El Sexenio Absolutista (1814-1820) Mediante el tratado de Valençay (diciembre de 1813) Napoleón devolvía la Corona de España a Fernando VII, el cual regresaba al país en marzo de 1814. Las Cortes habían dictado órdenes confidenciales con el fin de garantizar su viaje directo a Madrid para jurar la Constitución, ante los indicios de que pudiera negarse. Pero las órdenes de las Cortes fueron desobedecidas. Recibido con entusiasmo por dondequiera que pasaba el monarca decidió dirigirse a Valencia, allí recibió el apoyo del general Elio y una parte del Ejército, además de nobleza, clero y del pueblo llano al grito de “¡Viva el Rey! ¡Muera la Constitución!”. El apoyo de la nobleza y el clero absolutista se expresó en el documento que en Valencia había entregado al Rey un centenar de diputados, el Manifiesto de los Persas. En él se reclamaba la vuelta al sistema del Antiguo Régimen y a la situación de mayo 1808. Se revindicaba el carácter ilimitado del poder del Rey y su origen divino, defendiendo la Alianza del altar con el trono. Fernando VII el 4 de mayo dictó en Valencia un Real Decreto por el que suprimía las Cortes, declaraba nula toda su actuación y abolía la Constitución y toda la legislación realizada por la Cámara. Paralelamente el general Eguía era enviado a Madrid con orden de tomar la sede de las Cortes y proceder a detener a regentes, ministros y diputados. El 10 de mayo enraba el Rey en Madrid entre el clamor popular. Se trató de un auténtico golpe de Estado. Las primeras medidas del Rey se encaminaron a satisfacer las reclamaciones de quienes apoyaron el golpe. El decreto del 4 de mayo eliminó la soberanía nacional. También quedaron derogadas la Constitución de Cádiz y la legislación ordinaria “como si no hubiese pasado jamás tales actos y se quitasen de en medio del tiempo”, así se anularon las medidas desamortizadoras, los inicios de reforma fiscal o la libertad de imprenta. Se restituyeron los privilegios de la nobleza y de la Iglesia. Se restablecía el Tribunal de la Inquisición y la Mesta, y se permitía incluso el retorno de la Compañía de Jesús. Se procedió a la detención y juicio tanto de los afrancesados como de los liberales, acusados de traición y conspiración contra el Rey. Como los tribunales no pudieron concretar las acusaciones, no establecidas como delito en la legislación del Antiguo Régimen, fue el propio Monarca el que tuvo que dictar sentencia, normalmente de destierro y confiscación de propiedades para los ministros, consejeros, militares y funcionarios que habían colaborado con la administración de José I. Y prisión o destierro y confiscación de bienes, para 51 diputados, ministros o regentes liberales encarcelados de los cerca de 100 que habían sido procesados. Otros muchos habían conseguido huir. Mientras que en 1818 Fernando VII atenuó las medidas contra los afrancesados y restituyó sus propiedades a los familiares, la persecución contra los liberales se mantuvo hasta 1820. De todas formas el Rey tan solo excluyó de las medidas represoras a aquellos funcionarios que habían jurado fidelidad al nuevo monarca para mantener sus empleos, como fue el caso de Francisco de Goya. Fernando VII gobernó mediante sucesivos ministerios, en permanente inestabilidad política ante la falta de coherencia en la línea a seguir y la incapacidad de los consejeros del Rey para gobernar. El auténtico gobierno en la sombra lo constituía la camarilla, formada por los hombres de confianza del Rey que se repartían puestos, prebendas y privilegios, como por ejemplo Antonio Ugarte. El resultado fueron seis años caóticos de Gobierno, crisis económica y desastres coloniales. Una serie de graves problemas acabó por dar al traste con el régimen absolutista. En primer lugar se produjo una caída de los precios gracias a una racha de buenas cosechas. El país estaba arruinado tras cinco años de guerra, con un mercado nacional que seguía siendo inexistente y un comercio colapsado por el hundimiento de la producción industrial y la pérdida del mercado colonial. Esta situación coincidió con una serie de factores que agravaron la situación en el campo, como la restitución de los bienes a la nobleza y a la Iglesia o la vuelta de la Mesta, además del restablecimiento de los derechos jurisdiccionales. Todo esto explica por que los campesinos apoyaron el pronunciamiento de 1820. El descontento no se limitó al campo y se extendió también entre los grupos sociales urbanos a causa de la represión política, el hundimiento económico, la pérdida del comercio, pero sobre todo debido al aumento del paro. Pero el principal problema de los débiles Gobiernos fernandinos fue la quiebra financiera