido; hay que promover el mérito frente a la obediencia sumisa, la creatividad frente a la pasividad y la autocrítica frente al conformismo.
C. Mudarra