El PSOE practica la política del avestruz con el dragado

Al hilo del artículo que escribimos ayer en sevilla report sobre las declaraciones del presidente de la Autoridad Portuaria, Manuel Fernández, en relación con el espinoso tema del dragado del río Guadalquivir, hoy la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía (Feragua) ha hecho pública una nota en la que pide al Ministerio de Fomento su destitución inmediata.
Feragua considera las manifestaciones de Fernández “enormemente desafortunadas” y una “exhibición de imprudencia” intolerable en el uso del dinero público al reconocer que a la obra del dragado podría ocurrirle lo mismo que a la biblioteca del Prado de San Sebastián.
La presidenta de dicha asociación, Margarita Bustamante, ha señalado como únicos responsables de la dilapidación de ese dinero público, en el caso de que ocurriese, a la Autoridad Portuaria y a su presidente. Según sus palabras, la Autoridad Portuaria ha iniciado el proyecto “a las bravas” y sin tener en cuenta el diseño y ejecución de las medidas compensatorias que contrarresten su impacto, como ocurre en cualquier obra civil. "El hecho de que ya haya una esclusa construida en la que se ha arriesgado mucho dinero también de forma irresponsable, no debe precipitar la ejecución del dragado", ha declarado.
Bustamante ha afirmado que "a pesar que el señor Fernández parezca ignorarlo, estamos en un Estado de Derecho, donde la política de hechos consumados no funciona, o no debería funcionar, y por tanto donde tener ejecutada una esclusa no es salvoconducto para empezar el dragado antes de reunir todas las garantías y aprobaciones administrativas necesarias" y que es “un hecho irrelevante” que se haya incluido la partida correspondiente en los Presupuestos Generales de 2013, porque es algo que se viene repitiendo en los últimos siete años.
Ante la polémica suscitada por las declaraciones de Manuel Fernández, el diputado nacional por Sevilla del PSOE, Antonio Pradas, lejos de pronunciarse sobre los graves problemas que acarrea el proyecto para el Parque Natural de Doñana, para la fauna y flora del río, su cauce y todo el estuario, tal y como ha determinado el informe del Comité Científico contratado al efecto, ha preferido ocultar la cabeza debajo del ala y practicar la ya famosa política del avestruz.
Para Pradas, el hecho de incluir la dicha partida en los PGE de 2013 es “un brindis al sol”, porque el nuevo proyecto de dragado “carece de respuesta por parte de las autoridades comunitarias y de las entidades que deben realizar el estudio de su impacto”. Afirma que este asunto “difícilmente se va a poder solucionar en los próximos meses”, ya que “requiere de todos los parabienes técnicos” dada su “repercusión muy directa en determinados acuíferos” de vital importancia para el cultivo del arroz en el Bajo Guadalquivir”. Es decir, una batahola de requerimientos técnicos, pero sin entrar en el fondo del asunto.
Para el Gobierno anterior, presidido por Zapatero, el dictamen de la Comisión Científica era “inherente” a la Declaración de Impacto Ambiental, por lo que sorprende aún más la actitud de no mojarse del diputado socialista. Por su parte, el gobierno actual, dicho por boca del Ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, ha manifestado su intención de que “el asunto no quedará dormido en los cajones”.
Aquí parece no importarle a nadie demasiado los peligros de los que advierten los científicos para el estuario, ya que su palabra en este caso es la que menos peso tiene y la que con más facilidad se pasan por el forro de los caprichos los encargados de tomar las decisiones de calado. Así está el río.