del Estado. Los ingresos medios eran de 650 millones de reales anuales, mientras que los gastos en el mismo periodo de tiempo eran de 850, más la amortización de una deuda que ascendía a 12.000 millones. Todos los ministros fracasaron en el intento de recuperar a la Hacienda de tal situación. Una institución especialmente sensible fue el Ejército, el retraso en el pago de las soldadas, las malas condiciones de vida, en los cuarteles y sobre todo el envío de tropas a América. Poco a poco se reorganizó el movimiento clandestino liberal. Surgieron círculos revolucionarios y sociedades masónicas secretas en las principales ciudades y entre los oficiales. Se sucedieron pronunciamientos y conspiraciones, el primero protagonizado por Espoz y Mina en 1814, el general Porlier en 1815, la conspiración de Richard en Madrid para asesinar al Rey en 1816, la de los generales Lacy y Milans del Bosch en Barcelona en 1817, la del general Vidal 1819 y la conjura del Palmar en 1819. Finalmente, el pronunciamiento del comandante Rafael de Riego, jefe de las tropas expedicionarias acantonadas en Cabezas de San Juan para ser enviadas a América, el 1 de enero de 1820 tiene éxito y recibe el apoyo popular necesario para triunfar, restaurándose la Constitución de Cádiz. El Trienio Liberal (1820-1823) Pasaron dos meses entre el pronunciamiento y el triunfo del liberalismo. El movimiento triunfó gracias al apoyo de otras guarniciones y sobre todo a la irritación campesina. Finalmente Fernando VII tuvo que jurar la Constitución de Cádiz el 7 de marzo. El periodo del Trienio se caracterizó por la inestabilidad gubernamental debida a la propia división de los liberales, por un lado los doceañistas, partidarios de un Gobierno fuerte , un sistema de doble cámara, una libertad de prensa limitada, sufragio censitario y la defensa de la propiedad y el orden social. Representaban a la burguesía y a los diputados provenientes del exilio, como Francisco Martínez de la Rosa. Por otro lado los exaltados, jóvenes, radicales y partidarios de llevar al límite el desarrollo de la Constitución: Cámara única, sufragio universal, completa libertad de opinión y marcadamente anticlericales. Actuaban en los clubes y Sociedades Patrióticas. Eran abogados, intelectuales o jóvenes oficiales, como Rafael de Riego. Estos se hicieron con el poder en 1822. Una segunda fuente de inestabilidad la constituyó la actitud reaccionaria del Rey. Nombrando ministros absolutistas, haciendo amplio uso del derecho de veto y sobre todo a la traición de pedir secretamente una intervención extranjera a los miembros de la Santa Alianza. A esta inestabilidad gubernamental se sumó la presión en la calle, se produjeron levantamientos y focos guerrilleros en el Norte. Se sucedieron continuas manifestaciones, algaradas en las calles y en locales públicos (cafés, teatros), con enfrentamientos entre partidarios radicales y las fuerzas militares. La proliferación de prensa exaltada, las canciones populares y la sátira florecieron en un clima de intolerancia hacia los llamados serviles. A lo largo de estos tres años las Cortes aprobaron una legislación reformista que tenía la intención de acabar con el Antiguo Régimen. Supresión de la vinculación de la tierra en todas sus formas, mayorazgo, tierras eclesiásticas y comunales. Desamortización de bienes de propios y baldíos, para amortizar deuda y compensar a los militares retirados. Fue un fracaso, ya que las tierras fueron a parar a manos de grandes propietarios y se recaudó menos de lo esperado. Desamortización eclesiástica: tierras de conventos, que casi no hubo tiempo de llevarla a la práctica. Reducción del diezmo a la mitad. Consiguiendo el rechazo de la Iglesia y el descontento campesino. Establecimiento de una contribución directa sobre la propiedad que debía aplicarse a partir de 1822. Restablecimiento del decreto de 1813 que declaraba la libertad de contratación, explotación y comercialización de la producción agraria, que produjo un aumento de los arrendamientos. Las consecuencias de esta política fueron negativas, al no mejorar la situación campesina, consolidar la gran propiedad y en definitiva consiguió el alineamiento del campesinado a favor de la reacción absolutista. La política religiosa estuvo marcada por el anticlericalismo y la defensa visceral del poder del Estado. Se exigió a los clérigos el juramente de la Constitución y el estudio de la misma en las escuelas, así como su explicación desde los púlpitos. Volvieron a suprimirse el Tribunal de la Inquisición y la Compañía de Jesús. Pero la medida más importante fue la Ley de Supresión de Monacales, que disolvía todos los conventos