Una familia que obtiene todos sus ingresos de su huerto se siente "estafada". Es nuestro medio de trabajo. Otra gente ha invertido en esto y en otras diez cosas más, pero nuestra vida gira en torno a nuestro huerto. Si nos dijeran que después de tres años, vamos a volver a las condiciones iniciales, sería un consuelo; pero ¿quién se fía?". Quien habla es Asunción Jambrina, propietaria, junto a su marido, el británico David Stringfellow, de un huerto fotovoltaico de 80 kilovatios (Kv) en la pedanía de Albanchez, Almería. Su testimonio ejemplifica el de miles de pequeños inversores que van a ver recortada (un 30% durante tres años y entre un 10% y un 15% en los siguientes) la prima para estas instalaciones. Según una de las patronales del sector, Asif, en España hay 35.666 huertos en manos de pequeños inversores (65% del total).
Asif ha pedido que se exima del recorte a las instalaciones más pequeñas (menos de 50 kV). La de Jambrina se quedaría fuera. Como dice Rocío Hortigüela, presidenta de Anper, otra patronal, "definir qué huerto es pequeño es complicado". Jambrina y su marido entraron en el negocio en 2008, año del boom del sector. A diferencia de muchos otros, que pidieron al banco el 100% de la inversión, compraron al contado (por unos 500.000 euros) una planta con todos los permisos a la que sólo le faltaba conectarse a la red. "Entre nuestros ahorros y mi casa, que vendimos, teníamos un dinero con el que queríamos generar un medio de vida para 25 años, porque, por edad, mi marido (ingeniero de 64 años) no lo tenía fácil", cuenta Jambrina, que a sus 50 años sufre artritis degenerativa.
Asunción y su marido invirtieron todos sus ahorros en un huerto solar
"Nos han destrozado la vida", dice. "Comemos de esto, el colegio de mi hija [de 7 años] y la Seguridad Social la pagamos con esto", explica en conversación telefónica. "Pensamos que nos daría para vivir independientemente, sin necesitar paro, ni invalidez, sin ser una carga para nadie". Se sienten "estafados" por el Estado y recurrirán en los tribunales, pese al alto coste de esos trámites (unos 8.000 euros). "Nos habría parecido justo que, como todos los españoles, contribuyéramos a la salida de la crisis con una bajada de primas del 5%-10%; pero un 30% es un robo", dice String-fellow, que acusa a las eléctricas (favorables al recorte) de ser un "cártel".
Su mujer se declara indignada por la imagen negativa del sector: "Hemos quedado como delincuentes; casi me tengo que justificar ante mis amistades. La opinión pública no entiende que tiene una deuda con las eléctricas", dice. Alude al déficit de tarifa (diferencia entre ingresos y costes del sistema eléctrico), una de las razones del recorte para una tecnología cara (cobra la mitad de las primas) que sólo aporta el 2% de la electricidad.
Pérdida. "No somos la Casa de Alba, que no va a notar esa pérdida del 30%"
"No somos la duquesa de Alba, que no va a notar esa pérdida del 30%", concluye Jambrina, en alusión al hecho de que multimillonarios y grandes fortunas controlan, al menos, el 40% de la potencia fotovoltaica; un 40%, como mínimo, porque muchos de los agentes del sector no revelan cuántos megavatios (MW) tienen. La Casa de Alba, por cierto, ha revelado esta semana que tiene 13 MW, tantos como Endesa, la única gran eléctrica presente en este sector.
Fuente: Público
Según afirma ASIF en un comunicado de prensa de hace unas semanas: Más de 200.000 personas resultarán afectadas por los recortes a la fotovoltaica.
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