El Protocolo de Kyoto se gestó en 1997, pero no fue hasta el 16 de febrero de 2005 que entró en vigor. Hasta la fecha, 190 partes han ratificado el tratado que, sin embargo, sigue arrastrando las consecuencias de no incluir a grandes emisores, como los Estados Unidos.
El acuerdo, que se rige bajo el principio de la responsabilidad común pero diferenciada, contiene compromisos vinculantes de reducción de emisiones para un grupo de países industrializados, que deben reducir su nivel de emisiones de gases de efecto invernadero en un 5%, respecto al año base de 1990, durante período 2008-2012.
La Unión Europea, en conjunto, debe reducir sus emisiones en un 8% pero cada país tiene distintas asignaciones, de esta manera, a España se le permite aumentar sus emisiones en un 15% respecto al año base. A pesar de esta ventaja comparativa y de ser un país referente en energías renovables, los inventarios muestran que las emisiones han crecido en más de un 40%.
Los esfuerzos de reducción se deben realizar internamente, pero el protocolo estableció tres “mecanismos flexibles”: la adquisición de certificados de reducción a partir de proyectos realizados en otros países con compromisos de reducción (implementación conjunta), de proyectos realizados en países en vías de desarrollo (mecanismo de desarrollo limpio) o directamente de países que han ido más allá de sus compromisos, y pueden vender los créditos “sobrantes” (comercio de emisiones).
Bajo el Esquema de Comercio de Reducciones de Emisiones de la Unión Europea, que empezó a aplicarse en enero de 2005, se establecen planes de asignación para más de 7500 empresas, y multas de 40 euros (2005 – 2007) y 100 euros (a partir de 2008) por cada tonelada de más emitida.
Kyoto post 2012
El primer período de compromiso del protocolo de Kyoto acaba el 2012. El Plan de Acción de Bali (2007) identificó cuatro elementos clave para dedicar los esfuerzos al acabar este período: mitigación, adaptación, finanzas y tecnología. La COP15, que debía definir el escenario, no consiguió los resultados esperados.
A principios de febrero, 55 países habían aportado ya sus propuestas, englobando un 78% de las emisiones globales. La suma de los compromisos, no obstante, permitiría un aumento de más de 3ºC, por encima del umbral máximo recomendado de los 2ºC, lo que puede traer consigo serias consecuencias ambientales y sociales.
Este año nos toca trabajar para lograr compromisos vinculantes post 2012, para fortalecer y mejorar el protocolo de Kyoto y para llenar los vacíos existentes en temas como la adaptación, la conservación de bosques, la transferencia de tecnología o los vínculos con otras convenciones de Naciones Unidas.
Mientras tanto, no debemos ni podemos esperar a que una eventual obligación jurídica nos mueva actuar. La iniciativa CeroCO2, promovida desde 2005 conjuntamente por las ONG Acciónatura, y Ecología y Desarrollo nos envía un mensaje claro: debemos avanzar conociendo nuestra huella de carbono, reduciéndola en lo posible, y compensando aquellas emisiones que no hemos podido evitar. La compensación de más de 75.000 toneladas de carbono por parte de más de 160 organizaciones y 55 eventos es un indicador de cómo, desde un ámbito de actuación voluntario, se reconoce la urgencia de actuar frente al cambio climático.
Los proyectos que se inscriben en el mercado voluntario suelen perseguir de forma especial un triple objetivo: la lucha contra el cambio climático, la reducción de la pobreza, y la protección de la biodiversidad, dando muchas veces apoyo a proyectos a pequeña escala que no serían viables dentro del mercado regulado, y ofreciendo la historia detrás de cada tonelada compensada.