regulares, salvo los ocho de mayor valor histórico y artístico, las órdenes pasaban a depender de los obispos, se prohibía aceptar nuevos novicios y se desamortizaban sus bienes para amortizar la deuda. La consecuencia de toda esta legislación fue el enfrentamiento con la Iglesia. Otro aspecto de la legislación reformista fue la reorganización militar y policial. La Ley Orgánica del Ejército establecía su subordinación al poder civil, una mejor instrucción, un sistema de ascensos más ágil, una mejora en los sueldos y el principio de desobediencia a toda orden que tendiera a atentar contra el orden constitucional. Se restablecía la Milicia Nacional. La Ley de Orden Público establecía garantías para la defensa del nuevo orden Constitucional. La consecuencia de todo ellos fue la legitimación de la participación del Ejército en la vida política. La reforma educativa se abordó a través del Reglamento General de Instrucción Pública, que establecía la secularización de la enseñanza como principio, la centralización del sistema educativo, su extensión gradual, su ordenación en tres niveles (primaria, secundaria y primaria), y la regulación de la enseñanza privada. Prohibía los castigos corporales y la educación mixta. El problema de la Hacienda se afrontó asumiendo la deuda del Gobierno anterior. Se procedió a una devaluación y a un recorte de los gastos y posteriormente se suscribieron créditos en el extranjero para invertir en obras públicas. El sistema definitivo que debía entrar en vigor en 1823 se basaba en la Contribución Territorial única y Directa, un impuesto sobre la propiedad de la tierra, y en los llamados consumos o impuestos indirectos. El fracaso del Trienio se precipitó en realidad por la acción del movimiento contrarrevolucionario que actuó en torno a la figura del Rey. En 1822 se produjo un intento de golpe militar por parte de la Guardia Real, que fue sofocado por el Ejército y la Milicia Nacional. Fue entonces cuando los exaltados se hicieron con el Gobierno dirigidos por Evaristo San Miguel. Otro intento fueron las guerrillas que se formaron en el Norte desde 1821. Se formaron varias regencias al otro lado de los Pirineos y en la primavera de 1822 las tropas realistas tomaron Urgell. EL Ejército de Cataluña mandado por Espoz y Mina consiguió recuperar la localidad tras seis meses de combates. El golpe definitivo se produjo tras el Congreso de Verona de 1822, donde las potencias de la Santa Alianza acordaron intervenir en la Península. Un ejército francés al mando del duque de Angulema, los Cien Mil Hijos de San Luis, junto a 35.000 voluntarios realistas entraron en España en abril de 1823, en octubre liberaban al Rey en Cádiz devolviéndole su poder absoluto.
La Década Ominosa (1823-1833) La llamada por los liberales década ominosa está presidida por la vuelta atrás, el retorno del absolutismo, la represión y el terror frente a los liberales, la inoperancia económica y las presiones de los ultrarreaccionarios. Ya desde la entrada de los franceses se formaron primero una Junta Provisional y, semanas después, una Regencia. Las medidas tomadas, que serán luego ratificadas por Fernando VII, tuvieron como doble objetivo, la vuelta al Antiguo Régimen y la represión indiscriminada de los liberales. Entre esas medidas destaca, la restitución de los ayuntamientos de 1820, la revocación de todos los nombramientos y ascensos civiles y militares producidos durante el Trienio, la restauración del sistema fiscal tradicional, el restablecimiento del diezmo y la disminución del subsidio que la Iglesia pagaba al Estado, la anulación de las desamortizaciones y de la supresión de las órdenes monásticas y la restauración del régimen jurisdiccional. Fernando VII en su decreto de 1 de octubre, ratificó todas estas medidas y declaró nula toda la legislación del Trienio. En el Ejército se organizaron Comisiones Militares, que procesaron a todos los oficiales que desempeñaron papeles importantes durante el Trienio, de 1.094 casos se ejecutó a 132 de ellos, incluido Rafael de Riego, y se envió a 435 a prisión. Las Juntas de Purificación fueron las encargadas de depurar a todos los funcionarios, empleados públicos y profesores de tendencia liberal. Su acción fue rigurosa, suspendiendo de sueldo a los sospechosos y emprendiendo una auténtica caza de brujas, que condenó a muerte, a la cárcel y a la expropiación a miles de personas que habían colaborado con los Gobiernos del Trienio. Muchos optaron por el exilio. En cuanto a la Inquisición, fue sustituida por Juntas de Fe, que se encargaron de vigilar todas las publicaciones y opiniones para evitar cualquier propaganda liberal. Además se creó el Voluntariado Realista, que integrado por absolutistas sustituyeron a la Milicia Nacional y actuaron agudizando la represión por su cuenta. Por otro lado Fernando VII pidió la permanencia de las tropas francesas. Hasta 1825 la represión fue durísima. El ministro de Justicia desde 1824, Calomarde, desempeñó un papel protagonista y la persecución política continuó hasta 1828 afectando a cerca de 80.000 personas. La vuelta al absolutismo no fue, sin embargo, idéntica a la de 1814. Se empezó por crear el Consejo de Ministros en noviembre de 1823. Se emprendió una fuerte restricción de gastos y se introdujo un presupuesto formal. Se mantuvo la definitiva abolición de la Inquisición, y en conjunto, Fernando VII intentó mantenerse alejado de los absolutistas más radicales, contando incluso con algunos ministros como Cea Bermúdez o López Ballesteros. La crisis económica continuó agravándose. En la agricultura, por la persistente caída de los precios, la vuelta de la Mesta, la presión fiscal y la falta de mercados. Se aprobó la Ley de Minas, intentando impulsar la producción. Pero sólo la industria textil catalana apunta en estos años un ligero crecimiento. En cuanto al comercio, el hundimiento del mercado colonial supuso un auténtico mazazo. En 1829 se aprobó el Código el Comercio y en 1831 se creó la Bolsa. Pero el Gobierno se mostró incapaz de abordar el problema de la Hacienda, aunque López Bravo consiguió que se disminuyeran los gastos y que los ministerios se atuvieran a un presupuesto durante esos años. El Tesoro se mantuvo durante esos años gracias a los préstamos exteriores. En conjunto, en 1830 la deuda no había sido amortizada más que en un 7% mientras que se había multiplicado por siete la deuda exterior. La bancarrota era poco menos que inevitable. Todo ello, pese a no ser más que tibias reformas, provocó levantamientos realistas y generó la reivindicación del trono para el hermano del Rey, el infante don Carlos. Los realistas comenzaron a criticar la obra de gobierno del Rey. Poco a poco los realistas fueron radicalizando sus posturas y comenzaron a apoyar a Carlos María Isidro que conspiraba abiertamente por la Corona. Tras la aparición de un Manifiesto de los Realistas Puros en 1826 que apoyaba el relevo en el Trono en 1827 estalló una insurrección general en el Pirineo catalán, la Guerra de los Agraviados. La gravedad de la situación hizo que el propio Rey a viajar a Cataluña. Era el comienzo del carlismo. Aún así continuaron produciéndose conspiraciones liberales, Espoz y Mina desde el Norte y la del general Torrijos que será ejecutado en Málaga. El final del reinado se vio marcado por la cuestión sucesoria. Fernando no tenía descendencia pese a sus tres matrimonios previos, así que en 1829 se casó con su sobrina María Cristina de Borbón, que a los pocos meses queda embarazada planteando el problema sucesorio. Los absolutistas moderados aliados con los liberales y sectores de la aristocracia partidaria de las reformas políticas y económicas apoyaron a la nueva reina, en quien veían la única posibilidad de cambio. Por otro lado los absolutistas intransigentes se alineaban con don Carlos. Fernando VII promulgaba el 29 de marzo de 1830 la Pragmática Sanción que eliminaba la Ley Sálica y restablecía la línea sucesoria de las Partidas. Significaba poner en vigor una decisión aprobada por las Cortes de 1789, lo que, si bien era legal desde el punto de vista jurídico, no dejaba de ser una medida polémica. Protestada por los carlistas como un atentado contra los derechos de infante don Carlos, se convirtió en un conflicto de primera magnitud cuando en octubre nace la infanta Isabel, convertida en heredera. En septiembre de 1832 se van a producir los sucesos de la Granja, cuando sucesivas intrigas palaciegas, ante el lecho del Rey agonizante, consiguen que Fernando firme la supresión de la Pragmática. Pero, sorprendentemente el Rey se restablece y vuelve a ponerla en vigor. Inmediatamente destituye a los principales ministros carlistas, defenestrando a Calomarde y sustituyéndole por Cea Bermúdez, al tiempo que la reina María Cristina es autorizada a presidir el Consejo de Ministros. Rápidamente de decreta la reapertura de la Universidades, cerradas desde 1830 por Calomarde, y se decreta una amnistía general, que libera a los presos políticos y permite la vuelta de los exiliados. Los capitanes generales más intransigentes fueron sustituidos por mandos fieles a Fernando VII y en abril Carlos abandona la Corte y se traslada a Portugal. Finalmente Fernando VII muere en septiembre de 1833, tras ella el Manifiesto de Abrantes provocará una Guerra Civil que no terminará hasta 1840.